El decreto aprobado por el Gobierno vasco que obligará a rotular y atender en euskera a las empresas de comunicaciones, transportes y servicios y a los grandes establecimientos y cadenas comerciales que operan en Euskadi afectará al 6,5% de las firmas del sector de la distribución, unos 2.000 negocios que aglutinan casi la mitad de la superficie total de venta de la comunidad: el 45%. Desde su entrada en vigor en los próximos días, estas compañías tendrán entre dos y cuatro años para adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa, un cometido para el que el Ejecutivo habilitará una línea de ayudas de 600.000 euros anuales al menos durante cuatro ejercicios. Las infracciones estarán sujetas a penalización, pero prueba de que «la voluntad no es multar», según sus promotores, es que el texto no recoge una tabla específica de sanciones. En su lugar, remite a las previstas en la Ley del Estatuto del Consumidor, donde tampoco se recogen de forma concreta cuáles serán las multas por no colocar carteles en euskera o no dar facturas en esta lengua, por ejemplo.

El Gobierno vasco explicó ayer con un apreciable lujo de detalles el contenido de su última actuación en materia lingüística: el decreto aprobado el martes que obligará a las empresas de sectores estratégicos, así como a los grandes establecimientos y cadenas, a rotular y atender en euskera a sus clientes en un plazo no superior a cuatro años. Sabedores de la polémica que ha comenzado a generar la disposición en algunos círculos -PSE y PP la rechazaron de plano-, los viceconsejeros de Política Lingüística y Comercio trataron de lanzar a la opinión pública un mensaje «tranquilizador» basado en tres reflexiones: la normativa «no va en contra del castellano», sino que pretende normalizar el uso del euskera; es «realista» y «con los pies en el suelo», motivo por el que se ha excluido a todo el pequeño comercio; y, en tercer lugar, será «progresiva, flexible y pragmática».

Como hizo el martes la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, los viceconsejeros Patxi Baztarrika (Política Lingüística) y Rodrigo García (Comercio) trataron de quitar hierro al decreto, que llega en un momento delicado al estar precedido por la propuesta de eliminación del castellano en la Educación y de otras polémicas por el grado de exigencia del euskera para acceder a puestos públicos, por ejemplo, en la Sanidad vasca. En este escenario, afirmaron que el texto sólo pretende «garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores», pero admitieron que es un paso de trascendencia en la regulación de los usos sociales del euskera, sobre todo porque aborda «por primera vez» la presencia del idioma en el sector privado. «Es un paso cualitativo», dijo Baztarrika, aunque apostilló que muchas de las grandes empresas ya han avanzado por sí mismas en este ámbito.

El viceconsejero de Política Lingüística insistió en que se trata de una normativa «pragmática y flexible». Pragmática, porque «parte de la realidad social» y flexible porque no pretende «dar un gran salto, sino ir paso a paso». En este sentido, enfatizó que la Administración ha renunciado a apretar el acelerador en el caso del pequeño comercio y que se ha centrado, de forma exclusiva, en las grandes empresas de sectores estratégicos. «Ya sabemos que a unos les parece demasiado estricta y a otros, insuficiente», se resignó.

Sello de calidad

El decreto afectará de forma general a las firmas de telefonía y comunicaciones, de transporte aéreo, por ferrocarril o por carretera y de suministros básicos como combustibles y gas, que deberán modificar sus costumbres para imprimir toda la documentación en ambas lenguas y dar los avisos por megafonía siempre en euskera y castellano. En el caso del comercio, será de aplicación en las grandes cadenas, los establecimientos de más de 400 metros cuadrados y las tiendas con más de 15 empleados de atención directa al público, que deberán garantizar la atención en euskera a quien lo solicite, aunqueno marca cómo ni establece cuotas de euskaldunes. Será de cumplimiento también, con mayor o menor exigencia, para los hoteles, cajas y bancos, centros comerciales e inmobiliarias. Salvo algunas excepciones, se prevé que la obligatoriedad sea mayor en las capitales y en los municipios con más de un 33% de población bilingüe.

En todo caso, las compañías privadas tendrán de 2 a 4 años para adaptarse a la norma -el plazo será de un año para las públicas- y la puesta en marcha de un régimen sancionador, de momento, ni se contempla. «No pensamos en multas», dijo Baztarrika, «ni habrá una 'policía lingüística' que controle su cumplimiento. El decreto tiene el apoyo del sector y confiamos en que va a ser asumido. Si hay incumplimientos, es que se trata de un mal decreto», apuntó. Las empresas que cumplan recibirán un certificado de calidad, un sello que asociar a su imagen.