nuevo capítulo
EHAK desvió fondos a dirigentes de Batasuna ante el temor a ser ilegalizado
INFORMES. Varios funcionarios trasladan, ayer, la documentación al Supremo. / EFE
El envío de fuertes sumas de dinero por parte de EHAK a diversos dirigentes de Batasuna fue debido al temor existente en la todavía formación legal a que los jueces decretasen la «suspensión de sus actividades», según señala la demanda de ilegalización contra este partido y Acción Nacionalista Vasca presentada ayer por el Gobierno central ante el Tribunal Supremo a través del Abogado del Estado. Las denuncias subrayan la vinculación de estos dos grupos con Batasuna y, en el caso de ANV, constata que es «parte integrante» de ETA. Lo mismo indicará la demanda de la Fiscalía contra este partido, que se presentará hoy ante el alto tribunal. La Sala del 61 de esta institución se reunirá mañana para debatir si se toma alguna medida cautelar.
La demanda contra EHAK y ANV intenta demostrar que los dos partidos con representación en ayuntamientos, diputaciones y en el Parlamento vasco han financiado a Batasuna durante los últimos años mediante el desvío de ingentes cantidades de dinero. En el caso de EHAK, se señala que algunas transferencias se habrían hecho «sin ningún disimulo» y que existiría una «línea abierta» entre el grupo parlamentario abertzale y destacados miembros de Batasuna. Según desveló el pasado miércoles este periódico, la descapitalización podría rondar el millón de euros.
Esta fuga de fondos, además de servir para pagar la 'intendencia' de Batasuna, estaría motivada por el temor de los miembros de la izquierda abertzale a que EHAK fuese disuelta por los tribunales y sus cuentas quedasen bloqueadas.
En lo que respecta a ANV, la demanda, de 80 folios y cuatro cajas de anexos policiales, no sólo considera probado que es una organización sucesora de Batasuna y que ha ocupado su hueco en las instituciones para burlar la proscripción del partido. También entiende que la formación está «insertada en el brazo político de ETA, integrada personal, orgánica y financieramente en el complejo ETA/Batasuna».
Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido en el último momento no pedir al Supremo que aplique a ANV la sentencia de Batasuna, fórmula más breve prevista para los partidos herederos de la coalición proscrita, sino que, como el martes pasado hizo la Fiscalía, ha iniciado un proceso largo, con juicio incluido, exactamente igual al que disolvió el 'frente institucional' de ETA en 2003.
El jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, señala en el escrito presentado ayer que ANV, con 70 años de historia, ya no está sólo ubicado en la órbita de la izquierda independentista vasca, ni se limita a defender el nacionalismo laico que justificó su creación al inicio de la Segunda República.
Indica que la «cercanía» de esta fuerza a los planteamientos y la estrategia de Batasuna y ETA, que le llevó a formar parte de la coalición proscrita desde 1979 hasta 2002, se recuperó de nuevo tras la ilegalización en 2003 y se intensificó de cara a las pasadas elecciones locales de mayo. Tras ellas, el partido fue «fagocitado» por el 'frente institucional' de la banda y sus 437 concejales y 42 alcaldes en municipios vascos y navarros fueron «abducidos».
El Gobierno, sustentándose en los informes policiales, dice que en la actualidad ANV y ETA/Batasuna son «la misma organización», en la que se da una «clara relación de complementariedad entre ANV, Batasuna y Segi». «Lo que ANV plantea en las instituciones, Batasuna lo reivindica en la calle y lo transmite a los medios de comunicación, presentándose habitualmente como responsables últimos de la formación política, sin que sean desautorizados por la dirección de ANV, y Segi añade el elemento coactivo», describe la Policía y asume la demanda.
Sueldos y dietas
De Fuentes Bardají comenta que ahora está claro que ANV era el 'plan C' de ETA en mayo, tras el fracaso en crear un nuevo partido (ASB) y las listas afines anuladas. La demanda señala que la integración de Acción Nacionalista en el «complejo ETA/Batasuna» y su actuación a las órdenes del partido ilegalizado son evidentes tras la creación de los nuevos ayuntamientos.
Según estos datos, los aeneuvvistas informan a los jefes de Batasuna de los sueldos y dietas de los concejales, les consultan para elaborar comunicados que no condenen los atentados, reproducen la cartelería y el análisis sobre el proceso de paz de Batasuna, se integran en la estrategia de ETA contra el Tren de Alta Velocidad y participan en la coacción a otros partidos para que no ocupen concejalías en pueblos con listas anuladas, como Ondarroa. Además, añade que no sólo no condenan los atentados mortales sino que piden aplausos para los etarras de la T-4.
La Abogacía del Estado, como en el caso de EHAK, cree que la prueba fundamental contra ANV está en que «es el medio y la vía para financiar a la ilegalizada Batasuna y a ETA, y a personas significativas de este complejo». Entiende que las conversaciones telefónicas de dirigentes de la coalición ilegalizada la misma noche electoral sobre los ingresos de los concejales de ANV «revelan, sin ningún género de dudas, el diseño previo, control y dirección» sobre este partido y su dinero.
