por errores en la identificación de los fallecidos
08.07.08 - 20:35 -
Autoridades turcas investigan en la zona donde se estrelló el Yak-42, cuando volvía de una misión en Afganistán, en 2003./ ARCHIVO
¿Quién dio la orden de acelerar las identificaciones de los cadáveres?
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dictado la apertura del juicio oral de la causa sobre la identificación de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía, en 2003, y ha fijado una fianza de dos millones de euros para los tres mandos militares imputados.
El magistrado acuerdo, en el auto publicado hoy, abrir juicio oral contra el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por dos delitos de falsificación documental, a quienes requiere la fianza mencionada en un plazo de veinticuatro horas para asegurar así las responsabilidades civiles por los daños morales ocasionados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional declara órgano competente "para el conocimiento y fallo" de esta causa a la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal, que deberá fijar la fecha del juicio y celebrarlo.
Solicitan entre 3 y 5 años de cárcel e indemnizaciones
El pasado 29 de mayo la Fiscalía presentó su escrito de acusación en el que solicita penas de entre 4 años y medio y 5 años de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en el accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
En concreto, el teniente fiscal Fernando Burgos pide 5 años de cárcel para Navarro y 4 años y medio para Ramírez y Sáez por dos delitos de falsificación de documentos oficiales, así como una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno: de 60.000 euros y 5 años para el primero y de 24.000 euros y 4 años para los otros dos.
Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.
Otra causa abierta por las contrataciones
El teniente fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar, mientras que a Ramírez y a Sáez les responsabiliza de hacer un informe de necropsia de forma aleatoria. Por su parte, las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa y ejercidas por los familiares de los militares fallecidos solicitan penas de entre 3 y 6 años de cárcel para los tres acusados.
Marlaska reabrió esta causa el pasado 29 de abril -la había archivado el 22 de noviembre del año pasado-, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente".
El magistrado también investiga la causa sobre las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 en la que ha imputado un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares. Se trata de los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá; y jefe del EMACON, Juan Luis Ibarreta; y de los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas; Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
