
Según el auto del juez Garzón, Asier Bengoa fue propuesto para el cargo de interventor el 25 de mayo -dos días antes de los comicios- por la representante de ANV, Isabel Arrizabalaga Zenarruzabeitia. El ahora acusado del doble asesinato realizó esas labores de apoderado en la circunscripción electoral de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz a Juntas Generales de Alava. Este hecho, por otra parte, significa que cuando Bengoa fue nombrado para el cargo, sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Nacional, ya que tenía pendiente de cumplir una condena de siete años de prisión por colaborar con ETA. Le permitieron salir de la cárcel catorce días antes de que se pronunciase una pena en su contra y él había aprovechado ese momento para huir.
Asier Bengoa, nacido en Vitoria hace 31 años, fue detenido en Francia el 5 de diciembre, cuatro días después de haber participado, según la acusación, en el asesinato de Raúl Centeno y Fernando Trapero. Según las fuerzas de seguridad Bengoa, junto con la etarra Saioa Sánchez y un activista aún no identificado -al que se sitúa en el entorno de la cúpula de ETA- coincidieron por casualidad con los dos agentes del instituto armado en una cafetería de Capbreton. Tras reconocerles como miembros de las fuerzas de seguridad, los terroristas les siguieron hasta su vehículo y les tirotearon. Tras una rocambolesca huida a través de Francia, fue capturado junto con Saioa Sánchez y acusado del doble crimen.
Documentos de 'Susper'
Bengoa , ex militante de Jarrai, fue detenido por primera vez por el Cuerpo Nacional de Policía en 1993 por su presunta relación con la violencia callejera, aunque quedó en libertad sin llegar a declarar ante el juez. Sería detenido de nuevo diez años más tarde ya que su nombre figuraba en los documentos incautados al ex jefe de ETA Ibón Fernández Iradi, 'Susper'. Según la citada documentación, el activista era el principal responsable en Alava de la captación de nuevos aspirantes para la banda y también se había encargado de facilitar información a los terroristas sobre posibles objetivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por esta acusación fue condenado a siete años y seis meses de prisión en 2003. Pese a estar huido para no cumplir la pena, no tuvo problemas para ser interventor.






