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El PP abre otro frente en la batalla legal del peaje de la A-8 con un nuevo recurso
Llevará a los tribunales el decreto que actualiza las tarifas para este año «por carecer de cobertura legal»
ANTECEDENTES
El peaje de la A-8 va a hacer otro recorrido por los tribunales. El Partido Popular anunció ayer que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el decreto de la Diputación que actualiza la cuantía de las tarifas para este año, por considerar que carece de cobertura legal. La disposición aprobada el pasado 28 de diciembre se basa en una norma foral que ha sido derogada y en otra que todavía no se ha desarrollado. «El Departamento de Obras Públicas incumple sus plazos y su propia normativa», denuncia el portavoz del grupo juntero, Carlos Olazabal.
De esta forma se abre un nuevo frente en la batalla legal de la A-8, que ha llegado al Supremo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en 2006, a petición de los populares, la norma foral que regulaba el canon por considerar que las tarifas «se extralimitan». La Diputación recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado. Mientras tanto, para evitar la inseguridad jurídica, aprobó una nueva Norma Foral de Carreteras en febrero de 2007 que deroga la anterior, de 2002.
Sin embargo, introdujo una disposición transitoria que ahora está en el centro de la polémica. A la hora de regular los peajes, se remite a un decreto que debería haberse aprobado «en el plazo de seis meses». Antes del pasado mes de agosto, pero todavía no se ha presentado. La Diputación entiende que mientras esta normativa no entre en vigor puede seguir cobrando el canon basándose en la regulación de 2002, pero los populares ven en este desfase un vacío legal. «Una grandísima chapuza», en palabras de Olazabal.
En estas condiciones, el decreto aprobado en diciembre para actualizar las tarifas -con subidas de hasta el 5%- «reitera la ilegalidad, viene a remachar el clavo en el mismo sentido. Desde agosto, se está cobrando un canon que no tiene lugar en Derecho». Esta es la base de las acciones judiciales del PP. Los apoderados tienen dos meses de plazo -hasta febrero- para anunciar el recurso y están recopilando documentación.
Uno de sus argumentos es que, «ante la falta de cobertura legal», son las Juntas Generales, y no la Diputación, las que tendrán que regular los peajes mediante una norma foral. Además, critican que el decreto que actualiza las tarifas «no establece ningún sistema de cálculo. No se han adaptado a la nueva normativa porque no les salen las cuentas», afirma el portavoz del grupo.
El recurso lo presentarán «como personas físicas», ya que, en la sentencia dictada en 2006, el Tribunal Superior respaldó uno de los argumentos de la Diputación: que, en su calidad de apoderados, no pueden impugnar ante los jueces una decisión mayoritaria de las Juntas. Olazabal criticó esta «paradoja» y recordó que «los concejales pueden recurrir las normas de los ayuntamientos y los diputados, las del Congreso».
De esta forma se abre un nuevo frente en la batalla legal de la A-8, que ha llegado al Supremo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en 2006, a petición de los populares, la norma foral que regulaba el canon por considerar que las tarifas «se extralimitan». La Diputación recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado. Mientras tanto, para evitar la inseguridad jurídica, aprobó una nueva Norma Foral de Carreteras en febrero de 2007 que deroga la anterior, de 2002.
Sin embargo, introdujo una disposición transitoria que ahora está en el centro de la polémica. A la hora de regular los peajes, se remite a un decreto que debería haberse aprobado «en el plazo de seis meses». Antes del pasado mes de agosto, pero todavía no se ha presentado. La Diputación entiende que mientras esta normativa no entre en vigor puede seguir cobrando el canon basándose en la regulación de 2002, pero los populares ven en este desfase un vacío legal. «Una grandísima chapuza», en palabras de Olazabal.
En estas condiciones, el decreto aprobado en diciembre para actualizar las tarifas -con subidas de hasta el 5%- «reitera la ilegalidad, viene a remachar el clavo en el mismo sentido. Desde agosto, se está cobrando un canon que no tiene lugar en Derecho». Esta es la base de las acciones judiciales del PP. Los apoderados tienen dos meses de plazo -hasta febrero- para anunciar el recurso y están recopilando documentación.
Uno de sus argumentos es que, «ante la falta de cobertura legal», son las Juntas Generales, y no la Diputación, las que tendrán que regular los peajes mediante una norma foral. Además, critican que el decreto que actualiza las tarifas «no establece ningún sistema de cálculo. No se han adaptado a la nueva normativa porque no les salen las cuentas», afirma el portavoz del grupo.
El recurso lo presentarán «como personas físicas», ya que, en la sentencia dictada en 2006, el Tribunal Superior respaldó uno de los argumentos de la Diputación: que, en su calidad de apoderados, no pueden impugnar ante los jueces una decisión mayoritaria de las Juntas. Olazabal criticó esta «paradoja» y recordó que «los concejales pueden recurrir las normas de los ayuntamientos y los diputados, las del Congreso».
