
EL NUEVO EDIFICIO
Este temor ensombreció de alguna manera el acto que ayer celebró la colocación de la primera piedra de la ampliación. Este privilegio correspondió a cuatro ex trabajadores de la mina liderados por un emocionado presidente de la Fundación del Museo, Carmelo Uriarte, a quien felicitaron miembros del Ayuntamiento, la Diputación y los Gobiernos vasco y central. «Con nuestra paciencia y vuestro dinero haremos un gran museo», bromeó el responsable. De hecho, la obra, que se prolongará durante los próximos años, alcanzará los 7 millones de euros de inversión.
Un proyecto avanzado
Pocos asistentes se resistieron al impulso de asomarse al borde la mina, que en la actualidad alberga el punto de mayor profundidad del territorio histórico. Este hito, sin embargo, podría esfumarse si se inicia el anunciado vertido de tierras. Y es que, según advirtió el alcalde de Abanto, Manu Tejada, el proyecto «está muy avanzado».
La Sepi, de esta manera, sólo permanece a la espera de que le concedan los permisos pertinentes. El primero ya fue entregado en octubre de 2007 por el departamento de minas del Gobierno vasco. «Ahora nos encontramos en labores de puesta en seguridad de la mina y el relleno de ésta no interfiere con nuestros trabajos», apuntó un técnico de este organismo. Y eso a pesar de que el yacimiento cuenta con una capacidad de 5 millones de metros cúbicos, de los cuales quedarían cubiertos dos. «No supera el nivel freático, por lo que no impide el filtrado del agua», detalló la misma fuente.
Ahora la última palabra queda en manos del departamento de Medio Ambiente, que tampoco se opone al relleno, aunque concederá el permiso en función del material que se arroje sobre la mina. «Tenemos que comprobar que los restos son inertes y asegurarnos de que no tengan residuo alguno». Este hecho podría retrasar el vertido, ya que el suelo del que procede la tierra está dentro del 16,5% del territorio vasco considerado potencialmente contaminado.
Mientras, el museo minero trata de jugar su última baza al solicitar al Ejecutivo que se considere el yacimiento como bien de interés cultural. El trámite avanza lentamente, al tiempo que se disputa la carrera por salvar la mina.










