Ezker Batua advierte de que no apoyará "ninguna consulta" que "desborde la legalidad vigente" porque supondría "privar de legitimidad" y "restar consenso" a "todo el proceso subsiguiente". Además, reclama que la iniciativa proponiendo un posible cambio en el marco de convivencia sea respaldada por una "mayoría absoluta del censo" y "en ausencia de violencia". En caso de que la banda armada siguiera actuado, cree que se debería instar a los ciudadanos a pronunciarse "expresamente" contra el uso de la violencia de ETA.
El documento político que se presentará a la VII Asamblea de EB a celebrar a finales de 31 de mayo y 1 de junio y remitido a las agrupaciones locales de la formación para la presentación de enmiendas, alude a la posibilidad del rechazo de un proceso de negociación del Ejecutivo vasco por parte del Gobierno central. En ese caso, según manifiesta, la coalición de izquierda defendería una consulta a la ciudadanía vasca para conocer "si realmente quiere o entiende necesario un cambio del marco de convivencia actual, que implicase el reconocimiento del derecho a decidir y, en su caso, el rechazo al uso de la violencia por parte de ETA ".
A su juicio, la consulta constituirá "una herramienta democrática propia de la democracia participativa" que no persigue "propiciar ningún choque de legitimaciones entre la sociedad vasca y las Cortes Generales". "No se trata de celebrar un referéndum jurídicamente vinculante, cuya convocatoria es parte exclusiva del Estado", aclara. También indica que se consultaría a los ciudadanos antes de que los partidos realicen "cualquier propuesta concreta sobre cómo orientar dicha reforma". "No pueden -señala- repetirse los errores del pasado, donde hemos ido conociendo cómo unos pocos líderes políticos han intentado abordar esta cuestión esencial de nuestra sociedad sin contar con la misma".
"Chupinazo político"
La consulta debería ser, a su juicio, el inicio de "un auténtico proceso político muy diferente del vivido en el 'proceso de paz'" y equivalente a "un chupinazo político que evidenciaría el comienzo de un nuevo ciclo", con un papel "idéntico" al que, en el caso irlandés, pudo representar la Declaración de Downing Street. "Sólo si mediante la consulta se detectase un claro apoyo popular al cambio del actual marco de convivencia, EB entendería necesario acometer su incorporación al actual Estatuto de Gernika", añade.
A juicio de EB, ésta debe estar "expresamente autorizada por el Parlamento vasco a petición del Gobierno vasco " y contener su forma de celebración, "la pregunta o preguntas a consultar y la mayoría precisa para que pueda entenderse que una voluntad clara de la sociedad vasca apoya la necesidad de regular el reconocimiento y ejercicio del derecho a decidir". Además, cree que debe ser apoyada por "una mayoría absoluta del censo electoral" y "no sólo de los potenciales votantes".
EB considera preciso que antes de acometer la reforma estatutaria, "todas las fuerzas políticas vascas, sin exclusiones" se presenten a una elecciones al Parlamento vasco "específicamente convocadas a tal efecto".
Reforma estatutaria
El documento que EB defendería para regular jurídicamente el derecho a decidir, en unas eventuales elecciones, -en caso de que, en la consulta previa una amplia mayoría social demandase este instrumento para la resolución del llamado conflicto vasco-, incluiría una reforma el actual Estatuto de Gernika, con una nueva competencia de las instituciones vascas en materia de referéndum "ya jurídicamente vinculante en todas aquellas materias que fueran de competencia exclusiva".
También sugeriría la modificación del texto estatutario para reconocer el derecho a decidir de la sociedad vasca , con el fin de "regular en qué condiciones y con qué efectos Euskadi podría realizar un referéndum en su propio ámbito de decisión relativo a sus relaciones con el Estado español, en el actual marco constitucional y a través del procedimiento de modificación estatutaria".
"Este nuevo referéndum se debería convocar por las autoridades vascas antes de remitir al Congreso de los Diputados un hipotético nuevo Estatuto vasco, para ratificar la Propuesta acordada en el Parlamento vasco o con el objetivo de que la ciudadanía expresara sus preferencias sobre un texto u otro de no alcanzarse un acuerdo en el Parlamento vasco ".
No imponer
EB dice que no pretende "imponer sin más al Estado la decisión que pudiera generarse en el ámbito vasco ", por lo que la consulta previa sería, exclusivamente, "para la puesta en marcha de un proceso de negociación con el Estado", que "podría rechazar llegar a un acuerdo sobre la Propuesta remitida desde Euskadi ". También se muestra dispuesto a aceptar que las Cortes negociaran con el Parlamento vasco, "antes de delegar en las instituciones vascas la competencia para poder convocar referendos vinculantes, qué mayorías y qué preguntas serían preciso alcanzar y fijar, con toda claridad, para un referéndum".
"No estamos contemplando un referéndum de autodeterminación al margen de la Constitución, sino una consulta sobre un nuevo Estatuto de autogobierno para Euskadi que, de ser apoyada por la sociedad vasca , con la mayoría pactada con el Estado, obligase al mismo a negociar sobre dicha Propuesta por el procedimiento seguido para aprobar el vigente Estatuto de Gernika", precisa.
A juicio de EB, la obligación de que la negociación de la reforma entre Parlamento vasco y Cortes generales dependa de un referéndum con el aval mayoritario de la sociedad vasca y no de "tal o cual fuerza política" impediría que, como ocurrió con el Plan Ibarretxe, las Cortes Generales "rechacen su consideración".
Lo "novedoso" de la propuesta de EB, basada en el modelo que avala la Corte Suprema del Canadá en relación a Québec, es que "si la propuesta de reforma del Estatuto viniera apoyada por una amplia mayoría de la sociedad vasca consultada en referéndum, existiría una mayor dificultad para que las Cortes Generales rechazaran alcanzar un acuerdo". "Lo que logra esta formulación es crear obligatoriamente un espacio a la negociación política antes de que las Cortes Generales pudieran rechazar, por inconstitucional, cualquier propuesta de modelo avalado por los vascos ", asegura.
Defensa del actual marco
Mientras no se reconozca el reconocimineto y ejercicio del derecho a decidir, EB mantendrá su "compromiso con el actual marco de autogobierno vasco ", recogido en el Estatuto de Gernika, frente a los sectores del nacionalismo que afirman que "ha muerto" aunque desmarcándose de sus "supuestos defensores" que lo han "incumplido" desde su responsabilidad en los gobiernos del Estado.
La defensa del texto estatutario no es "incompatible", a su juicio, con la exigencia para abordar un debate sobre un nuevo modelo de convivencia para Euskadi . Además, recuerda su propuesta para la "superación del Estado de las autonomías y el establecimiento de un pacto federal, solidario y libremente aceptado con el Estado español", el federalismo de Libre Adhesión.
Por otra parte, EB defiende la conformación de gobiernos transversales entre fuerzas nacionalistas y no nacionalistas, condicionando su apoyo a la aceptación de "elementos del programa político, de fuerte calado social, económico y ambiental". Además, aboga por la convivencia "entre la acción de gobierno y de oposición" y de compatibilizar la acción institucional "con estrategias de colaboración política sobre el terreno con otras fuerzas de izquierda".
También exige el "absoluto respeto, reconocimiento y solidaridad con las víctimasdel terrorismo", apuesta por la ampliación de "medidas que ya existen en su beneficio" y rechaza "la utilización partidista e interesada del sufrimiento".