Constructores y promotores inmobiliarios lanzaron ayer una angustiada petición de ayuda al Gobierno y a las entidades bancarias para que adopten las políticas necesarias que permitan aliviar la situación del sector para evitar males mayores.
El G-14, el lobby de las grandes inmobiliarias -curiosamente liderado por Fernando Martín- hizo público ayer un comunicado en el que, directamente, pedía ayuda al Gobierno y a las entidades financieras ante los problemas de liquidez que imperan en el mercado.
Para este grupo de presión, es la restricción del crédito el principal causante de los problemas en el sector del ladrillo. El G-14 reclamó al Ejecutivo «medidas que atenúen este problema, con el fin de evitar un efecto encadenado y, por ende, mayores problemas para la economía, la productividad y el empleo en España».
Frente a las voces críticas que recuerdan el mucho dinero que han ganado las empresas del sector en los últimos años, las inmobiliarias subrayaron que han contribuido ellas solas a generar la quinta parte del crecimiento de la economía durante la última década, la cuarta parte de la inversión y uno de cada tres empleos.
«Asimismo, creemos conveniente recordar que el sector ha sido el primer contribuyente a las arcas públicas municipales, autonómicas y centrales, cuyos ingresos se han visto altamente beneficiados por esa actividad», concluyó el 'lobby'.
Desde agosto pasado
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote, anunció ayer que quiere pedir una reunión al Gobierno y a las entidades financieras para buscar soluciones a la crisis.
Chicote manifestó su «pesar» porque se trata de «una de las compañías más importantes del país» y explicó que no se trata de algo puntual sino de «un problema que subyace, porque no se venden pisos».
Desde agosto del año pasado «ya nada fue igual», explicó, porque la banca se quedó sin recursos, perdió la liquidez y encareció los costes», algo en lo que ha influido «la falta de ventas».
El presidente de los promotores pronosticó que el paro en septiembre en el sector será «galopante», e indicó que «no se trata de una amenaza sino de una consideración, porque «se construyen un tercio de las viviendas que se edificaban el año pasado».
La situación de Martinsa-Fadesa demuestra, añadió, que también las grandes inmobiliarias que realizan grandes operaciones corporativas de absorciones pueden tener el mismo problema que las pequeñas, que es la falta de liquidez.
También la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) reclamó al Ejecutivo que «dé la cara ante la situación de crisis y adopte las medidas necesarias para garantizar los ahorros a todos los afectados por la situación de Martinsa-Fadesa».
ADICAE señaló que la suspensión de pagos solicitada por Martinsa-Fadesa «no es más que una maniobra para ocultar las manipulaciones de capital que han tenido lugar en la empresa en los últimos años» e insistió en que defenderá a los afectados para que no se demore la entrega de las viviendas, ni derive en la pérdida del capital invertido por los compradores.
Asimismo, la asociación de usuarios de banca calificó de «escandalosa» la actuación de La Caixa y Caja Madrid por poner en peligro el dinero de sus impositores cooperando con el engaño», cuando son «entidades teóricamente benéfico-sociales».