04.07.08 -
El Ayuntamiento contará después del verano con un grupo específico de cuatro o cinco personas que se dedicarán a hacer seguimiento de los convenios de inserción, una herramienta que pretende buscar salidas laborales y evitar que las ayudas sociales se hagan crónicas. Ahora son voluntarios, pero «con la ley que prepara el Gobierno vasco, los beneficiarios tendrán la obligación de firmarlos y si no se suspenderá la renta básica», explica Ricardo Barkala.
El concejal distingue claramente tres grupos de personas entre los más de 11.000 hogares bilbaínos que cuentan con la renta básica para llegar a fin de mes. Alrededor del 30% son pensionistas que necesitan un complemento para alcanzar unos ingresos mínimos. Otro 20% tienen problemas de dependencia de drogas y alcohol que hacen tremendamente difícil su integración social. Pero hay un tercer grupo de beneficiarios -«entre el 30 y el 40%»- que está «en edad y en condiciones de trabajar» y puede salir del círculo por sus propios medios.
En ellos se centrarán los esfuerzos para que, a través de los convenios de inserción, adquieran compromisos formativos y de búsqueda de empleo que les permitan darse de baja voluntariamente en el listado que manejan los servicios sociales.
