El Correo Digital

El bipartidismo no es ya lo que era. Por lo menos, no lo que afirmaba la teoría canónica sobre la cuestión. En efecto, el pensamiento hegemónico en España dice que el bipartidismo patrio es un defecto, entre otras cosas, porque convierte a los partidos nacionalistas en árbitros únicos de la pugna entre los dos grandes partidos nacionales, dada la inexistencia de terceras fuerzas significativas de alcance nacional. De lo cual resulta que los partidos nacionalistas obtienen un poder de control e influencia muy superior a su representatividad en términos numéricos. Bueno, pues resulta que eso no es así en la situación actual, por mucho que ésta sea plenamente bipartidista.

La razón es sencilla de ver, aunque más compleja de explicar: para que los partidos nacionalistas o, en general, los terceros partidos, puedan ejercer en plenitud su papel de árbitros del sistema es preciso que puedan apoyar indistintamente a uno u otro de los dos grandes partidos nacionales. La fuerza frente a uno nace sobre todo de la posibilidad de votar al otro. Pues bien, en España hoy en día ni los partidos nacionalistas ni nadie pueden apoyar al Partido Popular, porque éste se encuentra demonizado para el resto del sistema. De lo que resulta que los nacionalistas pueden apoyar a los socialistas o no, pero nunca pueden inquietarles realmente, pues no pueden pensar siquiera en colaborar con la alternativa de poder. Las toneladas de invectivas y retórica más o menos demagógica que los nacionalistas han vertido estos años sobre la derecha española han conseguido un curioso efecto de rebote: que la colaboración con ella se haya convertido en algo «no pensable». De manera que ellos mismos se han hurtado la llave que les otorgaría auténtica influencia.

Naturalmente que ésta es una situación transitoria y que, a poco que el Partido Popular actúe con sensatez, recuperará una posición más centrada que permita a otros apoyarle o, por lo menos, amagar con hacerlo. También es cierto que para sacar adelante ciertas iniciativas (presupuestos, leyes significativas) los socialistas precisarán del voto de los nacionalistas. Aunque ése es un voto que, como la práctica demuestra, siempre se puede obtener a cambio de un precio (una infraestructura, un tren o un trasvase). Pero lo que debilita a un Gobierno no es tener que pagar peajes concretos, sino estar amenazado en su estabilidad por una coalición o una pinza de la oposición. Y eso ha quedado excluido a medio plazo. Cuando Julio Anguita dirigió Izquierda Unida fue más listo, y por eso mantuvo siempre abierta la posibilidad de hacer pinza.

Esta situación es altamente favorable para los socialistas, que además la han apuntalado con su inteligente táctica de renunciar de antemano a la investidura en primera vuelta. El nítido mensaje que han enviado es la de que saben que son la única opción de alianza para los nacionalistas y que, por ello, les basta con dejarse querer. Como se ha visto en los debates, esta cómoda posición les permite desplazar el foco de la atención sobre los demás y someterles a una especie de sesión de investidura invertida: ¿Qué ofrecen ustedes para la gobernabilidad y el progreso? Este ha sido el examen al que se han tenido que someter todos los demás para investirse como oposición.

Este desplazamiento del foco de la exigencia le viene muy bien al Gobierno en unos tiempos que no están ya para alegrías. Y genera entre sus aliados-opositores inevitables contradicciones. Euskadi es un perfecto ejemplo de ello: el foco público, difuso pero poderoso, ha centrado hoy su exigencia en los nacionalistas. Es a ellos a quienes la sensibilidad popular pide hoy movimientos significativos (bajarse del monte). Hace años los nacionalistas utilizaban con éxito el latiguillo de «hay que moverse», «el que no arriesga es un inmovilista». Hoy, para la opinión pública, es a ellos a los que les toca volver. Sin moverse de su sitio, los socialistas han conseguido que el PNV ceda y acuerde exigir a la alcaldesa de Mondragón su dimisión. Y es curioso subrayar que, al pedir la dimisión de los concejales radicales que no condenen la violencia asesina, el PNV está asumiendo la filosofía implícita de la Ley de Partidos, que siempre definió como una monstruosidad. Pues si quien no condena la violencia no puede ser alcalde o concejal por razones de ética mínima, tampoco debería poder ser parlamentario o juntero. En definitiva, no debería poder presentarse a ninguna elección pues él mismo se ha inhabilitado para un cargo democrático. Justo lo que dice la tan denostada Ley de Partidos.

La economía va a someter a duras pruebas al Gobierno socialista. Pero la política, por el contrario, va a centrar sus exigencias en las oposiciones, y va a pasar factura a quien se distancie demasiado de la sensibilidad más difundida en estos tiempos. Que es la de que ahora toca sosiego y tranquilidad.