
El juicio que se abrirá ahora contra la pareja en la capital navarra está relacionado con la causa por la que ya fue condenado. Durante aquel proceso por malversación y cohecho, López-Santacruz presentó un documento privado de venta de una vivienda en Pamplona por un importe de 336.000 euros, cuando un contrato anterior reducía la cifra a sólo 186.000. El ex director del aeropuerto de Sondika trataba de justificar así el incremento que experimentó su patrimonio durante los cuatro años que estuvo al frente del aeródromo.
El magistrado de la capital navarra ha dictado su procesamiento tras negarse a declarar. López-Santacruz se personó ante el juez hace quince días después que éste hubiera ordenado a la Policía su detención, ya que los funcionarios no le habían podido notificar ninguna citación judicial durante los últimos tres años.
El alto cargo de Aena vive ahora en la localidad sevillana de Bormujos. «He venido porque mi abogado ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que me encontraba en busca y captura. En ningún momento he querido sus- traerme a la acción de la Justicia», se excusó el ex director de Sondika, según consta en el acta de la sesión, a la que ha tenido acceso EL CORREO.
«De eso se encarga él»
Quien sí respondió a las preguntas del magistrado fue su esposa. Laura Hernández dijo no acordarse de por cuánto dinero vendió el inmueble. También declaró desconocer cómo apareció un contrato en el que el precio de trasmisión era de 336.000 euros. En cualquier caso, negó haberlo manipulado. Finalmente, la mujer declinó toda responsabilidad en el caso. «De los asuntos familiares de ámbito económico y jurídico se encarga mi marido», se limitó a manifestar. El abogado del matrimonio ha recurrido el acto de procesamiento por una cuestión formal, al entender que no queda claro qué se les imputa y a quién.
Por otra parte, el letrado anunció también que ha recurrido ante el Supremo la pena de nueve años y medio de prisión impuesta por la Audiencia de Vizcaya y ratificada hace poco más de un mes por el Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Esto ha sido posible gracias a que, con su reaparición en Pamplona, los funcionarios pudieron notificarle formalmente el fallo del TSJPV, un requisito que los magistrados le habían impuesto a su abogado para poder acudir en casación al alto órgano judicial.










