HACIENDA VASCA
Subida encubierta del IRPF en Euskadi
Las diputaciones han decidido mantener las tarifas del impuesto y no adaptarlas al impacto de la inflación La medida perjudica de forma muy especial a los contribuyentes con rentas más bajas
A TRIBUTAR. Un grupo de contribuyentes presenta sus declaraciones del IRPF en una oficina de Hacienda. / EFE
La Hacienda vasca volverá a examinar este año con lupa los bolsillos de los contribuyentes, como es habitual y según el guión previsto. Sin embargo, lo hará con una ansiedad un poco mayor que en otras ocasiones, rascando el fondo de las carteras a la búsqueda de un trocito aún mayor de los salarios y las pensiones que cobran los ciudadanos. Las diputaciones han decidido dejar intacta la tarifa del Impuesto sobre la Renta y no adecuarla al aumento que han experimentado los precios, un proceso que se conoce como deflactación. Así, la combinación de una inflación alta como la actual -el 4,2% el pasado ejercicio- y el mantenimiento de la escala del IRPF provocará en Euskadi un incremento de la presión fiscal sobre cada declarante y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.
La razón oficial esgrimida por los gobiernos forales para defender esta postura es bastante simple. «Ya se aprobó una reforma del IRPF que entró en vigor el año pasado y que llevaba incorporada una rebaja de impuestos», apuntan fuentes de esas instituciones. Los mismos medios subrayan que «la decisión fue adoptada en el Órgano de Coordinación Tributaria», donde también está presente el Departamento de Hacienda del Ejecutivo vasco. Aunque la situación es similar en el territorio común -también entró en vigor una reforma del IRPF el pasado año-, la Administración central ha decidido deflactar sus tablas en un 2%.
El impacto negativo de la medida será más acusado en las rentas más bajas. Incluso, en términos reales, numerosos pensionistas que han recibido con un cierto optimismo el aumento de sus prestaciones en un 4,1% a partir del 1 de enero verán cómo se esfuma una buena parte de ese alza -en muchos casos, más de la cuarta parte del mismo- por el 'camino' que conduce hasta Hacienda. Ni siquiera tendrán que esperar a la declaración de la renta, que el 80% de los pensionistas no presenta al no superar los límites de ingresos. En su nómina del pasado mes ya habrán comprobado, con un notable lamento, cómo el epígrafe en el que se concreta la retención fiscal ha subido en al menos un punto. En síntesis, cobrarán más, pero no tanto como esperaban cuando escucharon que su prestación crecería el 4,1%.
Progresividad
Cuando no se deflacta la tarifa de gravamen, la progresividad del Impuesto sobre la Renta ejerce un efecto demoledor sobre los contribuyentes de salarios más bajos; en especial, como ocurre con los pensionistas, sobre todos aquellos cuyos incrementos salariales se encuentran en el entorno de la inflación del año anterior. El resultado es la pérdida inmediata del poder adquisitivo, ya que el aparente equilibrio que se consigue con el aumento de sueldos y prestaciones se ve mermado de forma ineludible por una 'escalada' en la tarifa del IRPF.
En el caso de salarios altos o de incrementos situados muy por encima del coste de la vida, el impacto en términos absolutos puede ser importante, aunque proporcionalmente es mucho más limitado.
La medida no sólo supone un aumento de la presión fiscal sobre los contribuyentes vascos, sino también la ruptura de una costumbre muy arraigada en la Hacienda de Euskadi. Las diputaciones han mantenido en la última década una política uniforme de adaptación del IRPF al comportamiento de la inflación, hasta el punto de haber convertido esta estrategia en un arma arrojadiza contra los gobiernos del PP. El Ejecutivo de José María Aznar utilizó durante varios años la misma fórmula aplicada ahora en el País Vasco para recaudar más impuestos sin despertar protestas sociales. En aquellos años, las haciendas forales prodigaron las críticas hacia esa actuación, que ahora han adoptado como propia.
La razón oficial esgrimida por los gobiernos forales para defender esta postura es bastante simple. «Ya se aprobó una reforma del IRPF que entró en vigor el año pasado y que llevaba incorporada una rebaja de impuestos», apuntan fuentes de esas instituciones. Los mismos medios subrayan que «la decisión fue adoptada en el Órgano de Coordinación Tributaria», donde también está presente el Departamento de Hacienda del Ejecutivo vasco. Aunque la situación es similar en el territorio común -también entró en vigor una reforma del IRPF el pasado año-, la Administración central ha decidido deflactar sus tablas en un 2%.
El impacto negativo de la medida será más acusado en las rentas más bajas. Incluso, en términos reales, numerosos pensionistas que han recibido con un cierto optimismo el aumento de sus prestaciones en un 4,1% a partir del 1 de enero verán cómo se esfuma una buena parte de ese alza -en muchos casos, más de la cuarta parte del mismo- por el 'camino' que conduce hasta Hacienda. Ni siquiera tendrán que esperar a la declaración de la renta, que el 80% de los pensionistas no presenta al no superar los límites de ingresos. En su nómina del pasado mes ya habrán comprobado, con un notable lamento, cómo el epígrafe en el que se concreta la retención fiscal ha subido en al menos un punto. En síntesis, cobrarán más, pero no tanto como esperaban cuando escucharon que su prestación crecería el 4,1%.
Progresividad
Cuando no se deflacta la tarifa de gravamen, la progresividad del Impuesto sobre la Renta ejerce un efecto demoledor sobre los contribuyentes de salarios más bajos; en especial, como ocurre con los pensionistas, sobre todos aquellos cuyos incrementos salariales se encuentran en el entorno de la inflación del año anterior. El resultado es la pérdida inmediata del poder adquisitivo, ya que el aparente equilibrio que se consigue con el aumento de sueldos y prestaciones se ve mermado de forma ineludible por una 'escalada' en la tarifa del IRPF.
En el caso de salarios altos o de incrementos situados muy por encima del coste de la vida, el impacto en términos absolutos puede ser importante, aunque proporcionalmente es mucho más limitado.
La medida no sólo supone un aumento de la presión fiscal sobre los contribuyentes vascos, sino también la ruptura de una costumbre muy arraigada en la Hacienda de Euskadi. Las diputaciones han mantenido en la última década una política uniforme de adaptación del IRPF al comportamiento de la inflación, hasta el punto de haber convertido esta estrategia en un arma arrojadiza contra los gobiernos del PP. El Ejecutivo de José María Aznar utilizó durante varios años la misma fórmula aplicada ahora en el País Vasco para recaudar más impuestos sin despertar protestas sociales. En aquellos años, las haciendas forales prodigaron las críticas hacia esa actuación, que ahora han adoptado como propia.
