
Isabel Celaá hoy en rueda de prensa / Telepress
La encargada de la política lingüística del PSE, Isabel Celaá, ha pedido la modificación del polémico decreto que establece las obligaciones lingüísticas a las empresas, entidades, y establecimientos abiertos al público en sus relaciones con los consumidores.
Según ha señalado Celaá, el decreto, que obliga a las grandes empresas a ofrecer sus servicios tanto en euskera como en castellano, supone "un salto cualitativo que merecía haber sido objeto de consensos políticos", ya que interviene por primera vez en la actividad privada e impone obligaciones lingüísticas sancionables.
La dirigente socialista ha afirmado esta mañana, en rueda de prensa celebrada en Bilbao, que el PSE-EE no recurrirá el decreto ya que confía en llegar a un acuerdo con los responsables de la norma, -con los que ya ha mantenido alguna reunión- para introducir los cambios necesarios. Entre estos, la portavoz socialista ha manifestado la necesidad de " modificar la norma para eliminar las obligaciones, por ser obligaciones, y dejar que el sistema siga su evolución natural", y ha añadido que también hay que suprimir las sanciones genéricas previstas en el artículo 18 porque pueden tener un "alcance imprevisible".
"Al Gobierno se le ha ido de las manos el decreto porque ha intentado copiar la realidad catalana cuando Euskadi no es Cataluña", ha señalado Celaá, y ha agregado que no se pueden comparar dos realidades distintas porque cada sistema tiene sus propios ritmos.
"Euskadi no es Cataluña"
Para los socialistas vascos la pretensión del departamento vasco de educación de implantar el modelo lingüístico catalán no es posible por que ambas realidades no son comparables. Según Celaá el decreto es inaceptable“ porque ha intentado, aquí también, copiar la realidad catalana cuando Euskadi no es Cataluña”
"¿Cómo comparar el País Vasco, que cuenta con un 31% de bilingües con Cataluña, donde un 95% de la población se maneja con el catalán? o ¿cómo comparar el catalán, que se aprende en seis meses y se entiende sin aprenderlo, con el euskera, que le cuesta a un docente dos años adquirirlo?", ha reclamado.
Por otro lado, Celaá también ha manifestado, en referencia a la reforma de los modelos lingüísticos que ha anunciado para septiembre el departamento de Educación del Gobierno vasco, que "está dispuesta a pactar una nueva ley" siempre que se garantice que euskera y castellano sean las dos lenguas vehiculares de la enseñanza. "La política lingüística necesita un cambio de rumbo -ha señalado Celaá- que opte por un pluralismo lingüístico real, positivo y enriquecedor".