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ALBERTO ARRATE, ABOGADO
«Las sanciones son castigos simbólicos para las empresas»
06.04.08 -

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«Las sanciones son castigos simbólicos para las empresas»
El abogado, en Basauri.
El 'boom' de la telefonía móvil, allá por el 2000, multiplicó las antenas en los tejados y evidenció las carencias de la Administración para poner freno a la proliferación de estas estaciones, que han sembrado la alarma entre los vecinos que conviven con ellas. Satisfacer un servicio público y garantizar la salud de las personas es el difícil equilibrio que buscan los ayuntamientos, con potestad para regular la instalación de estas polémicas infraestructuras. Sobre las competencias municipales y los 'peros' que ponen las operadoras habló el viernes en las 'Jornadas sobre contaminación electromagnética y salud' de Basauri el abogado eibarrés Alberto Arrate, que desde hace 10 años defiende los intereses de vecinos y municipios frente a las empresas de telefonía.

-¿Hay un vacío legal en lo que respecta a la instalación de antenas?

-Sí. Hay un Real Decreto, que se aprobó deprisa y corriendo a raíz de un caso sucedido en Erandio, donde hace siete años un juez precintó una antena porque ponía en riesgo la salud de una niña que vivía en las inmediaciones, y otro en Valladolid, donde se detectaron varios niños con leucemia en un colegio próximo a una estación de telefonía. Esa legislación impone un límite de potencia, pero es enorme, de 450 mocrovatios, que no se registra ni abrazado a la antena. Así que queda en papel mojado. Algunos ayuntamientos han comenzado a subsanar estas lagunas mediante ordenanzas, pero no se está regulando con una buena planificación porque ni siquiera saben cuántas antenas hay exactamente en su territorio.

-¿Puede un ayuntamiento negarse a su instalación?

-No, porque es un servicio público; es como si intentara prohibir el paso de los coches. Debe regularizar su colocación. Un nivel de garantía sería que las personas no estuvieran expuestas a más de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado y que la antena estaría alejada 610 metros.

-Algunos quieren sacarlas de los núcleos urbanos. ¿Lo pueden hacer?

-Sí, es legal. Lo que pasa es que las antenas han proliferado sin ningún tipo de control y hay unos derechos adquiridos. No es una cuestión fácil. El Ayuntamiento tiene que disponer de una ordenanza y una alternativa para el nuevo emplazamiento de las torres.

-Podrían reservar un espacio a las afueras para estas instalaciones.

-Sería muy interesante. Se daría una solución a las operadoras y se velaría por la protección de los ciudadanos. Otra cuestión sería la posición que tendrían las compañías, porque admitir este alejamiento supondría reconocer que hay un perjucio en su actividad.

-Algunos ayuntamientos hacen uso de moratorias y llevan años prohibiendo instalar antenas a la espera de elaborar una ordenanza.

-Es un tema controvertido con distintas opiniones judiciales. Hay tribunales que dicen que sí es posible y otros que no.

-O sea que la Administración no tiene todas las de ganar ante el juez.

-Algo ya han ganado, que es la potestad de poder redactar una normativa, ya que las operadoras alegan que ésta es una competencia exclusiva del Estado y que los ayuntamientos no tienen nada que hacer aquí. Pero no fácil ya que los consistorios no deben interferir en el servicio prestado por las telecomunicaciones, prioritario en nuestra sociedad .

-Pero pueden sancionar a las empresas sin licencia.

-Cuando una actividad precisa licencia y no la tiene se abre un expediente sancionador, pero mientras no esté bien regulado es muy difícil que haya una sanción importante. Para las empresas son castigos simbólicos, ya que una compañía gana por cada estación base de telefonía colocada más de 6.000 euros netos al día. Y en España hay 40.000 antenas.

-A muchos vecinos les compensa económicamente colocar una antena en el tejado.

-Sí, pero si hay conflicto con el Ayuntamiento, éste tendría las de ganar. Hay problemas, incluso, entre los propios vecinos, que necesitan la aprobación unánime para poner una antena.
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