El Correo Digital

El sindicato ELA defiende un sistema de pensiones propio, como el resto de las fuerzas nacionalistas. Pero, al contrario del implantado en España, que prevé en unos años la separación definitiva de las fuentes de financiación -los complementos de mínimos a cargo de los Presupuestos Generales-, apuesta por una fórmula que ligue los sistemas de pensiones y fiscal, con el fin de que los beneficiarios vascos estén «mejor protegidos». No menciona al respecto el déficit que arrastra el modelo en Euskadi, pero es evidente que la conexión con el régimen fiscal apunta a prevenir tal hecho y sus consecuencias para que, en última instancia, el sector público vasco actúe como garantía.

Esta opinión figura en un estudio de la Fundación Manu Robles Arangiz -'Reflexiones en torno a la configuración de un sistema de pensiones propio'- cuyas conclusiones han sido asumidas por la central nacionalista.

Un requisito para que el sistema sea «propio», dice ELA, es que sea «público» o al menos «tutelado por el sector público».

Para la central que dirige José Elorrieta, la adopción de un sistema propio requerirá una serie de «tiempos, plazos y transiciones» que deberían fijarse en un convenio con el Estado.