POLÍTICA
Sólo un 10% de las víctimas de la extorsión de ETA denuncia el chantaje de la banda
Un centenar de industriales presta declaración por un exhorto de Le Vert Las sumas reclamadas a los 125 empresarios en la 'lista negra' del aparato de recaudación etarra totalizan 32,5 millones de euros
CHANTAJE. Reproducción de una carta de extorsión enviada por ETA a un empresario. / EL CORREO
Sólo un 10% de las víctimas de la extorsión por parte de ETA pone en conocimiento de las autoridades el chantaje económico del que es objeto. Este dato se deduce del resultado de una comisión rogatoria internacional cursada a España por la jueza antiterrorista de París Laurence Le Vert para recabar el testimonio de 125 empresarios y profesionales que aparecían en ficheros del 'impuesto revolucionario' intervenidos en Francia. El porcentaje real debe ser incluso inferior, ya que la base estadística está formada por amenazados que se han negado a pagar y, en teoría, más proclives a la denuncia.
Cuando el coresponsable del aparato 'militar' Ibon Fernández Iradi, 'Susper', fue detenido por segunda vez en diciembre de 2003, la Policía francesa encontró en la casa que ocupaba en Mont de Marsan (Las Landas) varios ordenadores y abundante material informático. Al explorar el contenido, los investigadores se llevaron la sorpresa de localizar dos bases de datos que todavía no habían sido encriptadas con el sistema PGP, programa de codificación de origen militar estadounidense habitualmente utilizado por ETA para cifrar sus archivos.
En una de las bases había un listado de personalidades con datos individualizados por su condición de objetivos potenciales de atentados. La otra contenía a todos los destinatarios de las cartas de extorsión que no habían pagado pese a haber recibido ya las dos primeras misivas: la petición de una contribución económica a la causa independentista y el recordatorio anunciador de la puesta en marcha de represalias contra su persona y bienes. De objetivos financieros habían pasado a ser objetivos militares por su falta de cooperación.
Los nombres de los remolones son enviados por la estructura 'Gezi' (siglas de 'Gora Euskal Zerga Iraultzailea', que significa 'Viva el Impuesto Revolucionario Vasco') al aparato militar ('Esa'), que los almacena en un fichero denominado 'Egurra' ('Leña'). Este archivo incluye categorías especiales, merecedoras de represalias prioritarias, como son los delatores ('salatariak'), por denunciar la extorsión, y los corruptos ('ustelak'), por quedarse con dinero de la organización. Otra clasificación agrupa bajo el epígrafe 'Express' a los candidatos a ser objeto de un breve secuestro en un lugar despoblado para obligarles a firmar un pagaré bajo amenazas.
En el ordenador de Mont de Marsan había en total 125 fichas nominales en las que se especificaba la suma exigida al chantajeado y los datos recopilados sobre él y su familia, así como la medida violenta contemplada contra él, su empresa o sus bienes personales. El importe de las cantidades reclamadas totalizaba 32,5 millones de euros. Junto a las 17 fichas clasificadas para 'secuestros express', estaban almacenadas las consignas a los comandos para ejecutar el expeditivo sistema recaudatorio y las 'cartas-tipo' con el sello de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) que tenían que firmar las víctimas a modo de reconocimiento de la deuda.
En virtud de la comisión rogatoria de Le Vert, un centenar de los extorsionados presentes en la 'lista negra' prestó declaración indagatoria en España. Todos negaron haber entregado dinero a ETA, como hacía suponer su presencia en el archivo 'Egurra'. Incluso cinco aseguraron que no habían recibido ninguna demanda económica, algo más difícil de explicar a la vista de su presencia en la nómina de morosos a quienes repartir 'leña'.
Los demás interrogados reconocieron haber sido objeto de peticiones de 30.000 a 360.000 euros. Sólo diez afirmaron que habían denunciado en su día a las autoridades las amenazas recibidas, de los que tres informaron a la patronal guipuzcoana Adegi. Otros tres dijeron haber sido víctimas de atentados o tentativas: un concesionario donostiarra, un hostelero de Zarautz y un empresario de Andoain.
Libro vegetariano
En el marco de otro exhorto internacional de Le Vert, un empresario guipuzcoano relató cómo había saldado la deuda que arrastraba desde hacía seis años. Tras hacer saber en los bares adecuados de Bayona que se había decidido a pagar por el recuerdo de un amigo y vecino asesinado en 1979, en 2002 recibió una carta mecanografiada que le fijaba una cita cerca de Mont de Marsan: a la una de la tarde del 30 de agosto de aquel año en el aparcamiento de la iglesia de Gaillères. Tenía que bajar del coche con un libro de cocina vegetariana en la mano y entregar a la persona que se le presentara la suma de cinco millones de pesetas.
