MACROJUICIO AL ENTORNO DE ETA
Los dirigentes de Gestoras renuncian a su defensa al creerse «ya condenados»
La defensa retira su petición para que declaren 200 de los testigos que había propuesto, lo que acelerará el juicio
ACUSADOS. Los veintisiete dirigentes de Gestoras y Askatasuna aguardan el inicio de la sesión de ayer en la Casa de Campo. / EFE
Los 27 dirigentes de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, presunta red de apoyo a los presos de ETA, juzgados desde ayer en la Audiencia Nacional por su presunta pertenencia a la banda terrorista, renunciaron a defenderse ante el tribunal. Argumentaron que el que les juzga es un órgano judicial de «excepción», que la vista es «una farsa» y «un montaje político» y, sobre todo, porque están convencidos de que la Sala «ya tiene escrita la sentencia» condenatoria.
La renuncia a defenderse, reiterada uno a uno por todos los procesados, obligó a sus abogados a adelantar que prescindirán del interrogatorio de doscientos de los 218 testigos que tienen citados y renunciarán a practicar otras pruebas y a realizar informes finales. La renuncia dejará vacías más de una docena de las sesiones de juicio programadas por el tribunal y la duración del proceso, que tenía fijada como última fecha el 23 de julio, se reducirá en más de un mes.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, dejó claro que el proceso penal español sólo obliga a que un acusado tenga garantizada su defensa, algo que se logra con la presencia del letrado en el proceso, pero que luego la forma en que abogado y cliente quieran ejercerla es cosa suya.
El juicio contra Gestoras y Askatasuna, el tercero contra las organizaciones del entorno de ETA, comenzó conforme al programa y sin incidente alguno en el pabellón de alta seguridad de la madrileña Casa de Campo, en la misma sala en la que se enjuiciaron el 'caso Ekin' y el 11-M, entre otros. Los 27 acusados se enfrentan a sendas penas de 10 años de cárcel por pertenencia a la estructura terrorista.
La magistrada Palacios, que dio total libertad a los acusados en sus declaraciones, aclaró al final de la sesión que la Audiencia Nacional no juzga ideologías sino «actitudes presuntamente delictivas» y añadió que quien piense que los magistrados ya tienen acordada la sentencia es porque «desconoce lo que es un tribunal».
Proclama
Juan María Olano, el máximo dirigente de la organización ilícita y el primero en ser interrogado, aseguró que el tribunal está «a miles de kilómetros de la imparcialidad» y que «la instrucción se ha realizado de forma política», por lo que indicó que «aquí no espero ninguna justicia». «Este tribunal me va a condenar, pero juzgarme no me va a juzgar», concluyó.
Olano, como luego harían el resto, se negó a contestar al fiscal y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación popular. A preguntas de su abogada, mostró su orgullo por militar en Gestoras desde hace 30 años para denunciar «las torturas y la represión que el Estado utiliza contra Euskal Herria, y para defender los derechos humanos de los presos políticos vascos». Éste es el nombre que dio a los etarras, a los que los imputados también describieron como «luchadores» o «militantes vascos».
El máximo responsable del colectivo describió el País Vasco y Navarra como un territorio «ocupado» por la Policía que, en nombre del Estado, «ha venido a hacer la guerra y a negar la voluntad de Euskal Herria». Consideró que el objetivo de todo este marco «represivo» es «imponer violentamente a los vascos los deseos de los Estados español y francés». Por ello, sostuvo, como colofón, que la única forma de «superar el conflicto» es la negociación con ETA.
Todos los procesados insistieron en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido al final del alto el fuego de ETA con una espiral de «represión», pero tres de ellos fueron más concretos. Maite Díaz de Heredia, responsable de Gestoras en Álava y encarcelada en octubre por formar parte de la dirección de Batasuna, señaló que el Ejecutivo «ha desperdiciado en el reciente proceso, una oportunidad que hubiese podido llevarnos a superar el conflicto». Joseba Gotzon Amaro, en referencia también a la ruptura de la tregua, señaló que «el Estado español apuesta por una guerra, ya que ha mostrado su intención de no superar el conflicto».
El fiscal, Carlos Bautista, acompañado ayer por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, no pudo interrogar a los imputados, pero leyó al tribunal las preguntas que se negaron a contestar, en las que desgranó su escrito de acusación. La Fiscalía defiende que Gestoras es una organización creada por ETA, integrada en la banda y dirigida a través de sus estructuras de coordinación política y social (KAS/EKIN), que financiaron sus actividades de forma directa al menos hasta 1991. Bajo directrices etarras, controla al colectivo de presos y asegura su sometimiento a la banda, con el rechazo de las políticas de reinserción y beneficios penitenciarios y el seguimiento de las protestas carcelarias.
