CASO DE CORRUPCIÓN EN LA HACIENDA DE IRÚN
José María Bravo, presunto cerebro del caso de la Haciendade Irún, no ha prestado aún declaración
José María Bravo
Lleva 364 días ininterrumpidos sin salir de prisión. Mañana cumplirá un año entre rejas. El 11 de julio de 2007 José María Bravo tenía una cita con la juez Almudena Ovejero. Fue puntual, llegó al Palacio de Justicia de Irún acompañado de su abogado, Jesús Urraza. Acudió cinco minutos antes de la hora prevista.
Había sumo interés, una gran expectación, en conocer las explicaciones que podría ofrecer a las graves imputaciones que recaían sobre él. Tras una investigación dirigida por la Fiscalía, Bravo se desvelaba como el presunto cerebro de una trama que, al menos durante nueve años, desvió supuestamente parte del dinero de contribuyentes guipuzcoanos a cuentas personales o entidades mercantiles. Se estima que el inculpado se habría apropiado de cerca de dos millones de euros.
Pero aquella mañana de hace un año, ante la instructora, Bravo se negó a declarar. El fiscal solicitó su ingreso en prisión. No era la primera vez que el imputado pisaba la cárcel. Con anterioridad ya lo había hecho el 18 de mayo de 2007 tras ser detenido. Sin embargo, Bravo permaneció en Martutene hasta el 12 de junio, en que quedó en libertad tras pagar una fianza de 400.000 euros.
Desde su vuelta a la cárcel, el letrado del ex director de la oficina tributaria de Irún ha solicitado la puesta en libertad de su cliente hasta en tres ocasiones. En todas ellas, la autoridad judicial ha desestimado su demanda.
Durante este tiempo, la instrucción del caso ha ido avanzando hasta el punto de que la Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa considera que el «nudo gordiano» de la investigación sobre el presunto fraude está ya suficientemente esclarecido y que si por ellos fuera, ya sólo restaría formular el correspondiente escrito de imputación.
Pruebas suficientes
El ministerio público reitera, como lo hizo hace unos meses, que después de la investigación llevada a cabo por agentes de la Ertzaintza en colaboración con técnicos de Hacienda, existen elementos de prueba suficientes como para imputar, cuando menos a algunos de los acusados, los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad que, bajo su parecer, se habrían cometido en la oficina de la Hacienda de Irún. Cabe recordar que junto a Bravo se hallan también imputados su esposa, Rosa Cobos, Pedro María Atristain, que fuera socio de José María Bravo, y la también funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea.
La acusación fiscal considera que, en el momento actual, el núcleo principal de la presunta trama defraudatoria se halla esclarecido en gran medida, después de todas las diligencias que se han practicado, por lo que entiende que bastarían sólo unas semanas para que pudiese incluso presentar la solicitud de las penas para los inculpados.
Informe pericial
Está pendiente, sin embargo, una prueba pericial para determinar el destino del dinero que los contribuyentes entregaron a Bravo y, de forma especial, para acreditar que esas cantidades no fueron ingresadas en las arcas de Hacienda.
Técnicos de la institución foral ya determinaron que estas sumas jamás se incorporaron a las cuentas forales, si bien ahora se pretende que sea un organismo ajeno a la Diputación quien investigue el destino del dinero. Fuentes del caso consideran «fundamental» la realización de esta diligencia, toda vez que permitirá demostrar la presunta actividad ilícita del imputado. La prueba ha sido encargada en un principio a la Agencia Tributaria Estatal, aunque desde la representación legal de las Juntas Generales de Guipúzcoa se ha pedido que la practique el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
