El Correo Digital

En el País Vasco disponemos de una amplia capacidad normativa sobre la imposición indirecta, gracias al sistema del Concierto Económico y a pesar de los innumerables problemas concretos que soporta su devenir. Sin embargo, este importante poder tiene algunas limitaciones prácticas, consecuencia de la imposibilidad de mantener diferencias demasiado grandes con la regulación vigente en el territorio común. Y ello, en ambas direcciones. Cuando las diferencias son a nuestro favor, porque despiertan los recelos de los vecinos, que nos abrasan a recursos. Cuando son en contra, porque la ciudadanía vasca se rebela ante la injusticia del tratamiento. Hay muchos ejemplos de ello. El último es de ahora mismo, con la deflactación del IRPF, necesaria para compensar la subida de los precios, y con la asunción de la famosa rebaja de los 400 euros que prometió Zapatero en campaña.

Los responsables públicos quieren evitar cualquier actitud que pueda dar la sensación de puro seguidismo, mientras que a los ciudadanos les da igual la fórmula empleada siempre que el resultado para el bolsillo sea igual o mejor. Otra dificultad inherente al modelo procede del número de instituciones involucradas en el proceso, las tres diputaciones más el Gobierno vasco y con situaciones políticas dispares, lo que obliga a negociar con habilidad y premura si no se quieren repetir los lamentables episodios que vivimos con ocasión de la reciente reforma del Impuesto sobre Sociedades. Por eso está muy bien que el PNV trate de alcanzar un acuerdo con el PSE, que permita despejar su camino legal. Si además de 'tratar' lo consigue 'cerrar', si concita el apoyo del PP y si los dos socios del tripartito renuncian a abrir una nueva grieta en el Gobierno, la situación sería ya maravillosa. Me muero por verla.