El Correo Digital

El PSE censuró ayer que el Departamento de Educación adjudique a la asociación de ikastolas de Vizcaya, Bizkaiko Ikastolen Elkartea (BIE), la gestión de la prueba piloto que harán a alumnos vascos para conocer su nivel de conocimientos, ya que considera que se convertirán en «juez y parte» de este proceso de evaluación. «Los socialistas vascos no prejuzgamos la calidad técnica de las ikastolas, estamos contentos de que sean parte del sistema educativo vasco, pero siendo parte no pueden al mismo tiempo ser jueces. No es ético», señaló Isabel Celaá, responsable de Políticas Sociales y Sectoriales del PSE-EE.

El Departamento de Educación encargó el trabajo a la cooperativa BIE, en un concurso público en el que se presentaron otras dos firmas, una estatal y otra del País Vasco. Debían gestionar la prueba piloto que harán a alumnos de cuarto de Primaria y segundo de Secundaria de 40 colegios, previa al examen que la Ley Orgánica de Educación (LOE) obliga a llevar a cabo en todos los centros el próximo curso. El Instituto Vasco de Evaluación, responsable de estos diagnósticos, fija las preguntas y los técnicos de BIE hacen los exámenes a los escolares y los corrigen. Los socialistas se preguntan «por qué no son los berritzegunes» -centros de apoyo pedagógico de la red pública- «o el propio IVEI» los que completan todo el proceso «sin tener que recurrir a una empresa externa», en este caso la cooperativa BIE.

Celaá recordó que las ikastolas también «se encargaron de hacer el currículum vasco». «El sistema público de la educación vasca se agota día a día en manos de EA. El Gobierno vasco no sabe que hacer, y se lo entrega a las ikastolas para que lo dirijan», señaló. El PSE presentará una pregunta parlamentaria para que el consejero explique «el papel concreto de las ikastolas en el proceso de evaluación» y «cómo garantizará la neutralidad y la discrecionalidad de los datos».

Por su parte, el PP coincidió en que la consejería está «entregando el control del sistema educativo a las ikastolas». «Hay un claro favoritismo», dijo el parlamentario Iñaki Oyarzabal. Calificó de «escándalo» que el Gobierno vasco adjudique a la agrupación de ikastolas de Vizcaya la realización de los exámenes a los alumnos de los centros de enseñanza, porque esta entidad es «parte interesada».

Departamento

Por su parte, el Departamento de Educación señaló ayer a través de una nota que BIE es una «empresa de servicios pedagógicos» con «pleno derecho» a presentarse a un concurso público. Recalca que el encargo no se ha hecho a la federación de ikastolas sino a la cooperativa que integra a los centros concertados en Vizcaya. Esta agrupación, en todo caso, pertenece a la federación vasca. La consejería aclara que el personal de la firma adjudicataria que aplica los exámenes «corrige sólo las 'preguntas abiertas'», un porcentaje «mínimo» de la totalidad del programa. «Los aplicadores y los correctores desconocen a quién pertenecen las preguntas y las pruebas». La empresa, añade la nota, «firma un contrato de confidencialidad sobre los materiales que se utilicen».

Los responsables educativos recuerdan que se trata de una «prueba piloto», no de la «evaluación oficial» y que para el programa definitivo se convocará un nuevo concurso. De todas formas, los portavoces de BIE confirmaron su participación en la aplicación y corrección de los dos últimos exámenes oficiales de PISA, entre otros programas internacionales. La consejería salió al paso también del malestar que han mostrado algunos centros de enseñanza ante la posibilidad de que la red de ikastolas concertadas jueguen con ventaja en el examen de conocimientos a sus alumnos que fija la LOE. «Nadie sabe qué preguntas de las que se ensayan en la prueba piloto pueden formar parte de los exámenes definitivos», argumentaron sus portavoces.