ECONOMÍA
El charco de la legislatura
13.04.08 -
BARCELONA. La sequía permite pasear por la hasta ahora sumergida villa de Sant Roma. / REUTERS
Después de una complicada gestación, cabe esperar que la nueva Ley de Aguas se decida, por fin, a romper aguas. De esta manera la Directiva Marco quedará transpuesta, haciendo posible que las aguas vuelvan a su cauce. Del borrador filtrado antes de las elecciones destacan dos principios: defensa del medio ambiente y participación ciudadana. Pocas dudas caben sobre su bondad: el agua no es un bien como los demás, sino un patrimonio de los españoles presentes y futuros. Sin consenso, además, no hay seguridad jurídica, lo cual es una rémora para acometer inversiones ingentes y a largo plazo. La dificultad reside en cómo hacerlo sin desatar pasiones, considerando la multiplicidad de intereses en liza. El partido del Gobierno, después de la batalla del Ebro contra el PP, se enfrenta ahora a la del Segre, en lo que puede ser el prólogo de una larga guerra sin vencedores ni vencidos.
España es uno de los países europeos de mayor consumo de agua por habitante. Dos terceras partes de la demanda provienen de la agricultura, que cuenta con una de las extensiones de regadío más amplias de la UE. Pero, en general, su eficiencia es escasa, debido a la obsolescencia de las técnicas empleadas y a las pérdidas registradas en los canales de conducción. La demanda de la industria proviene principalmente de algunos sectores en declive, cuyas necesidades se irán reduciendo a medida que pierdan peso en el sistema productivo. El tercero en importancia es el consumo doméstico, cuyo aumento ha cogido en ocasiones por sorpresa a las autoridades locales. La falta de planificación urbanística en el pasado 'boom' inmobiliario ha provocado que, según informes de las confederaciones hidrográficas, haya más de 300.000 viviendas sin garantía de suministro.
Esta elevada demanda de agua tiene lugar en un país árido, de marcados contrastes en pluviosidad y temperatura. Disparidades agravadas por una sequía pertinaz, que se ha cebado con las cuencas mediterráneas. La oferta adolece, además, de grandes dosis de rigidez, debido a la cada vez menor rentabilidad del modelo de presa y trasvase. Tras más de un siglo de continua obra pública, nos hemos convertido en el quinto país del mundo en número de grandes presas. Las aguas subterráneas tampoco dan ya más de sí, como consecuencia de la proliferación de pozos ilegales. Esta sobreexplotación ha originado que humedales de alto valor ecológico, como las Tablas de Daimiel, estén en trance de desaparecer. De seguir así, y aunque la tecnología pueda darnos un respiro, el cambio climático hará la situación insostenible. Según los expertos, a medio plazo, España corre el riesgo de africanizarse.
Desde finales del siglo XIX los gobiernos españoles, inspirados en los ideales del regeneracionista Joaquín Costa, han jugado con la ilusión de que había agua para todos. Era una política centrada en la oferta, cuyos precios, al no recoger el coste de las infraestructuras hidráulicas, alimentaban unas expectativas ilimitadas. La nueva política del agua precisa dar más protagonismo a la gestión de la demanda, reconociendo que es un recurso escaso. No podemos continuar dedicando dinero público a subvencionar a los usuarios. La Directiva Marco exige que antes de 2010 los precios se basen en la plena recuperación de costes. Una política tarifaria realista es, además, necesaria para despolitizar el debate de los trasvases. Aunque no es suficiente, ya que junto con el agua se transfieren riqueza, poder y futuro.
El agua no sólo es un problema técnico, también es un problema político en el que es preciso optar entre objetivos alternativos. Pero nuestras decisiones no pueden llevarnos a enmendar el orden dispuesto por la Naturaleza. Y eso es lo que hemos hecho con el modelo territorial, quebrando la unidad de gestión de cuencas hidrográficas que regía en España desde 1926. Para colmo de males, el proceso de reformas estatutarias, al carecer de directrices precisas, ha sido aprovechado por algunas comunidades para blindar 'sus' ríos. Así el nuevo Estatuto de Aragón se reserva para su uso exclusivo nada menos que 6.550 hectómetros cúbicos. El de Castilla-La Mancha ha fijado en 2015 la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura. Y así un largo etcétera, que ha tenido como corolario, a medida que se aprobaban los Estatutos reformados, una avalancha de recursos ante el Tribunal Constitucional.
