GENERAL
Una representación del colectivo en defensa del castellano fue recibida
ayer en Estrasburgo por una treintena de representantes del PEE
09.07.08 -
Una delegación de la plataforma para la libertad de elección lingüística en Euskadi viajó ayer a la sede del Parlamento europeo de Estrasburgo con el fin de exponer la situación creada por las nuevas normativas del Gobierno vasco, que suprimen los diferentes modelos lingüísticos para sustituirlos por el euskera como lengua vehicular básica.
Susana Marqués, que presidía la delegación, intervino ante una treintena de eurodiputados del PPE (Partido Popular Europeo), a los que expuso la situación creada. «¿Se imaginan ustedes -dijo-, que una familia francesa residente en Baiona no pudiera escolarizar a sus hijos en francés y que tuvieran que aprender su propia lengua como si fuera un idioma extranjero más? Pues eso es lo que está ocurriendo en Euskadi y la situación puede agravarse a partir del próximo curso porque, según el decreto de currículum vasco, todo alumno que venga de fuera -no sólo de otra región española sino también de Europa- estará obligado a estudiar en euskera si va a permanecer más de un curso».
Los miembros de la plataforma, entre los que se encontraban Pablo Gay-Pobes, Manuel Uriarte y Eva Díaz, resaltaron la falta de consenso de los partidos políticos ante la reforma de modelos lingüísticos que quiere llevar a cabo el Gobierno vasco y el decreto de currículum aprobado por Educación, en el que se establece el euskera como principal lengua vehicular. El colectivo de padres a favor del castellano expuso que la normativa es contraria al derecho a escolarizar a los hijos en la lengua materna, tal y como aparece reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención y Declaración de los Derechos del Niño. Supone además, según manifestó Susana Marqués, «una violación manifiesta del principio de libre circulación de personas, porque el idioma se convierte en una barrera infranqueable para todo aquel que deba venir a Euskadi por razones de trabajo».
El vicepresidente del PPE, Jaime Mayor Oreja, expresó el apoyo del grupo parlamentario a la plataforma y juzgó el decreto del Ejecutivo autónomo como «uno de los temas más sangrantes de la ofensiva nacionalista que está en marcha desde hace tiempo, en un punto especialmente sensible, que es un disparate para el futuro de generaciones de vascos». El dirigente popular dijo estar dispuesto «a trabajar para que las instituciones europeas tomen conciencia del problema».
