LOS IMPULSORES DE LA HIPOTÉTICA OPA NIEGAN UN ACUERDO
Malestar en el Gobierno por el intento de asalto de EDF y Florentino Pérez a Iberdrola
El Ejecutivo apuesta por un proyecto nacional comandado por el actual presidente Galán, mientras el sector demanda un respaldo más claro
PREOCUPADO. El vicepresidente Solbes. / EFE
Los intensos rumores sobre la existencia de conversaciones entre la constructora ACS y Electricité de France (EDF) para poner en marcha un plan de 'asalto' y toma de control de la compañía vasca Iberdrola, desataron ayer la especulación bursátil sobre los títulos de la eléctrica con la misma intensidad que se acrecentaba el temor del Gobierno a una operación no deseada. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, aseguran fuentes cercanas al mismo, está molesto y no ve con buenos ojos este hipotético movimiento, que permitiría colocar a Iberdrola en la órbita de EDF, una empresa no sólo extranjera sino además controlada por el Gobierno galo, propietario del 87,3% de sus acciones.
Las especulaciones en torno a Iberdrola han conseguido desenterrar todos los fantasmas vividos hace tan sólo unos meses, cuando la pelea por la propiedad de la otra gran eléctrica española, Endesa, se acabó por convertir en un proceso inmanejable para el Gobierno español, también en un conflicto con muchos tintes políticos y con un resultado que ha dejado insatisfecho al propio Ejecutivo. Y Zapatero no quiere volver a pasar por el mismo mal trago dos veces.
Las alarmas saltaron ayer todas a la vez cuando el prestigioso periódico británico Financial Times -considerado la 'biblia' de la información económica- se hacía eco de estas conversaciones entre la constructora que preside Florentino Pérez y el gigante eléctrico francés, y apuntaba ya la intención de ambas compañías de lanzar una OPA sobre Iberdrola, para a continuación trocear la empresa y repartirse sus activos. En concreto, EDF se quedaría con Scottish Power y entre el 5% y el 10% del mercado español; ACS, con la potencia renovable e hidroeléctrica, que integraría en su participada Unión Fenosa.
Como primera consecuencia, las acciones de la eléctrica española se dispararon desde la apertura del mercado bursátil, hasta alcanzar una cotización máxima de 9,96 euros por título, casi un 8% superior al cierre de la sesión del martes. Al finalizar la jornada, y después de que ACS aclarase que «no hay acuerdo alguno» sobre esta operación -no desmintió sin embargo la existencia de contactos, que se dan como seguros en fuentes del sector energético-, los títulos habían atemperado algo su escalada, para cerrar a 9,56 euros, lo que supone un alza del 3,6% sobre la jornada anterior.
«El Gobierno no quiere ruidos en el seno de Iberdrola», asegura un perfecto conocedor de la situación, porque el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero «está cómodo con Galán, reconoce el trabajo que ha hecho para convertir a la empresa en la cuarta eléctrica del mundo, cree que aún tiene mucho recorrido de futuro y, sobre todo, sabe que está en la línea de impedir que una compañía extranjera se haga con el control de una empresa que, como Iberdrola, resulta estratégica para España».
Enfrentamiento
El temor a una operación de EDF no es nuevo -la compañía francesa nunca ha desmentido su «interés por el mercado español»-, pero se ha acrecentado ante la posibilidad de una 'alianza' con la constructora ACS, principal accionista de Iberdrola con una participación en la actualidad del 13%, incluyendo derivados. «El Gobierno -apuntan las mismas fuentes- hace ya tiempo que está preocupado por los movimientos de Florentino Pérez en Iberdrola, ya que pueden suponer una auténtica desestabilización de la empresa. El intento frustrado de forzar la fusión con Fenosa ha dejado sobre la mesa unas malas relaciones personales entre él y Galán y esa situación -concluyen- no es un buen caldo de cultivo para mantener la estabilidad futura de la compañía». En lo que a Iberdrola se refiere, enfatizan, «Zapatero tiene claro que su hombre es Galán y no Florentino».
