ECONOMÍA
Las diputaciones se ven forzadas a negociar con el PSE los descuentos en el IRPF
La vicelehendakari y los tres diputados generales, tras asistir a la vista en el Tribunal Europeo. / MANU ALVAREZ
PNV y EA iniciarán esta semana una ronda de contactos con el PSE, cuyo objetivo es pactar un proyecto de norma foral en el que se dé una solución definitiva a dos asuntos fiscales pendientes: la deflactación de las tarifas y retenciones del IRPF, para adaptarla a la evolución de los precios y a los incrementos salariales y, más importante todavía, la devolución de una parte de este impuesto a los contribuyentes, después de que el Gobierno central haya acordado la entrega de 400 euros.
La decisión de negociar este tema con los socialistas responde a una lógica de matemática parlamentaria. PNV y EA no cuentan con una mayoría suficiente en las juntas generales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que les permita aplicar sin problemas un 'rodillo' legislativo. Están obligados, tras el resultado de las últimas elecciones municipales y forales, a buscar aliados para sus iniciativas, aunque, como en este caso, se trate de trasladar al País Vasco modificaciones fiscales ya aprobadas por la Administración central. Una cosa es alcanzar un acuerdo en el Órgano de Coordinación Tributaria, en el que también participa el Gobierno vasco, y otra distinta conseguir que eso se transforme en una norma con respaldo parlamentario.
Además, ambos partidos han interiorizado también que la búsqueda de «un acuerdo amplio» es la mejor estrategia para evitar situaciones no deseadas, como es el atasco que se vive desde el pasado año en Guipúzcoa en torno al Impuesto de Sociedades.
Éste no será el único caso en el que se abre una negociación similar. El Gobierno navarro de UPN también anunció ayer su deseo de iniciar una negociación con los socialistas para «reformar el IRPF» o, lo que es lo mismo, para decidir qué se hace con el asunto de los 400 euros.
PNV y PSE ya alcanzaron el pasado mes de febrero un principio de acuerdo en torno a la deflactación de los tramos del IRPF, sin detalles, que ahora deben concretar. Acordaron que la tarifa del Impuesto de la Renta también se adaptaría en Euskadi -el Gobierno central lo había hecho ya en enero para los contribuyentes del territorio común-, pero dejaron pendiente la 'letra pequeña'. Algo parecido sucede con la devolución de una parte del IRPF, después de que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase en su segunda reunión devolver 400 euros a cada contribuyente que sea asalariado, pensionista o autónomo. En este caso, aunque también a regañadientes, las diputaciones, todas ellas gobernadas por el PNV -con EA en Guipúzcoa, con EA y Aralar en Álava y en solitario en Vizcaya-, han admitido que «algo habrá que hacer», pero no han trascendido los pormenores de sus ideas.
En términos generales, las posiciones de partida están bastante claras y también distantes. Los socialistas quieren que en ambos temas se aplique la misma normativa que ha aprobado el Estado. Esto es, una deflactación de las tarifas del Impuesto de la Renta del 2% -tan sólo absorbería una parte del aumento de la presión fiscal generado por el IPC, que fue del 4,2% el pasado año-, así como la devolución de 400 euros a cada contribuyente a través de sus nóminas y pensiones.
Diferenciarse
Los nacionalistas, sin embargo, quieren evitar a toda costa que la reforma legislativa se convierta en un 'corta-pega', en una copia, de lo que ha hecho el Estado, ya que siempre han hecho un esfuerzo por remarcar su competencia normativa aplicando algunas diferencias, por pequeñas que sean. Pero, además, quieren aprovechar el 'viaje' para mandar un mensaje al electorado y reforzar la idea de que hacen un mayor esfuerzo que los socialistas para apoyar a los contribuyentes más desfavorecidos.
Así las cosas, PNV y EA quieren que tanto la adaptación de los tramos del IRPF como la devolución de una parte del impuesto refuercen la «progresividad» fiscal. Esto es, que reciban más los que declaran menos ingresos. Con ello, sostienen, se incentivaría de igual manera el consumo pero se ayudaría en la economía familiar a quienes pueden sufrir mayores estrecheces.
