La decisión de la promotora Martinsa-Fadesa de presentar la solicitud de suspensión de pagos -la más importante de la historia empresarial española, con una deuda superior a los 5.100 millones de euros-, desató ayer una fiebre vendedora en la Bolsa. El temor a que la crisis de esta inmobiliaria no sea sino el inicio de un auténtico carrusel de declaraciones de insolvencia entre las promotoras, además de los efectos que puede tener sobre las cuentas de resultados de las entidades financieras, generó ayer un duro castigo bursátil a ambos sectores.
Al cierre de la jornada, el índice Ibex 35 marcaba un nuevo mínimo anual al situarse en 11.1561,60 puntos, su referencia más baja desde el mes de junio de 2006, después de perder un 2,55% de su valor en comparación con el día anterior. Tan sólo el despliegue comprador de última hora -muchos inversores decidieron tomar posiciones al finalizar la sesión, a la búsqueda de 'gangas'-, permitió recomponer un poco la figura del mercado, que a mediodía rozaba las señales de pánico. En torno a las dos de la tarde las pérdidas se situaban en el 4% y el índice había roto el 'suelo' de los 11.000 puntos, considerado por algunos expertos como el borde del abismo.
Baja generalizada
Aunque en medio de la corriente bajista también resultaron afectados algunos valores industriales -en especial pequeñas empresas que despiertan recelos, en muchos casos infundados-, fueron las constructoras e inmobiliarias las que se llevaron los correctivos más serios. Así, Sacyr-Vallehermoso perdió el 8,37% de su valor; Ferrovial el 7,37%; Cintra el 4,22%; Acciona el 4,21%; ACS el 3,95% y FCC el 3,75%.
La suspensión de pagos de Matinsa-Fadesa tiene ya algunos damnificados directos, además de los propios clientes de la promotora que quizá soporten a partir de ahora retrasos importantes en la entrega de las viviendas comprometidas: las entidades financieras, que mantenían en su conjunto créditos por importe de 4.200 millones de euros con la sociedad presidida por Fernando Martín. Así, ya se conoce que Caja Madrid deberá aprovisionar -en el corto plazo supone considerarlo como pérdidas- un total de 250 millones de euros; La Caixa deberá haber lo propio por importe de 192 millones y Banco Popular, por 100 millones. Estas tres son las entidades financieras más afectadas por el descalabro financiero de Martinsa. Además de ese 'roto' en su cuenta de resultados -deberán considerar como pérdidas el 25% de los créditos concedidos a la sociedad-, tendrán que colocar la totalidad de las cantidades prestadas bajo el epígrafe de 'cobro dudoso', lo que va a 'afear' notablemente sus respectivos balances.
Daños en la banca
Ante ese panorama y el rebrote de la desconfianza en la robustez de los bancos, sus cotizaciones también se resintieron en una jornada realmente negativa. El Banco Popular, con su imagen claramente afectada por la crisis de Martinsa-Fadesa, perdió un 5,53% en su cotización, mientras que BBVA retrocedió el 2,97%; el Santander un 2,49% y el Sabadell el 2,17%.
A partir de ahora, la compañía deberá iniciar un proceso de reorganización que afectará a elementos claves de su negocio. Antes, sin embargo, habrá de esperar al nombramiento de los interventores judiciales, que serán los encargados de fiscalizar la actuación de los directivos de la sociedad, al tiempo que deberán colaborar para garantizar su funcionamiento. Uno de los retos que Martinsa tendrá que afrontar en su nueva situación será la finalización de las 25.000 viviendas que tiene en estos momentos en diferentes estadios de promoción. Algunas de ellas ni siquiera se han iniciado pero al menos 12.000 habían sido ya reservadas por compradores, que han entregado cantidades a cuenta. La empresa ha reconocido que la nueva situación puede generar molestias en sus clientes -previsiblemente retrasos en la entrega de las llaves-, aunque su voluntad es concluir las obras y cumplir los contratos.
Además de la renegociación de la deuda bancaria, tarea especialmente complicada, la promotora acometerá un plan de reducción de plantilla para recortar gastos. Esta era ya una medida anunciada antes de la suspensión de pagos que, según algunas fuentes, puede afectar a un tercio de los 880 trabajadores de la empresa.
