El Correo Digital

Sonia Franco es una mujer valiente, pero no puede evitar sentirse ahora más vulnerable, más indefensa y menos arropada por la Administración pública que hace apenas dos meses. Hasta el pasado mes de febrero, era una de la veintena de víctimas vascas de malos tratos en situación de riesgo «especial», una categoría que les hace tristemente merecedoras de escolta permanente. Ese mes, el Departamento de Interior del Gobierno vasco le retiró la protección -como a otras dos mujeres- al considerar que el peligro de ser atacada había disminuido. Pero Sonia no lo entendió entonces y tampoco lo comprende ahora. «Nada ha cambiado y nada justifica esa decisión. Como mucho, mi situación ha variado a peor», dijo ayer ante la Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento vasco. «Lo que más me duele es que lo han hecho sin ni siquiera escucharme».

A pesar de la evaluación de su caso efectuado por Interior, Sonia, cuya experiencia le ha llevado a involucrarse en la lucha contra el maltrato a través del colectivo Acovidem -Asociación contra la violencia y en defensa del menor-, se sigue sintiendo en peligro. Sigue angustiada por el historial violento de su ex pareja, que ya le llevó a la cárcel, donde cumplió un año de los 27 meses a los que fue condenado por los malos tratos infligidos a Sonia. De allí salió en diciembre de 2006, aparentemente rehabilitado. Presentó un contrato de trabajo en otra ciudad y aseguró haber rehecho su vida con otra mujer. Pero Sonia desconfió.

Con su agresor en la calle, reclamó y obtuvo protección permanente gracias al programa pionero de defensa de las mujeres en peligro implantado por el Gobierno vasco. Un guardaespaldas privado seguiría sus pasos para permitir que continuara con su vida sin sobresaltos. Y fue precisamente su escolta quien certificó en dos ocasiones durante los meses siguientes que el agresor merodeaba otra vez por la vivienda y por el lugar de trabajo de Sonia.

Ella no lo denunció porque «no le vi personalmente» y consideró que «denunciarle significaba ponerme aún más en peligro». En lugar de eso, instó a su escolta a dar parte a sus superiores y elaborar el correspondiente informe. El guardaespaldas lo hizo -así le consta a Sonia-, pero Interior asegura que nunca llegó a tener conocimiento de estos hechos.

Ahora, tras la comparecencia del consejero, Javier Balza, en el Parlamento a principios de abril a petición del PP, se ha abierto una «investigación» sobre su caso, pero ella sigue sola, indefensa y «en peligro». «Es triste que se empiece a revisar mi situación debido a que el consejero fue llamado a comparecer en el Parlamento. A mi agresor le creyeron cuando dijo que se iba a vivir a otra ciudad. A mí, sin embargo, me obligan a demostrarlo todo», lamenta Sonia.

Citados a la misma hora

A raíz de la denuncia pública de su caso, la Justicia también reaccionó. El pasado 16 de abril se fijó una vista relativa al quebratamiento de la orden de alejamiento por parte de su ex marido. Sonia ya carecía de escolta y pidió a la Ertzaintza protección puntual. Ninguna patrulla estaba disponible. Tuvo que acudir sola al Juzgado y volver a encontrarse frente a frente con su agresor, que pese a lo que le habían indicado fue citado a la misma hora. «Ya está bien», clamó ayer. «Hay que tomarse estas cosas más en serio», exigió.

El caso de Sonia Franco abrió ayer el debate en el Parlamento acerca del protocolo que sigue Interior para asignar y retirar la protección a las mujeres en riesgo de maltrato, que ahora se efectúa a través de un test en el que se puntúan diversos aspectos sin la participación de la víctima. El PP tramitó una iniciativa para exigir que, al menos, se escuche a las interesadas antes de decidir la eliminación de la escolta porque «la percepción subjetiva del riesgo es determinante. El miedo es difícil de objetivar», censuró la parlamentaria Laura Garrido.