El fiscal cree que Gestoras también es la estructura de ETA encargada de organizar los homenajes a los etarras excarcelados y muertos, y de planificar y ejecutar campañas de denuncia de la tortura, para el reagrupamiento de los presos, así como estrategias de denuncia de la «ocupación militar» en Euskadi.
La renuncia a defenderse, reiterada uno a uno por todos los procesados, obligó a sus abogados a adelantar que prescindirán del interrogatorio de doscientos de los 218 testigos que tienen citados y renunciarán a practicar otras pruebas y a realizar informes finales. La renuncia dejará vacías más de una docena de las sesiones de juicio programadas por el tribunal y la duración del proceso, que tenía fijada como última fecha el 23 de julio, se reducirá en más de un mes.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, dejó claro que el proceso penal español sólo obliga a que un acusado tenga garantizada su defensa, algo que se logra con la presencia del letrado en el proceso, pero que luego la forma en que abogado y cliente quieran ejercerla es cosa suya.
El juicio contra Gestoras y Askatasuna, el tercero contra las organizaciones del entorno de ETA, comenzó conforme al programa y sin incidente alguno en el pabellón de alta seguridad de la madrileña Casa de Campo, en la misma sala en la que se enjuiciaron el 'caso Ekin' y el 11-M, entre otros. Los 27 acusados se enfrentan a sendas penas de 10 años de cárcel por pertenencia a la estructura terrorista.
La magistrada Palacios, que dio total libertad a los acusados en sus declaraciones, aclaró al final de la sesión que la Audiencia Nacional no juzga ideologías sino «actitudes presuntamente delictivas» y añadió que quien piense que los magistrados ya tienen acordada la sentencia es porque «desconoce lo que es un tribunal».
Proclama
Juan María Olano, el máximo dirigente de la organización ilícita y el primero en ser interrogado, aseguró que el tribunal está «a miles de kilómetros de la imparcialidad» y que «la instrucción se ha realizado de forma política», por lo que indicó que «aquí no espero ninguna justicia». «Este tribunal me va a condenar, pero juzgarme no me va a juzgar», concluyó.
Olano, como luego harían el resto, se negó a contestar al fiscal y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación popular. A preguntas de su abogada, mostró su orgullo por militar en Gestoras desde hace 30 años para denunciar «las torturas y la represión que el Estado utiliza contra Euskal Herria, y para defender los derechos humanos de los presos políticos vascos». Éste es el nombre que dio a los etarras, a los que los imputados también describieron como «luchadores» o «militantes vascos».
El máximo responsable del colectivo describió el País Vasco y Navarra como un territorio «ocupado» por la Policía que, en nombre del Estado, «ha venido a hacer la guerra y a negar la voluntad de Euskal Herria». Consideró que el objetivo de todo este marco «represivo» es «imponer violentamente a los vascos los deseos de los Estados español y francés». Por ello, sostuvo, como colofón, que la única forma de «superar el conflicto» es la negociación con ETA.
Todos los procesados insistieron en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido al final del alto el fuego de ETA con una espiral de «represión», pero tres de ellos fueron más concretos. Maite Díaz de Heredia, responsable de Gestoras en Álava y encarcelada en octubre por formar parte de la dirección de Batasuna, señaló que el Ejecutivo «ha desperdiciado en el reciente proceso, una oportunidad que hubiese podido llevarnos a superar el conflicto». Joseba Gotzon Amaro, en referencia también a la ruptura de la tregua, señaló que «el Estado español apuesta por una guerra, ya que ha mostrado su intención de no superar el conflicto».
El fiscal, Carlos Bautista, acompañado ayer por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, no pudo interrogar a los imputados, pero leyó al tribunal las preguntas que se negaron a contestar, en las que desgranó su escrito de acusación. La Fiscalía defiende que Gestoras es una organización creada por ETA, integrada en la banda y dirigida a través de sus estructuras de coordinación política y social (KAS/EKIN), que financiaron sus actividades de forma directa al menos hasta 1991. Bajo directrices etarras, controla al colectivo de presos y asegura su sometimiento a la banda, con el rechazo de las políticas de reinserción y beneficios penitenciarios y el seguimiento de las protestas carcelarias.
El fiscal cree que Gestoras también es la estructura de ETA encargada de organizar los homenajes a los etarras excarcelados y muertos, y de planificar y ejecutar campañas de denuncia de la tortura, para el reagrupamiento de los presos, así como estrategias de denuncia de la «ocupación militar» en Euskadi.