La negociación no puede prolongarse por mucho tiempo, señalaron ayer fuentes de las haciendas forales, ya que el objetivo de las diputaciones es aprobar los proyectos de norma a lo largo del mes de mayo para que sean tramitados en junio en las respectivas juntas generales de los tres territorios. Ambas medidas deberían aplicarse, precisamente, en las nóminas y pensiones que los contribuyentes recibirán al final de ese mismo mes.
La decisión de negociar este tema con los socialistas responde a una lógica de matemática parlamentaria. PNV y EA no cuentan con una mayoría suficiente en las juntas generales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que les permita aplicar sin problemas un 'rodillo' legislativo. Están obligados, tras el resultado de las últimas elecciones municipales y forales, a buscar aliados para sus iniciativas, aunque, como en este caso, se trate de trasladar al País Vasco modificaciones fiscales ya aprobadas por la Administración central. Una cosa es alcanzar un acuerdo en el Órgano de Coordinación Tributaria, en el que también participa el Gobierno vasco, y otra distinta conseguir que eso se transforme en una norma con respaldo parlamentario.
Además, ambos partidos han interiorizado también que la búsqueda de «un acuerdo amplio» es la mejor estrategia para evitar situaciones no deseadas, como es el atasco que se vive desde el pasado año en Guipúzcoa en torno al Impuesto de Sociedades.
Éste no será el único caso en el que se abre una negociación similar. El Gobierno navarro de UPN también anunció ayer su deseo de iniciar una negociación con los socialistas para «reformar el IRPF» o, lo que es lo mismo, para decidir qué se hace con el asunto de los 400 euros.
PNV y PSE ya alcanzaron el pasado mes de febrero un principio de acuerdo en torno a la deflactación de los tramos del IRPF, sin detalles, que ahora deben concretar. Acordaron que la tarifa del Impuesto de la Renta también se adaptaría en Euskadi -el Gobierno central lo había hecho ya en enero para los contribuyentes del territorio común-, pero dejaron pendiente la 'letra pequeña'. Algo parecido sucede con la devolución de una parte del IRPF, después de que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase en su segunda reunión devolver 400 euros a cada contribuyente que sea asalariado, pensionista o autónomo. En este caso, aunque también a regañadientes, las diputaciones, todas ellas gobernadas por el PNV -con EA en Guipúzcoa, con EA y Aralar en Álava y en solitario en Vizcaya-, han admitido que «algo habrá que hacer», pero no han trascendido los pormenores de sus ideas.
En términos generales, las posiciones de partida están bastante claras y también distantes. Los socialistas quieren que en ambos temas se aplique la misma normativa que ha aprobado el Estado. Esto es, una deflactación de las tarifas del Impuesto de la Renta del 2% -tan sólo absorbería una parte del aumento de la presión fiscal generado por el IPC, que fue del 4,2% el pasado año-, así como la devolución de 400 euros a cada contribuyente a través de sus nóminas y pensiones.
Diferenciarse
Los nacionalistas, sin embargo, quieren evitar a toda costa que la reforma legislativa se convierta en un 'corta-pega', en una copia, de lo que ha hecho el Estado, ya que siempre han hecho un esfuerzo por remarcar su competencia normativa aplicando algunas diferencias, por pequeñas que sean. Pero, además, quieren aprovechar el 'viaje' para mandar un mensaje al electorado y reforzar la idea de que hacen un mayor esfuerzo que los socialistas para apoyar a los contribuyentes más desfavorecidos.
Así las cosas, PNV y EA quieren que tanto la adaptación de los tramos del IRPF como la devolución de una parte del impuesto refuercen la «progresividad» fiscal. Esto es, que reciban más los que declaran menos ingresos. Con ello, sostienen, se incentivaría de igual manera el consumo pero se ayudaría en la economía familiar a quienes pueden sufrir mayores estrecheces.
La negociación no puede prolongarse por mucho tiempo, señalaron ayer fuentes de las haciendas forales, ya que el objetivo de las diputaciones es aprobar los proyectos de norma a lo largo del mes de mayo para que sean tramitados en junio en las respectivas juntas generales de los tres territorios. Ambas medidas deberían aplicarse, precisamente, en las nóminas y pensiones que los contribuyentes recibirán al final de ese mismo mes.
