El Correo Digital

«El campo de las prácticas de salud alternativas o complementarias se está convirtiendo en un terreno fértil para maniobras abusivas y diversas formas de intrusismo con el consiguiente perjuicio de los profesionales acreditados». La Asociación de Ayuda a las Víctimas de Manipulación Sectárea alertó ayer en el Parlamento vasco sobre la proliferación de «grupos de manipulación psicológica en ámbitos de la salud física y mental» en Euskadi, además de pedir a los responsables políticos que «regulen» y «controlen» el programa de actividades llevadas a cabo «por este tipo de grupos de manipulación psicológica», como ocurre en Francia. En el país galo existe una ley específica que regula el campo alternativo de la salud y de las nuevas psicoterapias, «de manera que cualquier grupo, entidad o persona física tiene que acreditar una formación y titulación legal reconocida por las autoridades competentes».

Según explicó el presidente de Largantza durante su intervención en la comisión de Sanidad, «parte de los denominados centros terapéuticos existentes en nuestra comunidad autónoma son una mezcla de grupos de conocimiento personal, relajación, sanadores, meditación, yoga, masajes, psicología... sin ética profesional y con riesgo para la salud de las personas que acuden a ellos», informó Juantxo Domínguez a los parlamentarios. En este sentido, recordó los «innumerables problemas» causados a «muchas personas» por una especie de «institutos de salud integral que están haciendo su agosto con cualquier práctica que lleve la etiqueta de alternativa».

El presidente de Largantza citó entre las consecuencias más comunes las «desavenencias familiares, la gran dependencia hacia esos embaucadores, problemas financieros, agravamiento de la personalidad y descontrol en aspectos de la salud». Tras advertir sobre el «peligro» que suponen para la sociedad «ciertos grupos críticos con la medicina científica», Domínguez insistió en que existe un «tremendo negocio que está operando desde el intrusismo profesional sin que nadie le ponga coto y que se ha convertido en mayor o menor medida en un grupo dispensador de tratamientos».

«Me costó el divorcio»

El peligro estriba «fundamentalmente» en la «asiduidad del usuario al centro en cuestión, de su vulnerabilidad y estabilidad mental y emocional, de la creencia de la persona hacia los contenidos y los ritos de ciertas terapias o prácticas, así como el lugar que ocupe todo ello en su vida. La mujer de José -nombre ficticio- llegó a acudir a un centro de San Sebastián diez horas al día, según confesó el propio afectado a los parlamentarios presentes en la comisión. Tras varios meses acudiendo a terapia, la esposa de José «cambió por completo». «Le decía a mi hija que se había equivocado de marido y a mí me pidió el divorcio después de 38 años de casados. Contrató un abogado, curiosamente el hijo de la dueña del centro, e inició los trámites. El proceso ha sido muy duro». José llegó a denunciar lo ocurrido a la Ertzaintza, pero su caso continúa paralizado. No es el único. Una veintena de familias han demandado el centro donostiarra a la espera de que las autoridades «hagan algo».

En el caso de Cristina -también nombre falso-, la víctima de los «embaucadores» es ella misma. «Tenía una vida normal y en cosa de un año mi vida ya no era mi vida, mis hijos ya no eran mis hijos y mi marido ya no era mi marido. Lo perdí todo», rememoraba durante su intervención en la cámara vasca. «Alguien tiene que legislar esto y tomar decisiones. Son cosas muy serias que afectan a ciudadanos normales», insistía Cristina.

Los grupos parlamentarios recogieron el guante lanzado por Largantza y se comprometieron a estudiar y analizar la información presentada por la asociación para tratar de «darle una vuelta a la situación».

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www.largantza.org