experiencia pionera
El 65% de las mediaciones penales acaba en acuerdo entre la víctima y el acusado
El servicio se implantó en 2007 en Barakaldo y Vitoria como experiencia «pionera» en España Azkarraga plantea extenderlo a otros juzgados
Palacio de Justicia de Vitoria, donde se ha realizado la iniciativa. / E. C.
LOS RESULTADOS
Cuando alguien es víctima, por ejemplo, de un robo perpetrado por un familiar o un conocido, el proceso penal no da respuesta al hondo sentimiento de frustración y abatimiento que siente el afectado. Y, por lo general, tampoco hace reflexionar al delincuente. Para casos como este, el Gobierno vasco impulsó el año pasado en Vitoria y Barakaldo los servicios de mediación penal en adultos (para menores ya existía y está regulado). Tras unos meses en funcionamiento, la pionera experiencia parece haber dado sus frutos: en el 65% de los casos, víctima e infractor lograron llegar a un acuerdo y, según un estudio del Departamento de Justicia, las partes involucradas hacen un «balance positivo» de la experiencia.
El consejero Joseba Azkarraga presentó ayer la evaluación del servicio de mediación penal que avala estos resultados. El estudio sale a la luz nueve meses después de que el sistema se haya implantado en Barakaldo y tras medio año de funcionamiento en Vitoria. «Se trata de unas iniciativas novedosas y pioneras a nivel estatal», aseguró Azkarraga, porque «junto a la de Barcelona, son las únicas impulsadas por la Administración en todo el Estado». Con ellas, Euskadi pretende «situarse en la órbita de los países avanzados en Europa en la consecución de una justicia restaurativa».
El Departamento de Justicia está hasta tal punto satisfecho que plantea «seguir consolidando y extendiendo» el sistema en otros juzgados vascos. Sin embargo, se trata de un mecanismo que no está regulado en las leyes procesales penales, por lo que Azkarraga pidió al Ministerio de Justicia, competente en este asunto, «regular este mecanismo de resolución de conflictos».
Cooperación con jueces
De momento, el sistema se basa en la cooperación con los órganos judiciales y los fiscales. Cuando un juez se encuentra con una falta o delito susceptibles de mediación, pone en marcha el mecanismo. Por lo general, se trata de faltas y delitos de escasa gravedad en los que existe un vínculo -familiar, laboral, vecinal...- entre víctima e infractor. Además, sólo se da este mecanismo de resolución cuando el acusado reconoce los hechos.
En esos casos, se envían cartas a las dos partes ofreciendo el servicio y mediadores contratados por el Gobierno vasco se reúnen por separado con víctima e infractor con vistas a una cita en común para tratar de resolver sus diferencias. Con el mediador de testigo, se trata de que ambos lleguen a un acuerdo para reparar el daño y recomponer las relaciones de cara al futuro. Sin embargo, esto no implica que el delincuente quede libre de pena en el juzgado, aunque sí es posible que el arrepentimiento y la reparación del daño sean contemplados por el juez como circunstancias atenuantes.
En Barakaldo, los juzgados han derivado 67 casos a este civilizado servicio de resolución de conflictos. De ellos, 49 se han cerrado ya, y 29 mediaciones acabaron en acuerdo. Por su parte, en Vitoria llegaron 47 expedientes, de los que sólo se han cerrado 14. Sin embargo, la inmensa mayoría, 12, han tenido final feliz. Así, en el 65% de los asuntos cerrados se ha conseguido llegar a un acuerdo.
El consejero Joseba Azkarraga presentó ayer la evaluación del servicio de mediación penal que avala estos resultados. El estudio sale a la luz nueve meses después de que el sistema se haya implantado en Barakaldo y tras medio año de funcionamiento en Vitoria. «Se trata de unas iniciativas novedosas y pioneras a nivel estatal», aseguró Azkarraga, porque «junto a la de Barcelona, son las únicas impulsadas por la Administración en todo el Estado». Con ellas, Euskadi pretende «situarse en la órbita de los países avanzados en Europa en la consecución de una justicia restaurativa».
El Departamento de Justicia está hasta tal punto satisfecho que plantea «seguir consolidando y extendiendo» el sistema en otros juzgados vascos. Sin embargo, se trata de un mecanismo que no está regulado en las leyes procesales penales, por lo que Azkarraga pidió al Ministerio de Justicia, competente en este asunto, «regular este mecanismo de resolución de conflictos».
Cooperación con jueces
De momento, el sistema se basa en la cooperación con los órganos judiciales y los fiscales. Cuando un juez se encuentra con una falta o delito susceptibles de mediación, pone en marcha el mecanismo. Por lo general, se trata de faltas y delitos de escasa gravedad en los que existe un vínculo -familiar, laboral, vecinal...- entre víctima e infractor. Además, sólo se da este mecanismo de resolución cuando el acusado reconoce los hechos.
En esos casos, se envían cartas a las dos partes ofreciendo el servicio y mediadores contratados por el Gobierno vasco se reúnen por separado con víctima e infractor con vistas a una cita en común para tratar de resolver sus diferencias. Con el mediador de testigo, se trata de que ambos lleguen a un acuerdo para reparar el daño y recomponer las relaciones de cara al futuro. Sin embargo, esto no implica que el delincuente quede libre de pena en el juzgado, aunque sí es posible que el arrepentimiento y la reparación del daño sean contemplados por el juez como circunstancias atenuantes.
En Barakaldo, los juzgados han derivado 67 casos a este civilizado servicio de resolución de conflictos. De ellos, 49 se han cerrado ya, y 29 mediaciones acabaron en acuerdo. Por su parte, en Vitoria llegaron 47 expedientes, de los que sólo se han cerrado 14. Sin embargo, la inmensa mayoría, 12, han tenido final feliz. Así, en el 65% de los asuntos cerrados se ha conseguido llegar a un acuerdo.
