El Correo Digital

El Departamento de Educación confirmó ayer su intención de avanzar hacia un sistema de enseñanza en Euskadi en el que los colegios concertados que ofrezcan un servicio igual a los de la red pública reciban la misma financiación, como adelantó el domingo EL CORREO. La consejería en manos de EA aseguró que prepara la Ley del Sistema Educativo Vasco, en la que se recogen los requisitos que deberán satisfacer los centros privados subvencionados para considerar que cumplen esa función equiparable a la de las escuelas. La nueva normativa valorará el número de alumnos, la proporción de inmigrantes en sus aulas, los progresos en el plurilingüismo, los planes de convivencia o el tratamiento de las necesidades especiales -integración de niños con discapacidades-.

Resulta «razonable» que a «obligaciones idénticas» los centros tengan condiciones «equivalentes», argumentaron desde la consejería. «No es lo mismo una hora de clase en un aula en la que hay integración de escolares con problemas de aprendizaje o inmigración, que en otra que no hay diversidad. Si a las escuelas les damos profesores de refuerzo y desdoblamos clases también se asignarán esos medios a los concertados si cumplen la misma función», recalcaron los portavoces. En todo caso, siempre se mantendrá «un trato preferente» a la red pública ya que el Gobierno vasco la considera como «la columna vertebral del sistema educativo vasco».

Esta nueva normativa -en la que Educación trabaja desde hace meses y de la que la consejería no había aportado detalle alguno hasta ahora- regulará las condiciones exigidas para considerar que un colegio actúa «con filosofía de servicio público» y pueda así recibir una financiación completa. Definirá también todas las etapas de la enseñanza, desde Infantil a Bachillerato; y marcará los planes generales de multiculturalidad, convivencia, atención a escolares con necesidades especiales o plurilingüismo e iniciativas para rebajar el fracaso escolar.

La elaboración de esa futura Ley del Sistema Educativo Vasco -prevista en el programa de Gobierno del equipo de EA y que ya anunciaba la anterior consejera, Anjeles Iztueta- se encuentra aún en fase «preliminar», porque el departamento de Campos está enfrascado en ultimar la normativa para reformar los modelos lingüísticos, que supondrá en la práctica la desaparición de la enseñanza en castellano. «En esta legislatura nos ha tocado renovar una cantidad ingente de legislación», justificaron desde Educación. En todo caso, es difícil que la consejería disponga de tiempo suficiente para sacar adelante la ley del sistema educativo cuando todavía no ha llevado al Parlamento vasco la reforma de modelos, para la que no cuenta con el respaldo de los partidos políticos.

Ikastolas y Kristau

El departamento admitió ayer que el incremento de las subvenciones a los colegios concertados no precisaría de la elaboración de una nueva legislación. Sin embargo, asegura que la negociación que mantienen con la patronal de los colegios privados-subvencionados para la renovación de los conciertos educativos desde el curso 2008-2009 hasta el 2011-2012 «no está relacionada» con el futuro sistema de financiación de la red privada que se regulará por ley. El equipo de Campos desvinculó también la concesión de subvenciones a los colegios de la «aprobación y desarrollo del currículum vasco», un documento donde se recoge lo que debe aprender un escolar en Euskadi y que actualmente está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por considerar el euskera como lengua principal en la escuela.

Las patronales de la enseñanza concertada -colegios religiosos (Kristau Eskola) e ikastolas privadas (Partaide)- van más rápido. Han presentado ya su propuesta de acuerdo sobre financiación completa de los centros, que ahora revisan los técnicos de Educación. En ese borrador de convenio argumentan que necesitan la financiación plena para lograr los retos que marca el currículum, entre ellos la euskaldunización y el tratamiento de la diversidad.

En el pacto se comprometen por escrito a alcanzar los futuros objetivos del sistema educativo vasco tanto en plurilingüismo como en calidad de enseñanza. Los colegios 'de pago' se someterían también, en virtud de ese pacto, a evaluaciones periódicas para demostrar que cumplen las directrices del Gobierno vasco, según los fondos recibidos de la Administración, y a realizar auditorías y presentar sus cuentas.

Los responsables de los colegios subvencionados por la Administración vasca detallan en su propuesta las aportaciones que debería hacer el Gobierno vasco para lograr la financiación plena de los centros de titularidad privada en el año 2012. No vinculan este plan financiero con la aprobación de ley alguna. De hecho, esperaban haber cerrado el acuerdo con el Ejecutivo autónomo durante este mes.