JUNTAS GENERALES
La Diputación estudiará recuperar los descuentos a usuarios habituales de la A-8
El PSE defiende esta fórmula como alternativa a la gratuidad de la autopista que pide el resto de la oposición
Iñaki Hidalgo charla con la portavoz del PNV en presencia del diputado general. / MAIKA SALGUERO
OTROS ASUNTOS
El del peaje es un debate recurrente en las Juntas Generales, pero conviene seguirlo con atención. A veces, como en el pleno celebrado ayer en Gernika, los partidos cambian de postura o apuntan novedades de interés para los ciudadanos. El PSE, principal apoyo del PNV en su controvertida política de financiación de infraestructuras, presentará una iniciativa para recuperar los descuentos a los usuarios habituales de la A-8, que en Vizcaya se eliminaron hace casi cinco años y en Guipúzcoa se mantienen.
Este agravio comparativo ha alimentado las quejas de los vizcaínos que, por motivos de trabajo, recorren a diario la autopista. Cuando las diputaciones asumieron la titularidad de la infraestructura, en 2003, rebajaron las tarifas a la mitad, pero con una diferencia importante. Vizcaya suprimió el bonopeaje, que beneficiaba a 15.000 personas, y Guipúzcoa introdujo otros descuentos para los usuarios habituales, siempre que utilicen el TAG como medio de pago. La rebaja oscila entre el 25% y el 75%, que se aplica a partir de 20 viajes al mes.
Este sistema, hasta ahora proscrito en Vizcaya, se abordará próximamente en las Juntas Generales. «Es necesario abrir un debate en profundidad sobre el canon de la A-8», afirmó Nieves Terán tras anunciar la iniciativa. Lo estudiaremos cuando lo presenten», respondió en los pasillos el diputado de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo. Cualquier cambio en la política tarifaria, añadió, deberá afinar en la cuantía de los descuentos para evitar «quebrar el modelo económico de la autopista». Especialmente ahora que las obras de los terceros carriles han aumentado las necesidades de financiación.
Recaudación y gastos
El PSE plantea las bonificaciones como alternativa a la gratuidad de la A-8 que defiende el resto de los grupos de la oposición, una demanda que ha cobrado más fuerza desde que se levantaron las barreras en Usansolo. Ahora ya son todos los partidos, salvo socialistas y jeltzales, los que piden abiertamente la supresión del canon. EA, que como socio de gobierno apoyó al PNV en la batalla legal del peaje, que ha llegado al Supremo, se desmarcó ayer. «Los que vivimos lejos de Bilbao, en las comarcas que tienen las peores vías de comunicación, somos los únicos que pagamos la autopista. ¿Dónde queda el equilibrio territorial?», protestó Andoni Gezuraga. «Y con lo de Usansolo, en lugar de eliminar diferencias, las han aumentado».
EA votó a favor de la propuesta que presentaron el PP, EB y Aralar para cerrar todas las cabinas de pago, que también obtuvo el respaldo de ANV. La iniciativa, sin embargo, decayó por el rechazo de los dos partidos mayoritarios. Nerea Ahedo, del PNV, aseguró que el canon es «totalmente necesario» porque el desequilibrio de los flujos de tráfico «provocaría el colapso de la autopista».
El popular Jesús Isasi incidió en la «discriminación» que sufren los vecinos del Duranguesado y Busturialdea, obligados a usar la A-8 porque la N-634 «no es una alternativa digna». Además, aportó datos sobre la recaudación del peaje, que desde 2004 suma 157 millones frente a los 58 que se han gastado en mantenimiento. «También se han hecho muchas obras de mejora que nos van a mantener hipotecados años y años», replicó Nerea Ahedo. Iosu Murgia, de Aralar, calificó de «parche» la propuesta del PSE, que sin embargo tiene muchas posibilidades de salir adelante. El debate sobre los descuentos se extenderá a los ayuntamientos, adelantó el portavoz socialista, José Antonio Pastor.
Este agravio comparativo ha alimentado las quejas de los vizcaínos que, por motivos de trabajo, recorren a diario la autopista. Cuando las diputaciones asumieron la titularidad de la infraestructura, en 2003, rebajaron las tarifas a la mitad, pero con una diferencia importante. Vizcaya suprimió el bonopeaje, que beneficiaba a 15.000 personas, y Guipúzcoa introdujo otros descuentos para los usuarios habituales, siempre que utilicen el TAG como medio de pago. La rebaja oscila entre el 25% y el 75%, que se aplica a partir de 20 viajes al mes.
Este sistema, hasta ahora proscrito en Vizcaya, se abordará próximamente en las Juntas Generales. «Es necesario abrir un debate en profundidad sobre el canon de la A-8», afirmó Nieves Terán tras anunciar la iniciativa. Lo estudiaremos cuando lo presenten», respondió en los pasillos el diputado de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo. Cualquier cambio en la política tarifaria, añadió, deberá afinar en la cuantía de los descuentos para evitar «quebrar el modelo económico de la autopista». Especialmente ahora que las obras de los terceros carriles han aumentado las necesidades de financiación.
Recaudación y gastos
El PSE plantea las bonificaciones como alternativa a la gratuidad de la A-8 que defiende el resto de los grupos de la oposición, una demanda que ha cobrado más fuerza desde que se levantaron las barreras en Usansolo. Ahora ya son todos los partidos, salvo socialistas y jeltzales, los que piden abiertamente la supresión del canon. EA, que como socio de gobierno apoyó al PNV en la batalla legal del peaje, que ha llegado al Supremo, se desmarcó ayer. «Los que vivimos lejos de Bilbao, en las comarcas que tienen las peores vías de comunicación, somos los únicos que pagamos la autopista. ¿Dónde queda el equilibrio territorial?», protestó Andoni Gezuraga. «Y con lo de Usansolo, en lugar de eliminar diferencias, las han aumentado».
EA votó a favor de la propuesta que presentaron el PP, EB y Aralar para cerrar todas las cabinas de pago, que también obtuvo el respaldo de ANV. La iniciativa, sin embargo, decayó por el rechazo de los dos partidos mayoritarios. Nerea Ahedo, del PNV, aseguró que el canon es «totalmente necesario» porque el desequilibrio de los flujos de tráfico «provocaría el colapso de la autopista».
El popular Jesús Isasi incidió en la «discriminación» que sufren los vecinos del Duranguesado y Busturialdea, obligados a usar la A-8 porque la N-634 «no es una alternativa digna». Además, aportó datos sobre la recaudación del peaje, que desde 2004 suma 157 millones frente a los 58 que se han gastado en mantenimiento. «También se han hecho muchas obras de mejora que nos van a mantener hipotecados años y años», replicó Nerea Ahedo. Iosu Murgia, de Aralar, calificó de «parche» la propuesta del PSE, que sin embargo tiene muchas posibilidades de salir adelante. El debate sobre los descuentos se extenderá a los ayuntamientos, adelantó el portavoz socialista, José Antonio Pastor.
