POLÍTICA LINGüÍSTICA
Creen que «la vía de la imposición no es la adecuada» y piden una reflexión sobre el desfase entre conocimiento y uso de la lengua vasca
Una mujer rellena un impreso en una oficina donde se atiende en euskera. / E. C.
El nuevo plan de normalización lingüística de la Administración pública, que exige utilizar el euskera en su trabajo a 2.000 funcionarios con perfil, ha reabierto la polémica desatada por el decreto sobre el uso de la lengua vasca en los comercios, si es que el debate suscitado apenas una semana atrás llegó a cerrarse en algún momento. Los partidos de la oposición al tripartito y los sindicatos UGT y CC OO criticaron ayer que el fomento del euskera en el ámbito laboral pase por «la vía de la obligatoriedad» en lugar de promover su uso a través de medidas no coercitivas. Tanto el PSE como el PP consideran que el Gobierno vasco debería reflexionar sobre el «problema» de base: mientras cada vez hay más empleados y ciudadanos que conocen el idioma, «su uso no crece en igual proporción».
Los socialistas vascos creen que los responsables de Política Lingüística deberían sacar conclusiones de esta paradoja. La parlamentaria Isabel Celaá no comparte «en modo alguno» que se promueva el uso de una lengua a través «de la imposición», aunque comprende que «si un funcionario ha accedido a un puesto de trabajo por su conocimiento del euskera, lo utilice». «Es razonable, pero no creemos que las medidas coercitivas deriven en nada medianamente eficiente. El hecho de que haya que obligar a hablar euskera debería hacer reflexionar» al tripartito, apuntó la responsable socialista.
Para el PP, el desequilibrio entre el conocimiento y el uso de la lengua vasca es consecuencia evidente de una «política errónea» de imposición que genera rechazo «incluso entre quienes la conocen y la usan». «Los funcionarios tienen en determinados casos la obligación de hablar euskera, pero no se puede forzar a que una de las dos lenguas oficiales de la comunidad sea convertida en la lengua de trabajo de la Administración», apuntó el parlamentario Iñaki Oyarzábal, quien anunció que su grupo pedirá la comparecencia parlamentaria de Patxi Baztarrika.
Dimisiones
Los sindicatos UGT y CC OO, por su parte, creen que este tipo de medidas deberían aplicarse con un «amplio consenso» y, sobre todo, ajustadas al «contexto real» del nivel de utilización del euskera por parte de los ciudadanos. Para UGT, el plan representa «un paso más en la instrumentalización» de esta lengua que «sólo va a conseguir desmotivar a los trabajadores que ya la utilizábamos habitualmente».
A juicio de la secretaria de acción sindical de la Federación de servicios públicos, Susana Cejudo, estas «políticas de ordeno y mando» son «el mayor daño que se le puede hacer a la normalización lingüística». Y consideró razonable, que en «coherencia» con lo que promulga el tripartito, «los altos cargos de la Administración vasca que no sean capaces de mantener una conversación fluida en euskera, deberían dimitir».
CC OO interpretó el decreto como un reconocimiento implícito del fracaso de una «mala política lingüística» que, pese a disponer de una dotación económica «ingente», ha cosechado «escasos resultados». Ángel Madrazo, secretario general de la Federación de servicios y administraciones públicas, se mostró convencido de que las acciones de fomento del euskera no pueden adoptarse «a golpe de decreto», sino que deben aplicarse en función de un «consenso amplio» que tenga en cuenta la «pluralidad de la sociedad vasca» y sin caer en una utilización «partidista» de la lengua. «Echamos en falta un debate más apegado al terreno de la realidad con los agentes sociales implicados», apuntó.
