
Atendiendo a una propuesta de la Comisión que data de noviembre, los Veintisiete acordaron ayer modificar la decisión marco de lucha contra el terrorismo adoptada en junio de 2002, tras los atentados del 11-S de 2001. Su objetivo es adaptarla a las circunstancias actuales que, como resaltaba hace poco más de una semana el último informe de Europol, muestran una creciente utilización de la Red para la propagación de consignas, el aleccionamiento terrorista o la difusión de técnicas de fabricación de explosivos.
El convenio implica que todos los Estados miembros deberán tipificar como delitos sancionados penalmente los tres comportamientos mencionados, y garantizar que las disposiciones existentes en cuanto a penas, personas imputadas, jurisdicción aplicable y persecución de infractores existentes en la UE para la lucha contra el terrorismo -la Euroorden entre ellas- sean aplicadas a estos nuevos ilícitos penales.
Los jueces o las autoridades administrativas competentes, según el modelo de cada Estado estarán facultadas para reclamar a los proveedores de acceso a Internet la retirada de esos contenidos de sus servidores.
El caso de España
La decisión marco de 2002 armonizaba para el conjunto de la UE la definición de delitos terroristas y regulaba su persecución por toda la Europa comunitaria, estableciendo para todos ellos penas y sanciones a la altura de la gravedad de estas acciones, de acuerdo con aproximaciones previas al problema que datan de 2001. En algunos socios, como España, las conductas tipificadas penalmente ayer por los ministros de Interior tienen ya esa consideración, pero no es el caso en buena parte de los miembros de la UE.
El Consejo adoptó asimismo decisiones relevantes como la autorización a la CE para que entable negociaciones con Estados Unidos sobre la extensión del acceso sin visado a territorio norteamericano a todos los socios de la UE. Actualmente sólo los quince miembros que la configuraban antes de las dos últimas ampliaciones disfrutan de ese derecho.
La Comisión negociará la generalización del acceso sin visado pero los Veintisiete son libres para concluir individualmente acuerdos con Washington que satisfagan las nuevas exigencias de seguridad planteadas por la Administración norteamericana. Entre ellas figuran un acceso más amplio a los datos del pasaje y la admisión a bordo de agentes armados. Siete socios de la Unión Europea, todos ellos recientemente adheridos, han suscrito ya acuerdos de ese género.
Junto a todo ello, se dio la luz verde final a la conversión de Europol en una agencia europea, lo que se llevará a cabo en 2010. El cambio jurisdiccional de la oficina de coordinación policial de la UE, que tiene sede en La Haya, es relevante pues los Estados miembros podrán adoptar decisiones sobre ella más fácilmente que ahora, sometida como está a las exigencias de una convención internacional.
Además, el Consejo adoptó el plan de acción de la Unión para mejorar la seguridad de los explosivos, que comprende medidas específicas sobre las materias que les sirve de precursoras y la cadena de aprovisionamiento, almacenamiento y transporte.






