Los propietarios de las 14 viviendas unifamiliares del barrio de Santa Ana afectados por los derribos derivados de la construcción de los nuevos accesos a Bilbao desde la A-8 por Basurto-San Mamés serán realojados en casas adosadas, de similar tipología y superficie a las que poseen en la actualidad, que construirá el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, según informó el Ayuntamiento bilbaíno.
El área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao ha redactado el convenio urbanístico sobre la base del principio de acuerdo expropiatorio alcanzado entre la Diputación Foral de Vizcaya y los vecinos del Barrio de Santa Ana afectados por los derribos necesarios para la construcción de los nuevos accesos por Basurto-San Mamés. Las 14 viviendas afectadas corresponden a los números 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61 y 63 del barrio de Santa Ana y los propietarios afectados han acordado con la Diputación su realojo en viviendas adosadas, similares a las que ocupan en la actualidad.
El convenio, aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao celebrada el pasado 7 de mayo, recoge que la Diputación ejecutará los accesos a Bilbao desde la A-8 por Basurto-San Mamés, con la menor afección posible al entorno. Asimismo, según este convenio, el Ayuntamiento de Bilbao aprobará una modificación del planeamiento urbanístico en la zona -barrio de Santa Ana y antiguos terrenos de la Fábrica Krugg- para posibilitar la construcción de viviendas de VPO y otras 14 viviendas adosadas, lo más cerca posible del barrio de Santa Ana, que servirán para sustituir a las viviendas que serán derribadas.
Viviendas protegidas
Por otro lado, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales se encargará de la gestión urbanística y de la construcción tanto de las viviendas protegidas como de las viviendas destinadas a los realojos. Las viviendas de realojo serán transmitidas al vecindario afectado por las expropiaciones.
El convenio ha sido acordado tras mantener múltiples contactos entre los vecinos y las tres Administraciones Públicas implicadas, como son Diputación Foral, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao. Tras su aprobación inicial, el convenio quedará expuesto al público durante 20 días. Además, se entregará a todas las partes implicadas, para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas, antes de su aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Bilbao.