ELECCIONES GENERALES 9-M
Los obispos sugieren a los católicos que no voten al PSOE
Difunden un mensaje orientativo ante las elecciones donde rechazan las opciones que defienden negociar con terroristas, el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual
García Gasco (segundo por la izquierda), Rouco (centro) y Cañizares (segundo por la derecha), en la concentración por la familia en Madrid. / EFE
DOCUMENTO
REACCIONES
Los obispos españoles, reunidos en comisión permanente desde el martes, dieron a conocer ayer su orientación para los católicos «y a todos los que deseen escucharnos» a la hora de ejercer su voto en las elecciones generales del 9 de marzo. El Episcopado elude pedir de forma expresa que no se vote al PSOE, pero sugiere que los católicos no pueden apoyar a partidos que defienden la política del Ejecutivo socialista; tampoco reclama el voto para el PP, pero aboga por las formaciones que defienden normas morales y a la nación española.
La nota emitida por el órgano de gobierno del Episcopado admite que los católicos «pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos», si bien, añade, «no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana, ni son tampoco igualmente cercanos y proporcionados a los objetivos y valores que los cristianos deben promover en la vida pública».
En esencia, los prelados entienden que los católicos y los ciudadanos responsables deben valorar las distintas ofertas teniendo muy en cuenta «el aprecio que cada partido, programa o dirigente otorga a la dimensión moral de la vida». Porque «la calidad y exigencia moral de los ciudadanos en el ejercicio de su voto es el mejor medio para mantener el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas».
La orientación moral de los prelados no es nueva; está extraída de una instrucción pastoral que aprobó la Asamblea Plenaria en noviembre de 2006 bajo el título de 'Orientaciones morales ante la situación actual de España'. Y sus ejes fundamentales rechazan aquellas opciones políticas que defiendan la negociación con organizaciones terroristas, el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual.
Es lo mismo que señalar con el dedo al actual Gobierno socialista, máxime cuando ha mostrado su disposición a ampliar la ley del aborto o, quizás, entrar de lleno en el pedregoso debate de la eutanasia en la próxima legislatura si consigue el triunfo electoral. Se demanda a los católicos que voten al «proyecto más adecuado a la realidad de la norma moral y de la concreta histórica», es decir, la defensa de la nación española.
El portavoz de los prelados, Juan Antonio Martínez Camino, enfatizó que en España «hay varias leyes que son gravísimamente injustas y deben ser cambiadas». Citó expresamente la del matrimonio homosexual, donde los conceptos «esposo y esposa, marido y mujer, se han eliminado jurídicamente y han quedado como conceptos poéticos».
«El terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y razonable», acotan los obispos en el texto. «No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo». Para los prelados, una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista «como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político». Horas más tarde, Martínez Camino precisó que «otra cosa es el diálogo y hablar de las condiciones para que los terroristas puedan dejar las armas».
Siempre apoyándose en el documento de la plenaria, la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, por métodos democráticos, «pretendan modificar la configuración política de la unidad de España». Pero reseña que «también es necesario tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria» y, en palabras de Juan Pablo II, «superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros del separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación». «Hay que evitar los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas», señalan.
Degenerar en dictadura
El obispo auxiliar de Madrid no dio un paso atrás cuando se le interrogó sobre las duras palabras del cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, durante la celebración de la fiesta por la familia cristiana, cuando afirmó que «el laicismo radical conduce a la disolución de la democracia». ¿Expresa esta frase el sentir general de los obispos ?, le preguntaron. Y tiró, de nuevo, del texto de la plenaria: «Toda política que pretende emanciparse del reconocimiento del orden moral objetivo degenera sin remedio en dictadura, discriminación y desorden».
La tesis de los prelados es que «no se debe confundir la condición de aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral y la exención de obligaciones morales objetivas». «No pretendemos -reseñan- que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica. Pero sí que se atengan al denominador común de la moral fundada en la recta razón y en la experiencia histórica de cada pueblo». «La Iglesia no pretende tener el monopolio de la recta razón, pero sí trata de defenderla y ajustarse a ella», matizó Martínez Camino.
