
DOS AÑOS DE LITIGIOS
Según el Gobierno vasco, la Agencia de Protección de Datos ha abierto este expediente a la asociación Cámara de la Propiedad Urbana a instancias de un particular, al que se giró la cuota de 2006. Lo ha hecho también por la denuncia del propio Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales.
Esta versión, sin embargo, es negada por los abogados de la nueva Cámara de la Propiedad Urbana. Los letrados aseguran que la denuncia del particular -formulada en junio de 2006- fue archivada porque la investigación emprendida resultó negativa. «Y así se recoge el acta favorable que la Agencia de Protección de Datos emitió en diciembre de ese mismo año», señalan. Los mismos medios añaden que el expediente responde sólo a la denuncia de la consejería de Madrazo, de enero de 2007.
Nueva denominación
La asociación va a recurrir el expediente al considerar que ha actuado sin saltarse la legislación. Recuerda, en este sentido, que la propia Agencia de Protección le autorizó a utilizar la base de datos de la etapa anterior, y que remitió una carta a todos los antiguos socios pidiendo su conformidad para usarlos «de la misma forma en la que hasta ahora lo han venido siendo». La agencia, en cambio, opina que debía haber concretado la finalidad.
La Cámara relaciona el expendiente con las «trabas del Gobierno vasco, que no deja de inmiscuirse en la vida de una entidad privada». La pugna existente desde hace ya dos años ha llevado al colectivo a cambiarse de nombre, sin esperar a la sentencia del Suremo: ahora se llama Asociación de Propietarios Urbanos de Álava.






