
El plazo para presentar enmiendas al proyecto legislativo concluye hoy. Tanto el PSE-EE como el PP han decidido no presentar enmiendas a la totalidad, aunque uno y otro partido van a proponer la introducción de numerosas modificaciones parciales que afectan a la exposición de motivos y a diversos artículos.
Con la actitud de socialistas y populares se allana el camino hacia la posibilidad de que el texto legal salga adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas que, hace seis años, alcanzaron en el seno de la ponencia de víctimas trece acuerdos parlamentarios sobre medidas para paliar la situación de los damnificados por el terrorismo. En esta ocasión se sumaría también Aralar, que en 2002 no contaba con representación parlamentaria al haber echado andar como partido pocos meses antes, cuando decidió no participar en la refundación de Batasuna.
Según los plazos que maneja González de Txabarri, la Comisión de Derechos Humanos podría reunirse el próximo 15 de mayo para nombrar a los miembros de la ponencia que examinarán las enmiendas parciales. Este grupo de trabajo «trillará el camino» hacia la sesión plenaria de junio, explicó la parlamentaria del PNV.
Socialistas y populares no han querido entrar en detalles sobre el contenido de sus respectivas enmiendas, que, en el caso del PP, rondarán el medio centenar. El parlamentario del PSE-EE Jesús Loza explicó que su grupo propondrá cambios en algunos de los artículos que contiene la «parte asistencial» de la Ley, y que las «enmiendas de mayor calado» tendrán que ver con el capítulo de los derechos de las víctimas y con la exposición de motivos que encabeza el texto legal.
Cuestión de semanas
La exposición de motivos será también objeto de parte de las propuestas del PP, que pedirá, según Santiago Abascal, que el texto «se centre en las víctimas» y elimine las alusiones al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Los populares consideran que «para defender a las víctimas hay que defender a las instituciones» y los «grandes acuerdos de los que se han dotado las sociedades vasca y española», contra los que pretende actuar ETA cada vez que comete un atentado. «Hemos preparado cincuenta enmiendas tanto sobre cosas que ahora hay en Ley que no nos gustan como otras que entendemos mejorables u otras que pretenden añadir elementos nuevos», explicó Abascal.
A pesar de que el compromiso adoptado en el primer pleno monográfico de víctimas, celebrado el pasado 5 de octubre, situaba la segunda convocatoria de estas características en el mes que comenzó ayer, González de Txabarri entiende que no tiene sentido que el pleno se celebre en medio de la tramitación de la Ley. En todo caso, si prospera la propuesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el retraso de la sesión parlamentaria no excederá de dos o tres semanas sobre el calendario acordado en octubre de 2007, dado que entonces se situaba el segundo pleno de víctimas en torno a finales de mayo.
No obstante, la coincidencia de ambas cuestiones en una sola sesión plenaria puede complicar la mecánica del debate. Al mismo tiempo que los parlamentarios discuten y aprueban la Ley de Víctimas, tendrán que pasar también revista al grado de cumplimiento de las distintas medidas incluidas en la veintena de resoluciones que aprobaron en el pleno del 5 de octubre con un alto grado de consenso, en una votación en la que no estuvo presente EHAK.
De cumplirse el calendario estimado por la parlamentaria del PNV, el proyecto de Ley de Víctimas será aprobado antes del final del presente periodo de sesiones, tal y como pidió públicamente la directora de atención a los damnificados por el terrorismo, Maixabel Lasa, a principios de febrero. Podría tratarse incluso, del último proyecto de Ley aprobado esta legislatura. Apenas dos semanas después, el viernes 27 de junio, tendrá lugar el pleno en el que Juan José Ibarretxe debe pedir a la Cámara autorización para convocar la consulta ciudadana que pretende organizar para el 25 de octubre.






