EMBARGO DE SUS CUENTAS
Los tesoreros de EHAK imputados por Garzón pagaban salarios a miembros de Batasuna
El juez ha procesado hoy al tesorero de esta formación Jesús María Aguirre, a la apoderada Sonia Jacinto y a su presidente, Juan Carlos Ramos, por colaboración con ETA y asociación ilícita
06.02.08 - 20:03 -
La portavoz de PCTV -EHAK, Nekane Erauskin, y la abogada de esta formación Jone Goirizelaia. /Efe
El tesorero del PCTV Jesús María Aguirre y la apoderada Sonia Jacinto, imputados hoy por Garzón por colaborar con ETA, eran los encargados de pagar el sueldo a los miembros de Batasuna que tenía en nómina esta formación, según el informe de la Comisaría General de Información de la Policía sobre este partido.
El juez Baltasar Garzón, que el lunes celebró la vista para decidir sobre la suspensión de actividades de EHAK, ha imputado hoy a estos dos responsables del partido y a su presidente, Juan Carlos Ramos, por colaboración con ETA y asociación ilícita, porque "sin su intervención no habría sido posible llevar a cabo la actividad presuntamente delictiva que se investiga", la sumisión política y financiera de este partido a ETA-Batasuna. En septiembre de 2007, constituyeron tres depósitos de ahorro por 106.445, 76.200 y 387.800 euros de los que después se beneficiaría ANV, tres de cuyos responsables fueron ayer imputados por Garzón por los mismos delitos que hoy lo fueron los de EHAK
En el informe remitido a Garzón el 22 de enero, la Policía indica que, aunque EHAK otorgó poderes a su presidente para "la constitución de servidumbres, hipotecas, depósitos, fianzas, préstamos, así como para realizar operaciones con todo tipo de bancos o entidades de crédito, abrir o cerrar cuentas y disponer de sus saldos", son Aguirre y Jacinto los que canalizaban "la mayor parte de la actividad financiera". Por ello Garzón ha pedido hoy a las entidades bancarias que comuniquen "cualquier operación que pueda producirse en las cuentas" de EHAK hasta que resuelva sobre la suspensión, ya que, de acordarla, decretaría también el embargo de estas cuentas.
Gestión financiera
Según la Comisaría General de Información, existen "diversas circunstancias" que apuntan a que Aguirre y Jacinto son las personas que "efectivamente se encargan de la gestión financiera de la organización", aunque la tesorera del grupo parlamentario de EHAK es Karmele Berasategui, sobre la que el juez ha consultado al fiscal si procede solicitar que se le retire la inmunidad parlamentaria. Entre las pruebas que maneja la Policía para sostener esta afirmación destaca la documentación intervenida en la sede de EHAK en Usurbil "consistente en contratos de trabajo por los que este partido contrataba a miembros de la ilegalizada Batasuna" como Juan José Petrikorena, Marije Fullaondo o Joseba Zinkunegui, entre otros.
Estos contratos, fechados en 2006 y 2007, fueron otorgados en un primer momento, según el informe, por Jesús María Aguirre, quien contrató en su día como telefonista a Jacinto, ex responsable de la ilegalizada organización juvenil Haika. El partido apoderó después a Jacinto para realizar con Aguirre "todo tipo de actos de contenido económico" y ambos manejaron cuentas, desde las que supuestamente se pagaban sueldos a miembros de Batasuna que, a 18 de enero de 2008, sumaban en total 83.149 euros.
Actuación contra las parlamentarias
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide a la Fiscalía que informe si procede elevar "atento suplicatorio" ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra las parlamentarias Karmele Berasategui y Miren Nekane Erauski. También exige a las entidades bancarias en las que tenga sus cuentas el PCTV que comuniquen al Juzgado previamente antes de que la formación quiera hacer cualquier traspaso, para evitar que haya cualquier desvío de fondos.
El PCTV-EHAK tuvo una comparecencia ante Garzón este lunes para escucharle antes de decidir sobre su suspensión de actividades. Los representantes legales de la formación alegaron "fraude de ley" en la actuación del magistrado cuando la suspensión de actividades ya está solicitada ante el Tribunal Supremo, en aplicación de la Ley de Partidos. La formación también argumentó, entre otras cosas, que los informes policiales en los que se basa la acusación son los mismos que los utilizados en 2005 y por los cuales no se acordó ninguna medida, lo que significa que no hay motivos ahora para acordar la suspensión de actividades.
Por su parte, la Fiscalía y las acusaciones populares solicitaron la clausura de las sedes y locales, el embargo y bloqueo de sus cuentas, así como de las subvenciones que le hayan sido adjudicadas. Estas son las mismas medidas que las solicitadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía ante el Alto Tribunal.
