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Política

lucha antiterrorista

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado la operación en el domicilio de Jesús Guibert Azkue, de 81 años
02.07.08 - 15:00 -

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Registrado por presunto pago a ETA, el domicilio de un empresario guipuzcoano secuestrado hace 25 años
Jesús Guibert, poco después de ser secuestrado por ETA en 1983. / Archivo.
El registro del domicilio del empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue, ordenado hoy por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con el presunto pago a ETA del llamado "impuesto revolucionario" ya ha finalizado, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista.
Según estas fuentes, los agentes que han participado en el registro de la vivienda de Guibert, de 81 años, situada en una céntrica calle de San Sebastián, buscaban las cartas en las que presuntamente la banda terrorista habría reclamado a este empresario el pago del "impuesto revolucionario". Guibert, que se encuentra en libertad, fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA y fue liberado diecisiete días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.
El registro de hoy se produce veinticuatro horas después de otro en el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga. Ambos registros están relacionados con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, 'Thierry', detenido en la localidad vascofrancesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.
Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han señalado que "muy posiblemente" y "a la vista de los atestados policiales" Garzón citará en los próximos días a Jainaga y a Azkue para tomarles declaración como imputados. Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.
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