ECONOMÍA
Ampliar el plazo de la hipoteca será gratis
El Gobierno adopta once medidas para animar el consumo y reducir los efectos de la crisis económica
Pedro Solbes explica las medidas en presencia de De la Vega. / EFE
EN CIFRAS
El Consejo de Ministros aprobó ayer «un primer paquete de medidas económicas» -así lo calificó el vicepresidente Pedro Solbes- con el que pretende animar el consumo en una coyuntura de brusco frenazo de la actividad y también poner 'parches' a algunos problemas que generan tensión en los mercados financiero e hipotecario. Las once iniciativas anunciadas por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis en las familias y las empresas contienen dos novedades notables respecto a los proyectos que había esbozado días atrás: la eliminación definitiva del Impuesto de Patrimonio con efectos desde el 1 de enero del presente año y la posibilidad de ampliar el plazo de las hipotecas de forma gratuita. Una opción, esta última, que inicialmente sólo se contemplaba para las familias que atravesaran dificultades, pero que el Ejecutivo ha decidido extender con carácter universal para evitar complicados controles administrativos.
Solbes explicó que el plan supone la inyección directa de unos 6.000 millones de euros -2.225 de forma casi inmediata, a finales de junio, y el resto en el segundo semestre del ejercicio-, así como asumir el riesgo presupuestario sobre otros 4.000 millones más, destinados a la concesión de avales.
Oxígeno al crecimiento
Según las estimaciones del vicepresidente, este esfuerzo de las arcas públicas tendrá un impacto directo de dos o tres décimas sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), aunque en realidad el Gobierno espera que su eficacia sea mayor al activar el consumo y contribuir al mantenimien- to de puestos de trabajo.
La Administración confía en que una de las medidas estrella del paquete -la devolución de 400 euros del IRPF a todos los trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y profesionales autónomos- contribuya a generar un efecto psicológico positivo y contrarrestar, al menos en parte, la sensación de que la economía se viene abajo. La Seguridad Social y las empresas serán los principales gestores de esta iniciativa, ya que los contribuyentes cobrarán 200 euros a finales de junio, en la pensión o en la nómina de ese mes, y los 200 restantes repartidos en el segundo semestre. El pago de junio se hará como devolución de una parte de las retenciones practicadas hasta ahora. En el caso del País Vasco, las diputaciones forales estudian adoptar una acción similar que harán pública en los próximos días.
Garantías
Buena parte de las decisiones adoptadas ayer por el Ejecutivo demuestran su preocupación por la crisis inmobiliaria y su repercusión en el sector financiero.
Así, no habrá inyección directa de dinero en el sistema bancario -eso no es competencia del Gobierno-, pero sí se concederán 4.000 millones de euros en avales. La mitad tiene como objetivo respaldar créditos a pequeñas y medianas empresas; y los 2.000 restantes, la financiación de viviendas de protección oficial. La me- dida reactivará el crédito bancario, aunque sea de forma parcial, al introducir garantías de recuperación de estos préstamos.
El Gabinete también pretende mejorar la situación de liquidez de las compañías con una auténtica revolución en el mecanismo de devolución del IVA, que a partir del próximo enero se realizará con carácter mensual para las firmas que lo soliciten. Hasta ahora debían esperar entre 6 y 18 meses para recuperar ese dinero.
La posibilidad de ampliar los plazos de las hipotecas de forma gratuita, gracias a la eliminación de los gastos fiscales, de notaría y registro de estas operaciones, pretende solventar los problemas que pueden encontrarse algunas familias para hacer frente a sus obligaciones crediticias si alguno de sus miembros pierde el empleo en un escenario de previsible aumento del paro. El Gobierno ha pedido a las entidades financieras que apuesten decididamente por esta opción -también tendrán que ceder las comisiones que aplicaban por esos movimientos- para reducir al máximo los efectos de la crisis. En la práctica, es una medida similar a la que ha habilitado Estados Unidos para impedir un aluvión de ejecuciones hipotecarias.
Solbes llamará a los interlocutores sociales en las próximas semanas para iniciar un proceso de diálogo que conduzca a la adopción de iniciativas quizá de mayor calado que las aprobadas ayer. A la espera de esa discusión con sindicatos y empresarios, el Gobierno anunció también ayer un conjunto de fórmulas de inserción laboral de parados, con la vista puesta en la destrucción de empleo que ha comenzado a notarse en el sector de la construcción.
Solbes explicó que el plan supone la inyección directa de unos 6.000 millones de euros -2.225 de forma casi inmediata, a finales de junio, y el resto en el segundo semestre del ejercicio-, así como asumir el riesgo presupuestario sobre otros 4.000 millones más, destinados a la concesión de avales.
Oxígeno al crecimiento
Según las estimaciones del vicepresidente, este esfuerzo de las arcas públicas tendrá un impacto directo de dos o tres décimas sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), aunque en realidad el Gobierno espera que su eficacia sea mayor al activar el consumo y contribuir al mantenimien- to de puestos de trabajo.
La Administración confía en que una de las medidas estrella del paquete -la devolución de 400 euros del IRPF a todos los trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y profesionales autónomos- contribuya a generar un efecto psicológico positivo y contrarrestar, al menos en parte, la sensación de que la economía se viene abajo. La Seguridad Social y las empresas serán los principales gestores de esta iniciativa, ya que los contribuyentes cobrarán 200 euros a finales de junio, en la pensión o en la nómina de ese mes, y los 200 restantes repartidos en el segundo semestre. El pago de junio se hará como devolución de una parte de las retenciones practicadas hasta ahora. En el caso del País Vasco, las diputaciones forales estudian adoptar una acción similar que harán pública en los próximos días.
Garantías
Buena parte de las decisiones adoptadas ayer por el Ejecutivo demuestran su preocupación por la crisis inmobiliaria y su repercusión en el sector financiero.
Así, no habrá inyección directa de dinero en el sistema bancario -eso no es competencia del Gobierno-, pero sí se concederán 4.000 millones de euros en avales. La mitad tiene como objetivo respaldar créditos a pequeñas y medianas empresas; y los 2.000 restantes, la financiación de viviendas de protección oficial. La me- dida reactivará el crédito bancario, aunque sea de forma parcial, al introducir garantías de recuperación de estos préstamos.
El Gabinete también pretende mejorar la situación de liquidez de las compañías con una auténtica revolución en el mecanismo de devolución del IVA, que a partir del próximo enero se realizará con carácter mensual para las firmas que lo soliciten. Hasta ahora debían esperar entre 6 y 18 meses para recuperar ese dinero.
La posibilidad de ampliar los plazos de las hipotecas de forma gratuita, gracias a la eliminación de los gastos fiscales, de notaría y registro de estas operaciones, pretende solventar los problemas que pueden encontrarse algunas familias para hacer frente a sus obligaciones crediticias si alguno de sus miembros pierde el empleo en un escenario de previsible aumento del paro. El Gobierno ha pedido a las entidades financieras que apuesten decididamente por esta opción -también tendrán que ceder las comisiones que aplicaban por esos movimientos- para reducir al máximo los efectos de la crisis. En la práctica, es una medida similar a la que ha habilitado Estados Unidos para impedir un aluvión de ejecuciones hipotecarias.
Solbes llamará a los interlocutores sociales en las próximas semanas para iniciar un proceso de diálogo que conduzca a la adopción de iniciativas quizá de mayor calado que las aprobadas ayer. A la espera de esa discusión con sindicatos y empresarios, el Gobierno anunció también ayer un conjunto de fórmulas de inserción laboral de parados, con la vista puesta en la destrucción de empleo que ha comenzado a notarse en el sector de la construcción.
