SEGÚN UN INFORME
Entre enero y junio se han solicitado un millar de procesos concursales en los juzgados españoles
La crisis económica comienza a dejar su huella en las estadísticas y en especial en el número de empresas que no han podido superar la situación y se han declarado en situación de suspensión de pagos. Según un informe que hizo público ayer la firma PWC -PricewwaterhouseCoopers-, en los seis primeros meses del año se ha duplicado el número de procedimientos concursales iniciados en los juzgados españoles, en comparación con el mismo periodo de 2007.
En el periodo de enero a junio de este año, los juzgados han recibido un total de 992 solicitudes de procedimiento concursal, lo que supone un incremento del 117% respecto al primer semestre de 2007.
Los sectores inmobiliario y de construcción concentran el 51% de estos 'siniestros' empresariales, como consecuencia del efecto combinado de dos factores que se han agudizado en estos meses: el retroceso de ventas de pisos y el endurecimiento del crédito bancario a las propias empresas. Estos dos sectores han tomado el relevo a los de automoción, alimentación y textil, que habían concentrado la mayor parte de los procedimientos abiertos entre enero y junio de 2007.
La distribución geográfica también está muy vinculada con aquellos lugares en los que la crisis inmobiliaria se ha revelado como más fuerte y que, en términos generales, están directamente relacionados con el mercado de la segunda vivienda. Así, el 44% de las suspensiones de pagos del pasado semestre se concentraron en las regiones del Mediterráneo, mientras que el centro y la zona sur han sido las menos afectadas.
Atasco en los juzgados
El informe de PWC refleja también que la nueva Ley Concursal no ha conseguido algunos de los objetivos que se propuso el legislador con la última reforma, en especial la de reducir el tiempo que se consume en la consecución de los convenios de acreedores. La firma también destaca que el 'colapso' que se está produciendo en los juzgados por falta de medios para atender una avalancha de casos, puede provocar el 'fallecimiento' de muchas empresas que, con una actuación más ágil, pudieran haber encontrado una solución a su continuidad.
El aumento de procedimientos concursales instados por particulares -una innovación introducida en la reforma legislativa- es también evidente, como consecuencia de las dificultades que atraviesan muchas economías familiares ante la escalada de los tipos de interés. En el primer semestre del año, el 16% de las suspensiones de pagos proceden ya de particulares.
