'IMPUESTO REVOLUCIONARIO'
El juez Baltasar Garzón sale de la Audiencia Nacional./ E. C.
Los servicios de Información de la Guardia Civil, siguiendo órdenes del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, investigan a otros tres empresarios vascos por pagos a ETA durante finales de 2007 y los primeros meses de 2008, además de a los dos que ya han sido interrogados durante esta semana. Según informaron mandos de la lucha antiterrorista, los nombres de estos tres nuevos industriales aparecieron en la documentación en soporte papel encontrada el pasado mayo en el piso de Burdeos donde fue detenido el supuesto jefe del 'aparato político' de la banda terrorista, Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. En esos mismos papeles aparecieron las identidades de los cuatro empresarios detenidos durante el último mes -las hermanas Bruño, que permanecen encarceladas, y José Antonio Jainaga y Jesús Guibert, interrogados los pasados martes y miércoles- .
Las cartas de reclamación del denominado 'impuesto revolucionario' a esos siete empresarios son, por el momento, la única documentación «útil» que las fuerzas de Seguridad han recibido de manos de las autoridades francesas tras la redada de Burdeos. Los servicios antiterroristas galos, explicaron estas mismas fuentes, todavía no han enviado a Madrid el contenido de los ordenadores incautados en la vivienda en la que vivían 'Thierry' y tres de sus más cercanos colaboradores.
Los expertos franceses no han logrado aún descifrar las claves para acceder a la totalidad de la información que hay en los portátiles. En esos ordenadores, sospechan los investigadores españoles, podría estar buena parte de las cuentas de 'Gezi', el 'aparato de extorsión' de la banda terrorista que, hasta el golpe policial de Burdeos, dependía de López Peña. Sin embargo, 'Thierry' blindó esa información con un sistema de bloqueo automático cuando los ordenadores permanecían inactivos, lo que provoca que los archivos se cierren de inmediato sin posibilidad de hacer copias.
A la espera de los datos informáticos, la Guardia Civil trabaja con las fotocopias de las cartas que el dirigente etarra estaba a punto de enviar cuando fue capturado. Estos documentos llegaron a España la primera semana de junio, apenas quince días después de la caída de la cúpula terrorista.
La primera, amistosa
La primera de esas misivas -amistosa, según el juez Baltasar Garzón- es la que llevó al pasado 12 de junio a la cárcel a las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, empresarias guipuzcoanas acusadas de haber financiado de manera voluntaria a la banda, al parecer con la aportación de 6.000 euros. Ésta es, a falta de otras pruebas, la única carta «amistosa» que se encuentra en poder de las autoridades judiciales españolas.
Las otras cinco cartas son «recordatorios coactivos» a «empresarios-víctimas», según fuentes de la investigación consultadas por este periódico. La misiva remitida al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, detenido el pasado martes en Bilbao durante cerca de trece horas, le exige satisfacer una «deuda» (en terminología etarra) de 60.000 euros. Aunque el texto iba dirigido a este empresario, en él los etarras hablaban de la empresa Sidenor como la pagadora. La Guardia Civil investiga si esta firma siderúrgica había abonado ya otros 90.000 euros en el pasado, tal y como se asegura en la carta.
El caso de Jesús Guibert, arrestado el miércoles, es casi idéntico. La banda le iba a coaccionar de nuevo en breve para que pagara 40.000 euros, después de que supuestamente hubiera entregado otra cantidad que rondaría los 50.000 euros. Como se recordará, Jesús Guibert fue secuestrado en 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas durante un período de 17 días, en los que permaneció recluido en una cueva de pequeñas dimensiones. Su familia tuvo que hacer frente a un rescate de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), cuyo cobro y posterior reparto desencadenó fuertes tensiones internas en el grupo terrorista que le había retenido.
A pesar de que las coacciones a ambos empresarios han sido probadas en la investigación, el juez de la Audiencia Nacional tiene la intención de citarles como imputados en un futuro inmediato, aunque fuentes judiciales apuntan a que este hecho es un mero «formalismo judicial», ya que si no aparecen nuevas evidencias no está previsto seguir adelante con las acusaciones de allegamiento de fondos a banda terrorista contra ambos.
«Mayor tacto»
La formas empleadas durante la detención tanto de Jainaga como del octogenario Guibert y la «falta de discreción» de la Guardia Civil a la hora de preservar la identidad de ambos han levantado ampollas entre algunos responsables de la lucha antiterrorista, que han demandado «mayor tacto» para el resto de empresarios cuyos nombres han aparecido en la investigación sobre el 'impuesto revolucionario'. En este sentido, han sido los propios industriales vascos, a través de sus diferentes asociaciones patronales las que han pedido a las fuerzas de seguridad que no hagan públicos los nombres de quienes sean interrogados en el curso de las investigaciones que realiza el juez Baltasar Garzón sobre el pago del denominado 'impuesto revolucionario'.