Aquel día siguió las instrucciones al pie de la letra y dos activistas de ETA le dijeron al despedirse que le mandarían un justificante del pago efectuado, que nunca llegó a sus manos. El recibo apareció el 30 de julio de 2003 en la casa de Cahors (oeste de Francia) en la que fueron detenidos Kandido Sagarzazu, Mikel Illarramendi y Claude Recart. En una carta introducida en un sobre a nombre del extorsionado ETA confirmaba con su sello y anagrama haber recibido la suma de 30.000 euros en concepto de 'impuesto revolucionario'.
Cuando el coresponsable del aparato 'militar' Ibon Fernández Iradi, 'Susper', fue detenido por segunda vez en diciembre de 2003, la Policía francesa encontró en la casa que ocupaba en Mont de Marsan (Las Landas) varios ordenadores y abundante material informático. Al explorar el contenido, los investigadores se llevaron la sorpresa de localizar dos bases de datos que todavía no habían sido encriptadas con el sistema PGP, programa de codificación de origen militar estadounidense habitualmente utilizado por ETA para cifrar sus archivos.
En una de las bases había un listado de personalidades con datos individualizados por su condición de objetivos potenciales de atentados. La otra contenía a todos los destinatarios de las cartas de extorsión que no habían pagado pese a haber recibido ya las dos primeras misivas: la petición de una contribución económica a la causa independentista y el recordatorio anunciador de la puesta en marcha de represalias contra su persona y bienes. De objetivos financieros habían pasado a ser objetivos militares por su falta de cooperación.
Los nombres de los remolones son enviados por la estructura 'Gezi' (siglas de 'Gora Euskal Zerga Iraultzailea', que significa 'Viva el Impuesto Revolucionario Vasco') al aparato militar ('Esa'), que los almacena en un fichero denominado 'Egurra' ('Leña'). Este archivo incluye categorías especiales, merecedoras de represalias prioritarias, como son los delatores ('salatariak'), por denunciar la extorsión, y los corruptos ('ustelak'), por quedarse con dinero de la organización. Otra clasificación agrupa bajo el epígrafe 'Express' a los candidatos a ser objeto de un breve secuestro en un lugar despoblado para obligarles a firmar un pagaré bajo amenazas.
En el ordenador de Mont de Marsan había en total 125 fichas nominales en las que se especificaba la suma exigida al chantajeado y los datos recopilados sobre él y su familia, así como la medida violenta contemplada contra él, su empresa o sus bienes personales. El importe de las cantidades reclamadas totalizaba 32,5 millones de euros. Junto a las 17 fichas clasificadas para 'secuestros express', estaban almacenadas las consignas a los comandos para ejecutar el expeditivo sistema recaudatorio y las 'cartas-tipo' con el sello de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) que tenían que firmar las víctimas a modo de reconocimiento de la deuda.
En virtud de la comisión rogatoria de Le Vert, un centenar de los extorsionados presentes en la 'lista negra' prestó declaración indagatoria en España. Todos negaron haber entregado dinero a ETA, como hacía suponer su presencia en el archivo 'Egurra'. Incluso cinco aseguraron que no habían recibido ninguna demanda económica, algo más difícil de explicar a la vista de su presencia en la nómina de morosos a quienes repartir 'leña'.
Los demás interrogados reconocieron haber sido objeto de peticiones de 30.000 a 360.000 euros. Sólo diez afirmaron que habían denunciado en su día a las autoridades las amenazas recibidas, de los que tres informaron a la patronal guipuzcoana Adegi. Otros tres dijeron haber sido víctimas de atentados o tentativas: un concesionario donostiarra, un hostelero de Zarautz y un empresario de Andoain.
Libro vegetariano
En el marco de otro exhorto internacional de Le Vert, un empresario guipuzcoano relató cómo había saldado la deuda que arrastraba desde hacía seis años. Tras hacer saber en los bares adecuados de Bayona que se había decidido a pagar por el recuerdo de un amigo y vecino asesinado en 1979, en 2002 recibió una carta mecanografiada que le fijaba una cita cerca de Mont de Marsan: a la una de la tarde del 30 de agosto de aquel año en el aparcamiento de la iglesia de Gaillères. Tenía que bajar del coche con un libro de cocina vegetariana en la mano y entregar a la persona que se le presentara la suma de cinco millones de pesetas.
Aquel día siguió las instrucciones al pie de la letra y dos activistas de ETA le dijeron al despedirse que le mandarían un justificante del pago efectuado, que nunca llegó a sus manos. El recibo apareció el 30 de julio de 2003 en la casa de Cahors (oeste de Francia) en la que fueron detenidos Kandido Sagarzazu, Mikel Illarramendi y Claude Recart. En una carta introducida en un sobre a nombre del extorsionado ETA confirmaba con su sello y anagrama haber recibido la suma de 30.000 euros en concepto de 'impuesto revolucionario'.
