El presidente del colectivo ecologista, Rafael Pérez Beristain, aseguró a Efe que lo que la empresa tiene que hacer es «restituir la zona de servidumbre que ha invadido y dejarla como estaba antes».
En su opinión, «no es de recibo que cuando se le dice a la empresa que detenga su actividad por una causa mayor, como es la protección del patrimonio cultural, no lo haga y ahora haya que darle una indemnización», situación que calificó como «vergonzante».
Se mostró confiado en que la paralización temporal de la actividad de la cantera se convierta en definitiva y argumentó que la Ley de Costas «da un margen de dos años desde que se ocupa una zona de servidumbre para solicitar los permisos necesarios para actuar en ese lugar», plazo que, a su juicio, se ha superado.
Con respecto a lo que podría hacerse en un futuro con el hueco que ha quedado en la zona debido a los trabajos de la cantera, Pérez Beristain concretó varias posibilidades, entre las que citó un «centro de interpretación cultural». También propone la posibilidad de crear jardines botánicos o impulsar una iniciativa basada en la existencia de restos arqueológicos en el Bajo Deba.