Los prelados creen peligrosas las opciones políticas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos «arraigados en la naturaleza del ser humano»; esto es, el aborto y la eutanasia, o aquellas normas que desestabilizan el concepto de matrimonio. La nota arremete contra la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y aboga por un gran pacto de Estado sobre la base de la libertad de enseñanza y la educación de calidad.
Los prelados también piden el voto para los partidos que se signifiquen por superar las «injustas diferencias entre las personas y las comunidades autónomas», tratando de resolver acuciantes problemas como el trabajo y la vivienda.
La nota emitida por el órgano de gobierno del Episcopado admite que los católicos «pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos», si bien, añade, «no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana, ni son tampoco igualmente cercanos y proporcionados a los objetivos y valores que los cristianos deben promover en la vida pública».
En esencia, los prelados entienden que los católicos y los ciudadanos responsables deben valorar las distintas ofertas teniendo muy en cuenta «el aprecio que cada partido, programa o dirigente otorga a la dimensión moral de la vida». Porque «la calidad y exigencia moral de los ciudadanos en el ejercicio de su voto es el mejor medio para mantener el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas».
La orientación moral de los prelados no es nueva; está extraída de una instrucción pastoral que aprobó la Asamblea Plenaria en noviembre de 2006 bajo el título de 'Orientaciones morales ante la situación actual de España'. Y sus ejes fundamentales rechazan aquellas opciones políticas que defiendan la negociación con organizaciones terroristas, el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual.
Es lo mismo que señalar con el dedo al actual Gobierno socialista, máxime cuando ha mostrado su disposición a ampliar la ley del aborto o, quizás, entrar de lleno en el pedregoso debate de la eutanasia en la próxima legislatura si consigue el triunfo electoral. Se demanda a los católicos que voten al «proyecto más adecuado a la realidad de la norma moral y de la concreta histórica», es decir, la defensa de la nación española.
El portavoz de los prelados, Juan Antonio Martínez Camino, enfatizó que en España «hay varias leyes que son gravísimamente injustas y deben ser cambiadas». Citó expresamente la del matrimonio homosexual, donde los conceptos «esposo y esposa, marido y mujer, se han eliminado jurídicamente y han quedado como conceptos poéticos».
«El terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y razonable», acotan los obispos en el texto. «No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo». Para los prelados, una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista «como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político». Horas más tarde, Martínez Camino precisó que «otra cosa es el diálogo y hablar de las condiciones para que los terroristas puedan dejar las armas».
Siempre apoyándose en el documento de la plenaria, la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, por métodos democráticos, «pretendan modificar la configuración política de la unidad de España». Pero reseña que «también es necesario tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria» y, en palabras de Juan Pablo II, «superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros del separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación». «Hay que evitar los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas», señalan.
Degenerar en dictadura
El obispo auxiliar de Madrid no dio un paso atrás cuando se le interrogó sobre las duras palabras del cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, durante la celebración de la fiesta por la familia cristiana, cuando afirmó que «el laicismo radical conduce a la disolución de la democracia». ¿Expresa esta frase el sentir general de los obispos ?, le preguntaron. Y tiró, de nuevo, del texto de la plenaria: «Toda política que pretende emanciparse del reconocimiento del orden moral objetivo degenera sin remedio en dictadura, discriminación y desorden».
La tesis de los prelados es que «no se debe confundir la condición de aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral y la exención de obligaciones morales objetivas». «No pretendemos -reseñan- que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica. Pero sí que se atengan al denominador común de la moral fundada en la recta razón y en la experiencia histórica de cada pueblo». «La Iglesia no pretende tener el monopolio de la recta razón, pero sí trata de defenderla y ajustarse a ella», matizó Martínez Camino.
Los prelados creen peligrosas las opciones políticas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos «arraigados en la naturaleza del ser humano»; esto es, el aborto y la eutanasia, o aquellas normas que desestabilizan el concepto de matrimonio. La nota arremete contra la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y aboga por un gran pacto de Estado sobre la base de la libertad de enseñanza y la educación de calidad.
Los prelados también piden el voto para los partidos que se signifiquen por superar las «injustas diferencias entre las personas y las comunidades autónomas», tratando de resolver acuciantes problemas como el trabajo y la vivienda.