La Administración española tiene instrumentos legales en su mano para detener cualquier intento de EDF de influir de forma decisiva en el rumbo de la eléctrica vasca. En concreto, una ley del año 2000 que limita los derechos políticos que pueden ejercer las sociedades extranjeras participadas por capital público -como es el caso de EDF-, cuando entran en el accionariado de firmas energéticas nacionales. Ayer mismo, el ministro de Industria, Joan Clos, esbozó ya la 'mano de hierro en guante de seda' que el Gobierno parece estar dispuesto a utilizar, para no repetir la experiencia del 'caso Endesa'. Después de aclarar que la Administración «no intervendrá en las negociaciones sobre composiciones accionariales de empresas», también telegrafió que no va a estar cruzado de brazos. «Miraremos reducir la implantación de empresas extranjeras al mínimo indispensable», señaló Clos en referencia a sociedades controladas por el resto de gobiernos europeos. Eso sí, concretó que esta actitud está sustentada en la idea de preservar «la seguridad del suministro eléctrico», para intentar alejar cualquier rasgo de 'nacionalismo económico' de su discurso.
Clos también desmintió algunos rumores que apuntaban a un hipotético acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente galo, Nicolas Sarkozy, para facilitar la operación. El ministro aseguró no tener «constancia» de que hayan existido conversaciones entre ambos mandatarios sobre este asunto.
Respuesta 'meliflua'
Pese a todo, fuentes del sector eléctrico se mostraron ayer críticas con la actitud 'oficialmente meliflua' del Gobierno socialista español, del que reclaman una actuación más decidida para impedir OPAs no deseadas sobre las empresas del sector eléctrico. Incluso, algunos medios insinuaron que, quizás, el inquilino de La Moncloa no fue lo suficientemente claro y contundente cuando Sarkozy le planteó el asunto.
Esas mismas fuentes echaban en falta una declaración más contundente que la realizada por el titular de la cartera de Industria. La existencia de numerosos intereses cruzados entre los gobiernos español y francés y el clima de colaboración mutua que preside las relaciones entre ambos desde que Sarkozy ha llegado al Elíseo -en especial en materia antiterrorista-, hacen pensar a algunos analistas que hay posibilidades de llegar a acuerdos en asuntos económicos.
Sin embargo, la entrada de una empresa como EDF en Iberdrola para tomar su poder, estiman conocedores del sector energético, «sería una barbaridad» y la descapitalización definitiva del patrimonio eléctrico nacional.
Ni que decir tiene que esta amenaza de que todas las grandes eléctricas españolas acaben en manos extranjeras no es lo mejor para la campaña de Zapatero en las puertas de las elecciones generales. El Gobierno del PSOE ya sufrió severas críticas con el papel que jugó en la guerra por Endesa. Es seguro que ahora hará todo lo posible para apartar este espinoso asunto del debate político hasta el 9 de marzo. La incógnita es qué pasará después.
Las especulaciones en torno a Iberdrola han conseguido desenterrar todos los fantasmas vividos hace tan sólo unos meses, cuando la pelea por la propiedad de la otra gran eléctrica española, Endesa, se acabó por convertir en un proceso inmanejable para el Gobierno español, también en un conflicto con muchos tintes políticos y con un resultado que ha dejado insatisfecho al propio Ejecutivo. Y Zapatero no quiere volver a pasar por el mismo mal trago dos veces.
Las alarmas saltaron ayer todas a la vez cuando el prestigioso periódico británico Financial Times -considerado la 'biblia' de la información económica- se hacía eco de estas conversaciones entre la constructora que preside Florentino Pérez y el gigante eléctrico francés, y apuntaba ya la intención de ambas compañías de lanzar una OPA sobre Iberdrola, para a continuación trocear la empresa y repartirse sus activos. En concreto, EDF se quedaría con Scottish Power y entre el 5% y el 10% del mercado español; ACS, con la potencia renovable e hidroeléctrica, que integraría en su participada Unión Fenosa.
Como primera consecuencia, las acciones de la eléctrica española se dispararon desde la apertura del mercado bursátil, hasta alcanzar una cotización máxima de 9,96 euros por título, casi un 8% superior al cierre de la sesión del martes. Al finalizar la jornada, y después de que ACS aclarase que «no hay acuerdo alguno» sobre esta operación -no desmintió sin embargo la existencia de contactos, que se dan como seguros en fuentes del sector energético-, los títulos habían atemperado algo su escalada, para cerrar a 9,56 euros, lo que supone un alza del 3,6% sobre la jornada anterior.