La nueva Ley de Aguas, con toda seguridad, no va a ser del agrado de todos. Discutir sobre el agua es discutir sobre la ordenación del territorio, lo cual siempre es fuente de conflictos. Gestionar la demanda de ese codiciado recurso requiere adoptar una política de precios realista. Pero una política de esa naturaleza conlleva una profunda reestructuración del regadío agrícola, cuyo impacto variará de unas regiones a otras. Por eso es deseable, a fin de minimizar su coste, que el Estado preserve sus competencias hidrológicas. Tanto más por cuanto, paralelamente, debemos prepararnos para hacer frente al cambio climático, que va a requerir flexibilidad y, sobre todo, dinero. La buena noticia es que en esta ocasión contamos con una fuente de legitimidad para defender al Estado: la que otorga la Directiva Marco europea. Lo cual, todo sea dicho de paso, no deja de ser una triste ironía.
España es uno de los países europeos de mayor consumo de agua por habitante. Dos terceras partes de la demanda provienen de la agricultura, que cuenta con una de las extensiones de regadío más amplias de la UE. Pero, en general, su eficiencia es escasa, debido a la obsolescencia de las técnicas empleadas y a las pérdidas registradas en los canales de conducción. La demanda de la industria proviene principalmente de algunos sectores en declive, cuyas necesidades se irán reduciendo a medida que pierdan peso en el sistema productivo. El tercero en importancia es el consumo doméstico, cuyo aumento ha cogido en ocasiones por sorpresa a las autoridades locales. La falta de planificación urbanística en el pasado 'boom' inmobiliario ha provocado que, según informes de las confederaciones hidrográficas, haya más de 300.000 viviendas sin garantía de suministro.
Esta elevada demanda de agua tiene lugar en un país árido, de marcados contrastes en pluviosidad y temperatura. Disparidades agravadas por una sequía pertinaz, que se ha cebado con las cuencas mediterráneas. La oferta adolece, además, de grandes dosis de rigidez, debido a la cada vez menor rentabilidad del modelo de presa y trasvase. Tras más de un siglo de continua obra pública, nos hemos convertido en el quinto país del mundo en número de grandes presas. Las aguas subterráneas tampoco dan ya más de sí, como consecuencia de la proliferación de pozos ilegales. Esta sobreexplotación ha originado que humedales de alto valor ecológico, como las Tablas de Daimiel, estén en trance de desaparecer. De seguir así, y aunque la tecnología pueda darnos un respiro, el cambio climático hará la situación insostenible. Según los expertos, a medio plazo, España corre el riesgo de africanizarse.
Desde finales del siglo XIX los gobiernos españoles, inspirados en los ideales del regeneracionista Joaquín Costa, han jugado con la ilusión de que había agua para todos. Era una política centrada en la oferta, cuyos precios, al no recoger el coste de las infraestructuras hidráulicas, alimentaban unas expectativas ilimitadas. La nueva política del agua precisa dar más protagonismo a la gestión de la demanda, reconociendo que es un recurso escaso. No podemos continuar dedicando dinero público a subvencionar a los usuarios. La Directiva Marco exige que antes de 2010 los precios se basen en la plena recuperación de costes. Una política tarifaria realista es, además, necesaria para despolitizar el debate de los trasvases. Aunque no es suficiente, ya que junto con el agua se transfieren riqueza, poder y futuro.
El agua no sólo es un problema técnico, también es un problema político en el que es preciso optar entre objetivos alternativos. Pero nuestras decisiones no pueden llevarnos a enmendar el orden dispuesto por la Naturaleza. Y eso es lo que hemos hecho con el modelo territorial, quebrando la unidad de gestión de cuencas hidrográficas que regía en España desde 1926. Para colmo de males, el proceso de reformas estatutarias, al carecer de directrices precisas, ha sido aprovechado por algunas comunidades para blindar 'sus' ríos. Así el nuevo Estatuto de Aragón se reserva para su uso exclusivo nada menos que 6.550 hectómetros cúbicos. El de Castilla-La Mancha ha fijado en 2015 la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura. Y así un largo etcétera, que ha tenido como corolario, a medida que se aprobaban los Estatutos reformados, una avalancha de recursos ante el Tribunal Constitucional.
La nueva Ley de Aguas, con toda seguridad, no va a ser del agrado de todos. Discutir sobre el agua es discutir sobre la ordenación del territorio, lo cual siempre es fuente de conflictos. Gestionar la demanda de ese codiciado recurso requiere adoptar una política de precios realista. Pero una política de esa naturaleza conlleva una profunda reestructuración del regadío agrícola, cuyo impacto variará de unas regiones a otras. Por eso es deseable, a fin de minimizar su coste, que el Estado preserve sus competencias hidrológicas. Tanto más por cuanto, paralelamente, debemos prepararnos para hacer frente al cambio climático, que va a requerir flexibilidad y, sobre todo, dinero. La buena noticia es que en esta ocasión contamos con una fuente de legitimidad para defender al Estado: la que otorga la Directiva Marco europea. Lo cual, todo sea dicho de paso, no deja de ser una triste ironía.
