
REACCIONES
La decisión de Baltasar Garzón de suspender las actividades de EHAK y ANV por tres años cogió ayer a los partidos políticos vascos en el transcurso de un pleno en el Parlamento de Vitoria. La existencia de un punto en el orden del día en el que se iba a votar una propuesta en contra de la ilegalización de las dos formaciones de la izquierda abertzale -que a priori iban a apoyar el tripartito y Aralar, y finalmente retirada por su promotora, EHAK- permitió pronunciarse a todos los grupos durante la sesión, tanto sobre la iniciativa a debate, como sobre la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional.
En este marco, la portavoz de EHAK, Nekane Erauskin, aseguró que el dictamen judicial responde a «una decisión política disfrazada de medida judicial» y es fruto del «recrudecimiento de la represión» por parte del Estado español. En su opinión, «no se juzga ningún delito, sino nuestro trabajo político».
«Bajo la sumisión de ETA»
La renuncia 'in extremis' de la propuesta de EHAK y su salida del hemiciclo sin escuchar el resto de intervenciones ante la, a su juicio, inacción de la Cámara vasca, sorprendió y descolocó al resto de grupos, que reprocharon la actitud del partido de Erauskin. La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, que compareció a la conclusión del pleno, denunció que la decisión judicial es una «receta vieja y estéril» contra ETA que «sólo sirve para acrecentar el victimismo y el grado de confrontación de determinados sectores sociales». A su entender, supone una «vuelta atrás» y «no conduce más que a un túnel oscuro y sin salida».
Esta actuación, junto al atentado contra los juzgados de Bergara, prosiguió, constituyen un buen ejemplo de la pretensión de algunos de «devolvernos al pasado». «Sin equiparar ambas cosas», recalcó. Frente a ello, propuso ofrecer a la sociedad «iniciativa política» y darle «la palabra y la decisión» en referencia a la 'hoja de ruta' presentada por Ibarretxe el pasado septiembre.
Mientras que el tripartito y Aralar criticaron con dureza el auto de Garzón, el PSE y el PP fueron los únicos que aplaudieron la acción de la Justicia. El portavoz socialista, José Antonio Pastor, lamentó que el Parlamento «se degrada cuando se trata de proteger a quienes no condenan el terrorismo y siguen bajo la sumisión de ETA», en alusión a EHAK y ANV. En la misma línea, sostuvo que «quienes actúan en nombre de ETA o jalean en mítines a terroristas, no están actuando en la legalidad».
Por parte del PP, Leopoldo Barreda se felicitó por la suspensión de actividades de una formación que, a su juicio, es «la pantalla política de ETA». A pesar de su «satisfacción», afeó al Gobierno haber actuado en este asunto con un «manifiesto cálculo electoral», haber faltado a la verdad reiteradamente y haber mantenido «pruebas en el cajón» desde 2005.