El Gobierno no tiene duda de que los aeneuvistas han utilizado los millonarios ingresos en subvenciones a sus grupos municipales y ayudas electorales para financiar la estructura de Batasuna, dentro del sistema de «tesorería común» y «caja única» que los responsables de las dos organizaciones pactaron en junio pasado con EHAK y que el responsable de la coalición ilegalizada Joseba Permach dirigía desde la sede del Partido Comunista de las Tierras Vascas en San Sebastián. La demanda incluye referencias a varias decenas de movimientos económicos sospechosos que reflejan los informes policiales. Entre ellos, que cinco de los siete asalariados de ANV son de Batasuna o que hubo 169 pagos mediante cheques a miembros destacados de este grupo.
La demanda contra EHAK y ANV intenta demostrar que los dos partidos con representación en ayuntamientos, diputaciones y en el Parlamento vasco han financiado a Batasuna durante los últimos años mediante el desvío de ingentes cantidades de dinero. En el caso de EHAK, se señala que algunas transferencias se habrían hecho «sin ningún disimulo» y que existiría una «línea abierta» entre el grupo parlamentario abertzale y destacados miembros de Batasuna. Según desveló el pasado miércoles este periódico, la descapitalización podría rondar el millón de euros.
Esta fuga de fondos, además de servir para pagar la 'intendencia' de Batasuna, estaría motivada por el temor de los miembros de la izquierda abertzale a que EHAK fuese disuelta por los tribunales y sus cuentas quedasen bloqueadas.
En lo que respecta a ANV, la demanda, de 80 folios y cuatro cajas de anexos policiales, no sólo considera probado que es una organización sucesora de Batasuna y que ha ocupado su hueco en las instituciones para burlar la proscripción del partido. También entiende que la formación está «insertada en el brazo político de ETA, integrada personal, orgánica y financieramente en el complejo ETA/Batasuna».
Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido en el último momento no pedir al Supremo que aplique a ANV la sentencia de Batasuna, fórmula más breve prevista para los partidos herederos de la coalición proscrita, sino que, como el martes pasado hizo la Fiscalía, ha iniciado un proceso largo, con juicio incluido, exactamente igual al que disolvió el 'frente institucional' de ETA en 2003.
El jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, señala en el escrito presentado ayer que ANV, con 70 años de historia, ya no está sólo ubicado en la órbita de la izquierda independentista vasca, ni se limita a defender el nacionalismo laico que justificó su creación al inicio de la Segunda República.
Indica que la «cercanía» de esta fuerza a los planteamientos y la estrategia de Batasuna y ETA, que le llevó a formar parte de la coalición proscrita desde 1979 hasta 2002, se recuperó de nuevo tras la ilegalización en 2003 y se intensificó de cara a las pasadas elecciones locales de mayo. Tras ellas, el partido fue «fagocitado» por el 'frente institucional' de la banda y sus 437 concejales y 42 alcaldes en municipios vascos y navarros fueron «abducidos».
El Gobierno, sustentándose en los informes policiales, dice que en la actualidad ANV y ETA/Batasuna son «la misma organización», en la que se da una «clara relación de complementariedad entre ANV, Batasuna y Segi». «Lo que ANV plantea en las instituciones, Batasuna lo reivindica en la calle y lo transmite a los medios de comunicación, presentándose habitualmente como responsables últimos de la formación política, sin que sean desautorizados por la dirección de ANV, y Segi añade el elemento coactivo», describe la Policía y asume la demanda.
Sueldos y dietas
De Fuentes Bardají comenta que ahora está claro que ANV era el 'plan C' de ETA en mayo, tras el fracaso en crear un nuevo partido (ASB) y las listas afines anuladas. La demanda señala que la integración de Acción Nacionalista en el «complejo ETA/Batasuna» y su actuación a las órdenes del partido ilegalizado son evidentes tras la creación de los nuevos ayuntamientos.
Según estos datos, los aeneuvvistas informan a los jefes de Batasuna de los sueldos y dietas de los concejales, les consultan para elaborar comunicados que no condenen los atentados, reproducen la cartelería y el análisis sobre el proceso de paz de Batasuna, se integran en la estrategia de ETA contra el Tren de Alta Velocidad y participan en la coacción a otros partidos para que no ocupen concejalías en pueblos con listas anuladas, como Ondarroa. Además, añade que no sólo no condenan los atentados mortales sino que piden aplausos para los etarras de la T-4.
La Abogacía del Estado, como en el caso de EHAK, cree que la prueba fundamental contra ANV está en que «es el medio y la vía para financiar a la ilegalizada Batasuna y a ETA, y a personas significativas de este complejo». Entiende que las conversaciones telefónicas de dirigentes de la coalición ilegalizada la misma noche electoral sobre los ingresos de los concejales de ANV «revelan, sin ningún género de dudas, el diseño previo, control y dirección» sobre este partido y su dinero.
El Gobierno no tiene duda de que los aeneuvistas han utilizado los millonarios ingresos en subvenciones a sus grupos municipales y ayudas electorales para financiar la estructura de Batasuna, dentro del sistema de «tesorería común» y «caja única» que los responsables de las dos organizaciones pactaron en junio pasado con EHAK y que el responsable de la coalición ilegalizada Joseba Permach dirigía desde la sede del Partido Comunista de las Tierras Vascas en San Sebastián. La demanda incluye referencias a varias decenas de movimientos económicos sospechosos que reflejan los informes policiales. Entre ellos, que cinco de los siete asalariados de ANV son de Batasuna o que hubo 169 pagos mediante cheques a miembros destacados de este grupo.