«El Gobierno no quiere ruidos en el seno de Iberdrola», asegura un perfecto conocedor de la situación, porque el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero «está cómodo con Galán, reconoce el trabajo que ha hecho para convertir a la empresa en la cuarta eléctrica del mundo, cree que aún tiene mucho recorrido de futuro y, sobre todo, sabe que está en la línea de impedir que una compañía extranjera se haga con el control de una empresa que, como Iberdrola, resulta estratégica para España».
Enfrentamiento
El temor a una operación de EDF no es nuevo -la compañía francesa nunca ha desmentido su «interés por el mercado español»-, pero se ha acrecentado ante la posibilidad de una 'alianza' con la constructora ACS, principal accionista de Iberdrola con una participación en la actualidad del 13%, incluyendo derivados. «El Gobierno -apuntan las mismas fuentes- hace ya tiempo que está preocupado por los movimientos de Florentino Pérez en Iberdrola, ya que pueden suponer una auténtica desestabilización de la empresa. El intento frustrado de forzar la fusión con Fenosa ha dejado sobre la mesa unas malas relaciones personales entre él y Galán y esa situación -concluyen- no es un buen caldo de cultivo para mantener la estabilidad futura de la compañía». En lo que a Iberdrola se refiere, enfatizan, «Zapatero tiene claro que su hombre es Galán y no Florentino».
La Administración española tiene instrumentos legales en su mano para detener cualquier intento de EDF de influir de forma decisiva en el rumbo de la eléctrica vasca. En concreto, una ley del año 2000 que limita los derechos políticos que pueden ejercer las sociedades extranjeras participadas por capital público -como es el caso de EDF-, cuando entran en el accionariado de firmas energéticas nacionales. Ayer mismo, el ministro de Industria, Joan Clos, esbozó ya la 'mano de hierro en guante de seda' que el Gobierno parece estar dispuesto a utilizar, para no repetir la experiencia del 'caso Endesa'. Después de aclarar que la Administración «no intervendrá en las negociaciones sobre composiciones accionariales de empresas», también telegrafió que no va a estar cruzado de brazos. «Miraremos reducir la implantación de empresas extranjeras al mínimo indispensable», señaló Clos en referencia a sociedades controladas por el resto de gobiernos europeos. Eso sí, concretó que esta actitud está sustentada en la idea de preservar «la seguridad del suministro eléctrico», para intentar alejar cualquier rasgo de 'nacionalismo económico' de su discurso.
Clos también desmintió algunos rumores que apuntaban a un hipotético acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente galo, Nicolas Sarkozy, para facilitar la operación. El ministro aseguró no tener «constancia» de que hayan existido conversaciones entre ambos mandatarios sobre este asunto.
Respuesta 'meliflua'
Pese a todo, fuentes del sector eléctrico se mostraron ayer críticas con la actitud 'oficialmente meliflua' del Gobierno socialista español, del que reclaman una actuación más decidida para impedir OPAs no deseadas sobre las empresas del sector eléctrico. Incluso, algunos medios insinuaron que, quizás, el inquilino de La Moncloa no fue lo suficientemente claro y contundente cuando Sarkozy le planteó el asunto.
Esas mismas fuentes echaban en falta una declaración más contundente que la realizada por el titular de la cartera de Industria. La existencia de numerosos intereses cruzados entre los gobiernos español y francés y el clima de colaboración mutua que preside las relaciones entre ambos desde que Sarkozy ha llegado al Elíseo -en especial en materia antiterrorista-, hacen pensar a algunos analistas que hay posibilidades de llegar a acuerdos en asuntos económicos.
Sin embargo, la entrada de una empresa como EDF en Iberdrola para tomar su poder, estiman conocedores del sector energético, «sería una barbaridad» y la descapitalización definitiva del patrimonio eléctrico nacional.
Ni que decir tiene que esta amenaza de que todas las grandes eléctricas españolas acaben en manos extranjeras no es lo mejor para la campaña de Zapatero en las puertas de las elecciones generales. El Gobierno del PSOE ya sufrió severas críticas con el papel que jugó en la guerra por Endesa. Es seguro que ahora hará todo lo posible para apartar este espinoso asunto del debate político hasta el 9 de marzo. La incógnita es qué pasará después.
