04.07.08 -
A veces es un coche ostentoso lo que llama la atención de los vecinos, o el trasiego de personas en un piso cuyo propietario, supuestamente, no tiene bastante para pagar su propio alquiler. La casuística del fraude es muy variada y los trabajadores sociales han desarrollado el olfato. Uno de los últimos casos que han salido a la luz es el de una pareja que parecía cumplir todos los requisitos. Los dos estaban empadronados en Bilbao y sus ingresos estaban por debajo del límite establecido.
Habían dejado teléfonos de contacto -móviles- pero era difícil verlos a pie de calle. Los servicios sociales decidieron llamarlos «por separado» y descubrieron que llevaban tiempo viviendo en Galicia. «En la gestión del padrón hay un agujero», reconoce Ricardo Barkala. «Hay que hilar más fino con los certificados de convivencia».
El Ayuntamiento se ha planteado contratar a detectives privados para el control del fraude, pero de momento está trabajando con «recursos propios» y la colaboración de la Policía Municipal. En las situaciones más flagrantes se meten en casa a horas imprevistas y se fijan en cuánta gente se ha sentado a la mesa, cómo están de llenos los armarios... otra vía para descubrir irregularidades es la atención a los menores que están en situación de riesgo y las visitas a sus familias.
Con las ayudas de emergencia se dan otras situaciones. Personas que piden dinero para comprar un frigorífico o un aparato a su hijo y luego lo utilizan para otra cosa. Hay que solicitarlas año tras año y «si no se justifican los gastos, no se conceden más», dice Barkala. Lo peor es cuando los beneficiarios no sólo mienten, sino que se enriquecen con arrendamientos en el mercado negro. «Estamos detrás de algún piso patera».
