
Estos excesos no son ajenos a las ineficiencias del mercado de directivos. Parte del problema es de las consultoras, cuya metodología descansa en comparaciones entre empresas similares. Esa forma de actuar provoca una espiral alcista: los que tienen remuneraciones inferiores a la media exigen aumentos, sin que se produzcan recortes paralelos en aquellos que la superan. Pero la clave de estos excesos se halla en el gobierno de las grandes empresas, cuyos efectos acaban contagiando al resto. El reparto de poder en esas compañías viene marcado por la ausencia de accionistas de control, lo cual hace que sus consejos de administración sean débiles. Algo que no ha cambiado con la llegada de los consejeros independientes, dada la laxitud de criterios empleados en su selección. El pequeño inversor se encuentra así a merced de la buena voluntad del presidente ejecutivo, que no siempre vela por sus intereses.
Pero el problema más grave no es el cuánto, sino el cómo. En 2006 las remuneraciones del consejo y de la alta dirección representaron, en promedio, el 2,6% de los beneficios de las sociedades del Ibex. Una cantidad elevada, pero insuficiente para provocar la quiebra. El riesgo radica en que la presión de los gestores dé lugar a paquetes retributivos mal diseñados, que creen incentivos perversos. Algunos indicios sugieren que algo de esto puede estar pasando. Las dimisiones por malos resultados son, en nuestro país, excepcionales. Y el nexo entre la creación de valor en la empresa y la remuneración de los gestores es, en el mejor de los casos, débil. Lo que sí está demostrado es el estrecho vínculo de esos emolumentos con el tamaño de la compañía, lo cual explica la fascinación de muchos directivos por las fusiones, a pesar de que la mayoría de ellas no logra los resultados apetecidos.
De todos los sectores quizá sea el bancario el más sensible a una estructura retributiva que aliente un desordenado apetito de riesgo. Bancos, cajas y cooperativas son 'especiales', muy sensibles a las crisis de liquidez y a los pánicos financieros. Una realidad que se ha puesto una vez más de manifiesto con las recientes turbulencias, que, entre otras cosas, han obligado al Banco de Inglaterra a intervenir Northern Rock. No cabe extrañarse, por tanto, de que en ese país se hayan elevado voces reclamando la regulación de las políticas de remuneración del sector, a las que han hecho parcialmente responsables de esos desmanes. Consideran que, tal y como están diseñadas, promueven una innovación financiera artificiosa, que prima el riesgo, la opacidad y el corto plazo. Las autoridades, según ellos, no pueden quedarse impasibles ante actuaciones que afectan al erario público y a la estabilidad de la economía.
A modo de conclusión puede decirse que, en una economía de mercado, no es aconsejable fijar por ley un techo a la remuneración de los administradores. Lo que sí sería juicioso es que las políticas retributivas se sometan al refrendo vinculante de la junta. Un refrendo que debería hacerse en un formato inteligible, en el que se recoja, de forma individual, el coste de cada concepto y su relación con los objetivos de la empresa. En el caso de bancos, cajas y cooperativas quizá convenga dar un paso más, vinculando las políticas retributivas a los sistemas de control de riesgos. Sería de agradecer, por último, que el Banco de España, además de preocuparse por las subidas salariales, se preocupe por las remuneraciones de los gestores, tal y como ha hecho recientemente el Banco Central Europeo. En tiempos de desaceleración, como los actuales, la estética suele ser casi tan importante como la ética.






