
Las cuatro organizaciones ignoraron en febrero un requerimiento del Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, para que aportaran una serie de documentos a la investigación sobre el hecho de que Euskadi sea la única comunidad autónoma en la que las grandes superficies no abren en esas fechas. El citado organismo amenaza ahora a los sindicatos con una sanción por incumplir el «deber de colaboración», y la respuesta la dieron ayer en Vitoria.
Los secretarios generales de LAB, UGT y CC OO -Rafa Díez, Dámaso Casado y Josu Onaindi, respectivamente- y el secretario general adjunto de ELA, Adolfo Muñoz, que sustituyó a José Elorrieta por una indisposición del líder de la central nacionalista, abrieron la marcha tras una pancarta en la que se leía: 'Por la libertad sindical. No a los ataques'. El objeto de la demostración de fuerza, que acabó frente al palacio de Ajuria Enea, era reclamar al Gobierno vasco el archivo de la investigación antes de que derive en un expediente sancionador. Según Adolfo Muñoz, no cabe otra solución.
Los sindicatos acusan al Ejecutivo autonómico de «utilizar las normas sobre defensa de la competencia como herramientas de control sindical», recurriendo para ello al servicio dependiente de la consejería de Hacienda, según indica la proclama que se leyó al final de la marcha. «Se quiere aplicar una normativa del mercado de bienes y servicios para una intromisión ilegítima de un órgano administrativo en la supervisión de la actividad de los sindicatos», insiste el manifiesto.
Respuesta de Hacienda
El departamento que dirige Idoia Zenarruzabeitia desmintió estas imputaciones horas después de finalizada la marcha a Ajuria Enea. Lo hizo a través de una nota en la que, tras proclamar que los órganos de defensa de la competencia son «autónomos» y «actúan con plena independencia», acusa a los sindicatos de plantear una falsa denuncia.
Los responsables gubernativos explican que las centrales «pretenden contraponer, de manera falsa y maniquea, el derecho a la libertad sindical con la defensa de los intereses de los consumidores». Ante esto añaden que «el Gobierno, como garante de ambas, ni ha hecho esa contraposición ni la va a hacer nunca».






