
En 1991, la institución foral cedió la parcela gratuitamente por 20 años a la empresa Oihanberri, impulsada por el Gobierno vasco y las tres diputaciones para producir semilla de calidad mejorada genéticamente. El plazo no llegó a agotarse porque en 2004 el Ejecutivo autónomo dejó esta tarea en manos de los viveristas y propuso la disolución de la entidad, que se aprobó, con el único voto en contra de la Diputación vizcaína, en abril de 2005. El terreno estaba en el escaparate y, dada su privilegiada ubicación, no tardó en salirle un pretendiente.
Ese mismo año, incluso antes del acuerdo formal de disolución, Aymerich Golf Management, que participa en 19 recintos de toda España, planteó su proyecto de habilitar un campo de golf en esta zona, con la empresa Enrique Otaduy como promotora. El plan contaba con el visto bueno del Ayuntamiento, que ya en las normas subsidiarias de 2003 contemplaba este uso para la parcela. Los responsables municipales plantearon a la institución foral, propietaria de los terrenos, la posibilidad de una permuta. El debate pasó así a las Juntas Generales, que deben autorizar los acuerdos que afectan al patrimonio foral.
Fue un tema polémico. Para abrir un campo de 18 hoyos, la promotora debía adquirir también otras fincas colindantes y se habló mucho sobre las ofertas de compra. A la Diputación le puso sobre la mesa una parcela de 31 hectáreas perteneciente a una explotación ganadera en Busturia y Bermeo. El plan cuadraba con los planes del Departamento de Agri- cultura de abrir un banco de tierras para jóvenes baserritarras, pero los números chirriaban. Según la valoración realizada por los técnicos, los terrenos de Laukiz valían dos millones de euros más que los de Busturialdea.
Los tres partidos de la oposición en las Juntas Generales mostraron sus recelos. El más combativo fue el PP, que pidió un informe de legalidad al saber que esta finca había ardido en la oleada de incendios forestales de 1989. El diputado de Agricultura aseguró que no había ninguna objeción legal a la operación, ya que la normativa que prohíbe el cambio de uso de la tierra quemada se aprobó en 1994 y no tiene carácter retroactivo. Finalmente, en mayo de 2006, tras más de un año de conversaciones, la Diputación paralizó el proceso al considerar insuficiente la oferta de la promotora. Luego se planteó utilizar la parcela como banco de tierras, una idea que tampoco prosperó, y el PP propuso convertirla en un parque periurbano.








