Aseguró Juan José Ibarretxe desde la tribuna, con tono enfático, que la jornada de ayer quedará «grabada para siempre» en su corazón porque pocas veces un logro político le ha llenado de tanto «orgullo». Pero lo cierto es que el pleno que los nacionalistas anunciaban como «histórico» para Euskadi al abrir la puerta a la participación ciudadana, al ejercicio del derecho a decidir e incluso al desistimiento de ETA por imperativo popular devino en una sesión gris, tediosa y sin novedades significativas, que sólo sirvió para certificar la profunda brecha que la consulta del lehendakari ha abierto entre nacionalistas y no nacionalistas.
El desarrollo del debate se ajustó como un guante al guión que había escrito con anterioridad el único grupo de la Cámara incapaz de condenar la violencia etarra, decidido con su apoyo envenenado -tanto que intervino en el turno en contra del proyecto de ley- a colocar al jefe del Ejecutivo vasco y a su partido, el PNV, en una tesitura incómoda: la de tener que plegarse a la legalidad vigente, al forzar la aprobación del plebiscito anunciado para el próximo 25 de octubre pese a que sus propios promotores son perfectamente conscientes de que nunca llegará a celebrarse.
Igual que en diciembre de 2004 de la mano de Arnaldo Otegi, el voto prestado de la parlamentaria de EHAK Karmele Berasategi -sus siete compañeros de grupo se abstuvieron y una octava, de baja maternal, no acudió- dio vía libre a los planes del lehendakari que, como quedó patente en los discursos de los portavoces, han ahondado la sima abierta entre el tripartito y Aralar, por un lado, y socialistas y populares, por otro, con el mundo de ETA y Batasuna como árbitro de la escena. Los partidos de la oposición lo vieron claro. Si el PSE acusó a Ibarretxe de hacer precisamente lo que echa en cara a los demás al ceder a la banda terrorista no sólo el interruptor de la política vasca, sino «la central eléctrica entera», el PP recalcó que son los propios etarras los que han dado «la orden» de dejar avanzar el proyecto hacia el muro legal que le espera.
No hubo sorpresas, ni siquiera avances de los pasos que puedan dar en el futuro inmediato las fuerzas del Gobierno vasco, que se endosaron la «responsabilidad» de gestionar a partir de ahora el escenario de choque de soberanías que buscaban desde que el jefe del Ejecutivo de Vitoria hizo pública su 'hoja de ruta' en septiembre del año pasado. Ocho meses después, la Cámara dio luz verde a la ley de convocatoria y regulación de la consulta y ratificó, al mismo tiempo, el escenario con el que PNV, EA y Ezker Batua trabajaban desde hace meses: un clima de confrontación institucional entre los gobiernos central y vasco y de máxima tensión política en Euskadi, que sirva de preludio a unos comicios autonómicos planteados como una disyuntiva entre dos bloques enfrentados y con el victimismo como bandera electoral, al estilo de la estrategia que el lehendakari Ibarretxe ya ensayó con notables resultados en 2001 frente al tándem Mayor Oreja-Nicolás Redondo.
No en vano, el inquilino de Ajuria Enea se presentó ayer a sí mismo como un gobernante acallado por una democracia «débil y enferma» -la española- frente a su «moderna e innovadora» iniciativa de dar la palabra al pueblo, mientras sus rivales en las urnas le acusaron de «dividir y despreciar» a los ciudadanos cuya opinión dice querer pulsar.
Más allá de dar carpetazo definitivo a las mínimas dudas que albergaba el tripartito sobre el calendario político de los próximos meses -muchos de sus funcionarios tenían aún sus fechas de vacaciones en el aire a la espera de acontecimientos-, el pleno de ayer sirvió únicamente para marcar el primer mojón de la estrategia preelectoral del presidente vasco y, como tal, fue seguido con cierto aire aburrido por la nutrida representación de cargos públicos e internos que el PNV sentó en la tribuna de invitados y desplazado en las conversaciones de pasillo por el pase de la selección española a la final de la Eurocopa. «Ya está todo el pescado vendido», comentaban los dirigentes que se acercaron a Vitoria. Algunos, como el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ni siquiera aplaudieron al término de la primera intervención de Ibarretxe, una compilación de su argumentario habitual que evitó cuidadosamente desvelar sus próximos movimientos en la partida de ajedrez que pretende jugar con la Administración central.
Puerta abierta
El discurso de las fuerzas que apoyan la consulta frente a la paralización automática de la iniciativa que provocará el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo socialista y su más que probable prohibición definitiva posterior se limitó a dibujar una puerta abierta «para siempre», la del derecho a decidir, que ya no volverá a cerrarse, según dijeron. Cada uno puso el acento en los matices que le permiten marcar perfil propio: el PNV, en el reconocimiento de Euskadi como «sujeto político»; EA, en sus ansias independentistas; y EB, en las bondades de la democracia participativa como vía para resolver no sólo el conflicto vasco, sino controversias tan diversas como las medioambientales o el debate sobre la eutanasia.
De hecho, el lehendakari advirtió a PSOE y PP de que sus intentos de «impedir» que la sociedad vasca recorra ese camino no sólo hacen un «flaco favor» a la democracia, sino que son «en vano». «La puerta para que el pueblo vasco decida su futuro está abierta para siempre y nadie logrará cerrarla», enfatizó, sin más precisiones, aunque se da por segura la defensa jurídica, también en órganos comunitarios como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y las iniciativas de protesta con un intenso calendario de movilizaciones en otoño.
La «serenidad» de la sociedad vasca frente a una clase política «nerviosa» fue otra de las bases del discurso de un lehendakari precisamente más inquieto y gesticulante de lo habitual, que no dejó de comentar la jugada con su 'número dos', Idoia Zenarruzabeitia, sentada a su lado. Incluso, emplazó a la izquierda radical a «dejarse de vainas» -una expresión poco habitual en él- por el inventario de agravios en que convirtió su discurso, demoledor contra el PNV. Pese a apuntalar en la práctica su proyecto, le acusó de perseguir únicamente «la poltrona», impedir la posible independencia de Euskadi y fomentar la «partición» al no tener en cuenta a Navarra e Iparralde.