El Correo Digital

El conflicto institucional está de nuevo servido. De prosperar las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado para que las instituciones en las que están representadas EHAK y ANV dejen de abonar las cantidades que perciben sus electos, el tripartito se verá conminado a activar, por analogía, la iniciativa presentada en el Parlamento para que sea su pleno el que se pronuncie sobre una eventual orden de disolución del grupo parlamentario de EHAK. Además, la extensión de ese mismo arrope a los ingresos de los cuatro junteros alaveses de ANV, al único vizcaíno, y a los de los alcaldes y concejales que obtuvieron en Euskadi y Navarra en las últimas elecciones hará que chirríe todo el período electoral.

Con el eco añadido de los interventores de las citadas instituciones que recibirán, como en su día le ocurriera al de la Cámara vasca, la orden expresa de dejar de abonar las subvenciones que ahora cobran las dos formaciones demandadas ante el Supremo.

Al calor de la manifestación del pasado sábado, era la propia presidenta del Parlamento vasco la que proponía el establecimiento de algún mecanismo arbitral para resolver conflictos como éste, olvidándose de que en el Estado de Derecho prevalece la autoridad última de los Altos Tribunales, también para garantizar la autonomía del legislativo y los derechos de quienes ocupan sus escaños. Pero frente a la apariencia conciliadora de la idea, la «proposición solidaria» auspiciada por su grupo contribuirá a elevar el tono del conflicto.

Además, esa proposición permitirá diluir moralmente la responsabilidad que atañe al órgano de gobierno de la Cámara y a su presidenta, pero resulta muy dudoso que ello tenga alcance jurídico en caso de que se repita la negativa al cumplimiento de una orden expresa del Tribunal Supremo.

La pregunta que cabe hacerse es si, lanzado ya el procedimiento de ilegalización de EHAK y de ANV, es ésta la posición en la que el PNV de Urkullu se siente más cómodo, o si sencillamente no ve otra escapatoria que la de mostrarse absolutamente coherente con el principio establecido por Atutxa. La inclinación natural de los nacionalistas será la de eludir tal cuestión.

No tanto porque el citado principio constituya un dechado de coherencia que resultaría imposible revisar, sino porque todo este asunto se mueve a impulsos de una inercia que refleja, también, ese punto de descontrol que caracteriza a la política del PNV quizá más que a la de cualquier otro partido. Baste advertir que la eventual rectificación de la doctrina Atutxa por parte del EBB se hace imposible con Atutxa condenado. Aunque sólo su condena haría pertinente tal rectificación. En cualquier caso, sería mala cosa que el PNV haya decidido proceder a la evaluación de los efectos de tan forzada coherencia mediante el recuento de votos el próximo 9 de marzo.

a.santos@diario-elcorreo.com