concluir el proceso antes de septiembre
En la reunión que celebra hoy podría habilitar agosto para que la renovación del Poder Judicial no afecte al caso
Francisco José Hernando.
La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, que es la encargada de la demanda de ilegalización instada contra EHAK y ANV, se reúne hoy para organizar su agenda en relación con estos procedimientos y, entre las decisiones a tomar, podría habilitar el mes de agosto con el fin de poder concluir el proceso antes de septiembre. De este modo, se eliminarían las trabas que un eventual retraso en la resolución de este asunto podrían causar de cara a la inminente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La reunión de hoy se produce tras haber sido desconvocada la vista publica prevista inicialmente para ayer con el fin de escuchar, a petición de la defensa, a los parlamentarios europeos Heltmut Markow y Jens Holm y el miembro de la cámara de Flandes -en Bruselas- Jan Loones. Finalmente, esta parte ha renunciado a los testigos y el tribunal ha dado por finalizada la fase de prueba.
Tras la conclusión de esta etapa, los dieciséis magistrados que integran la Sala darán un plazo de 20 días a las partes para alegar sobre lo que consideren oportuno sobre la prueba practicada y finalmente deliberará para emitir su fallo, lo que se espera se produzca durante el mes de agosto.
Desde diferentes fuentes se ha apuntado la necesidad de que sea Francisco José Hernando, que preside la Sala del 61 -y el Tribunal Supremo y el CGPJ-, quien firme el fallo que determine la ilegalización o no de los partidos demandados, ya que lo contrario podría servir de argumento a ANV y EHAK para solicitar la nulidad del proceso frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.
Cambio de presidente
La renovación del Poder Judicial, cuyos vocales y presidente se encuentran en funciones desde hace más de un año y medio, supondrá también el cambio en la presidencia del Tribunal Supremo y, por tanto, de la composición de la Sala del 61 que debe pronunciarse sobre la demanda de ilegalización presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Las dos formaciones de la izquierda abertzale podrían alegar que quien preside el tribunal (el magistrado que sucediera a Hernando si se produce finalmente la renovación) no estuvo presente durante la realización de las pruebas relativas al caso.
El propio Hernando ya recordó la pasada semana que son los partidos políticos los que deben decidir sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces, al tiempo que expresó su deseo de que el acuerdo para ello llegue «cuanto antes, mejor».
